Situación y evolución del conflicto armado en el municipio de Bojayá

Leyner Palacios

Al municipio de Bojayá en el departamento del Chocó, lo conforman 32 comunidades indígenas y 19 consejos comunitarios, de población afrocolombiana. Sus habitantes siguen viviendo en un alto riesgo por la pervivencia del conflicto armado en sus territorios. En Bojayá hacen presencia el Frente Resistencia Cimarrón, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), organización paramilitar. Ambos se encuentran en territorios colectivos ubicados en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá y en la subcuenca del río Cuía.

El futuro de la negociación Gobierno-ELN

Víctor de Currea-Lugo

Hay cosas que, tercamente, una y otra vez, evaden volverse realidad en la historia de Colombia. Una de ellas es la paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. De hecho llevamos 29 años de acercamientos, documentos y procesos que no han dado como resultado un acuerdo final.

Uno de los principales problemas ha sido la invención de un ELN del tamaño de los sueños de sus simpatizantes o de los miedos de sus detractores. Es decir, el ELN que existe en la realidad de las regiones de Colombia dista mucho del que los gobiernos se imaginan para la negociación. Eso hace que estos lleguen con una cantidad de supuestos que no contribuyen a una negociación real.

La implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

EN ESTADO CRÍTICO, PERO EN DISPUTA

Jairo Estrada Álvarez

Profesor del Departamento de Ciencia Política

Universidad Nacional de Colombia

A más de dos años de iniciado el cuatrienio de Iván Duque Márquez (7 de agosto de 2018), se han hecho más evidentes los rasgos y ejecutorias de su política de implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final). Ante la imposibilidad de hacerlo “trizas”, el gobierno se vio obligado a diseñar su propia política de implementación: la política de estabilización Paz con legalidad. Dicha política, además de evitar toda mención a la expresión Acuerdo final para…, se sustenta en una burda simplificación y distorsión de sus contenidos para tratar de alinearlo a los propósitos de la acción gubernamental durante el período actual.

Elecciones de autoridades locales 2019. El papel del Gobierno nacional en una campaña con nuevos contextos

Misión de Observación Electoral (MOE)

Germán Robayo

Diego Rubiano

Introducción

En Colombia, el 27 de octubre de 2019 se adelantaron elecciones de mandatarios locales que estarían los siguientes cuatro años. Elecciones para las siguientes corporaciones: gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos y Juntas Administradoras Locales (JAL). Es importante recordar que en estas elecciones estaban en juego 20.428 cargos, para los que se postularon más de 116.000 personas como candidatas, lo que demuestra el amplio interés por el poder local.

- Una aproximación -

Viva la Ciudadanía

Los planes de desarrollo son una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Además, con esta herramienta, es posible materializar en políticas, estrategias, programas y proyectos visiones sobre la concepción del desarrollo, soportados siempre sobre un ordenamiento jurídico. El grueso de la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final) sigue estando en cabeza del Ejecutivo nacional, si bien este se viene incorporando al ordenamiento jurídico colombiano mediante actos legislativos, leyes, decretos ley, decretos, resoluciones y documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), instrumentos que han generado la obligatoriedad hacia los entes territoriales para la adopción de medidas que permitan su desarrollo en los territorios.

Pueblos indígenas y consulta previa

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Equipo de Consejería Mayor

El 24 de junio de 2020, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas hizo una intervención en la que uno de sus puntos centrales fue lo que está sucediendo en el mundo con respecto al derecho a la consulta previa durante la crisis de la pandemia. En una de sus afirmaciones señaló:

En estos tiempos de pandemia, me dirijo a Uds. para manifestar (...) mi preocupación y temores con respecto a la situación de los pueblos y de las comunidades indígenas del mundo. (…) he sabido que en algunos países se están suspendiendo, abruptamente, las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto socio/ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura (Servindi, 2020).

El régimen al desnudo

¿Cómo ponerle fin a la alianza entre narcoparamilitares y élites políticas?

SARA TUFANO

El segundo año del gobierno de Iván Duque se caracterizó por evidenciar la relación entre élites políticas y narcotráfico. El 3 de marzo de 2020, se conocieron las interceptaciones al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”, en las que este hacía referencia a una posible compra de votos para la campaña de Duque durante la segunda vuelta presidencial en 2018 (Guillén, 2020). A finales de marzo, la fundación InSight Crime publicó una investigación sobre los vínculos entre Guillermo León Acevedo, alias “Memo Fantasma” (McDermott, 2020)[1], reconocido narcotraficante paramilitar, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La investigación revelaba que la empresa de la vicepresidenta y de su marido, Hitos Urbanos, había gestionado la construcción de un proyecto inmobiliario de “Memo Fantasma”. Adicionalmente, en junio de 2020, se descubrió que el hermano de la vicepresidenta había sido arrestado y condenado en 1997 a 57 meses de cárcel en Estados Unidos por tráfico de heroína (Guillén & Martínez, 2020), una información que la vicepresidenta nunca dio a conocer.

En esta investigación se afirma que “Memo Fantasma era realmente un jefe, o el jefe, del Bloque Central Bolívar, responsable de la muerte de unas 10.000 a 15.000 personas”.

Hay que destacar que estas noticias fueron el resultado de las investigaciones de los periodistas independientes Gonzalo Guillén y Julián Martínez. Los grandes medios no solo se han quedado callados frente a estas denuncias, sino que han puesto en tela de juicio el trabajo de estos periodistas.

Inteligencia militar… y política

Iván Cepeda Castro

En su estudio La República de las armas. Relaciones entre Fuerzas Armadas y Estado en Colombia: 1960-1980, el jurista y defensor de derechos humanos Gustavo Gallón Giraldo documentó el proceso mediante el cual, desde comienzos de la década del 60, se produjo un cambio en la naturaleza de las fuerzas militares colombianas. Ese cambio consistió en que comenzaron a ejercer un control integral de la población civil a partir del volcamiento de sus prioridades hacia la seguridad interior y en una ampliación de su poder dentro del Estado. Esa ampliación se tradujo en una progresiva militarización, no solo de las instituciones estatales, sino de todo el régimen político. Incluso, de la propia vida social.

* Defensor de derechos humanos y de la paz, senador de la República.

Renta básica: posible legado de una pandemia

Colectivo José Alvear Restrepo – Alirio Uribe Muñoz

La expansión de la covid-19 a escala planetaria ha generado un profundo reto civilizatorio. Colombia y el mundo tienen, de manera urgente, por lo menos dos grandes desafíos en medio de la pandemia; de una parte, fortalecer los sistemas de salud con bioseguridad para el personal de salud que tiene un alto grado de riesgo; y de otra, garantizar ingresos económicos a todos aquellos millones de personas pobres que están en aislamiento social desde el 20 de marzo, a los que no pueden trabajar desde sus casas y a millones que han perdido sus empleos.

Duque ante la pandemia: decretando para el sector financiero

Wilson Arias

Introducción

A raíz de la aparición en el territorio nacional del coronavirus SARS-CoV-2 (covid-19), el Gobierno decretó el 17 de marzo de 2020 el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y, sobre la base de los poderes excepcionales que esta medida le otorga, emitió una serie de decretos y normas en materia económica con el objetivo de hacer frente a los efectos sobre la sociedad y la economía colombiana que, valga recordarlo, venía en franco deterioro: a tono con la crisis económica global que se desarrollaba prepandemia desde 2018, ya el Financial Times le dedicaba una edición especial a la próxima recesión. Aunque las cifras revelaban un Producto Interno Bruto (PIB) que crecía, un vistazo a las cuentas por el lado de la demanda revela que el consumo y la inversión extranjera directa eran los agregados que jalonaban ese crecimiento en Colombia. El consumo explicado en el aumento de las remesas y del crédito, la inversión extranjera directa basada en el aumento de deuda pública y la especulación financiera. Nos decían orgullosos que crecíamos, pero ocultaban que lo hacíamos al debe.