Contante y sonante

Hasta la segunda semana de agosto, la cotización internacional del café subió 18% comparado con 2021, pasando de 168 dólares a casi 227 el saco (60 kilos).

A pesar de que bajó con respecto a febrero —cuando alcanzó los 260,45 dólares— el buen escenario se mantuvo y compensa la caída histórica de precios que se dio en 2019.

Brasil es el principal actor en el comercio mundial del café, responsable del 30% de la producción global y el principal exportador. Por tanto, su performance incide en los precios internacionales que repercuten en productores más pequeños como El Salvador.

En este año, el café de esa nación —que supo ocupar el quinto lugar en el ranking de productores— alcanzó su precio máximo desde la cosecha 1989-1990. Así cotizó en 229 dólares el quintal, lo cual significó 30,7% más que el año anterior.

En diálogo con Contante y Sonante, Ricardo Esmahan, director ejecutivo de la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café de El Salvador, señaló que esto es consecuencia no solo de Brasil sino también de que otros países no llegaron a producir lo que se esperaba.

Sin embargo, la buena noticia de los precios se contrapone con la baja producción de café en El Salvador, iniciada hace ya una década.

"Estábamos en el año 2010-2011 con producciones de dos millones de quintales de café oro. Por motivos internos se pierde la oportunidad de una asistencia técnica y viene una crisis profunda de la roya, eso vino a agotar la producción", explicó Esmahan.

En la última cosecha solo se llegó a producir 934.000 quintales.

La roya es una enfermedad de la planta del café provocada por un hongo. A fines de 2012, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador reportó el peor brote en los últimos 50 años. Esto ocasionó una pérdida de por lo menos 400.000 quintales de producción.

"Lástima que ahora lo que hace falta es la materia prima. Tenemos que trabajar en eso para aprovechar la actual coyuntura de estos precios que le dan la justicia de lo que vale el café", remarcó Esmahan.

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Una semana antes de dejar el cargo el 7 de agosto, Iván Duque comunicó el hallazgo de un pozo gasífero a 76 kilómetros de las costas de Santa Marta, en el Caribe colombiano.

El gas se encuentra en el pozo Uchuva 1 de Ecopetrol, una explotación que se haría en la plataforma submarina y con un contrato vigente.

Más allá de que el anuncio generó reacciones, en realidad no cambia la política del nuevo Ejecutivo de no renovar los contratos de explotación, avanzar hacia energías renovables y dejar de utilizar el fracking.

"Es la suspensión de contratación nueva hacia adelante, ese es el sentido de la propuesta", remarcó a Sputnik el ingeniero químico Camilo González Posso.

Pero incluso dentro del gabinete hay dudas, tal como lo manifestó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien considera que la medida puede ser factible para petróleo pero no para el gas.

En Colombia se espera que hacia el año 2030 haya un incremento de energías renovables, tanto solar como eólica, e hidráulica. En este último segmento, González Posso señaló que la central Hidroituango aumentaría en 20% la capacidad de producir de electricidad.

La terminal se sitúa en el río Cauca, departamento de Antioquia, y alrededor de su construcción se han registrado varias irregularidades.

De acuerdo con el entrevistado, el país no tiene una "situación crítica" pero debe "acelerar la instalación de energías renovables".

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El proyecto estará a cargo de la empresa Shaanxi Coal Industry Chemical Group, el cual destinará 1.250 millones de dólares.

Además de la planta de producción de fertilizantes, se prevé la construcción de una terminal portuaria y una central eléctrica.

La provincia argentina es principalmente productora de gas y de petróleo, por lo que la instalación de la planta representa la diversificación de su matriz productiva.

A la vez, el requerimiento de mano de obra para el montaje representa una oportunidad para la localidad.

Desde comienzos de año los fertilizantes aumentaron en 20% y Argentina importa el 60% de los que utiliza.

La inversión forma parte del memorándum de entendimiento firmado el 15 de agosto entre el gobierno de Tierra del Fuego y la provincia china de Shaanxi. El acuerdo se enmarca en el convenio de cooperación que el presidente argentino Alberto Fernández y el chino Xi Jinping firmaron en febrero.

En este año China y Argentina están cumpliendo 50 años de relaciones diplomáticas. El gigante asiático es el segundo socio comercial del país sudamericano, luego de Brasil.

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Si el escenario laboral es complejo para los jóvenes de las ciudades, más aún para quienes viven en ámbitos rurales, como ocurre con las comunidades indígenas y campesinas del departamento boliviano de Beni, donde el 90% de la economía depende de la zafra castañera que va de diciembre a marzo.

“Luego de eso no hay trabajo”, afirmó a Sputnik Cristina Cari, técnica agrónoma, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.

Cari coordina el proyecto 'Derechos y juventud en la Amazonía' que trabaja en capacitación y apoyo a la Asociación de Jóvenes Reforestadores de la Amazonía –AJORA- para elaborar chocolate a partir del cacao en su región.

AJORA reúne a 60 personas de 14 a 29 años que tiene como objetivo que “los jóvenes se mantengan en las comunidades y buscar alternativas de negocio”, señaló a Sputnik Jaime López, integrante del colectivo.

La asociación se dedica también a la producción y comercialización de miel orgánica.

Para fin de este año se prevé que el desempleo alcance a 73.000.000 de jóvenes en todo el mundo, lo que representa 6.000.000 más que en 2019. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo –OIT- la pandemia afectó más a quienes tienen entre 15 y 24 años.

De acuerdo con datos oficiales, los mexicanos consumen entre 56 y 79 kilos tortilla de maíz anuales, dado que se utiliza como base y acompañamiento de muchos platos.

Se trata de un alimento esencial para las familias mexicanas. Pero en este año lleva un aumento de 11% y alcanzó su pico máximo de precio desde 2017. Según la ciudad o la región, este puede variar de 17 hasta 27 pesos el kilo, es decir entre 0,87 dólares y 1.40 dólares.

Las ventas comenzaron a bajar desde que el mercado comenzó a diversificarse con otros productos, indicó a Contante y Sonante el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, Rubén Montalvo Morales.

A eso se sumó la liberación de su precio en 1998, pero la especulación de precios por la pandemia del COVID-19 y la crisis en Ucrania es la gran responsable de la crisis actual.

Los productores se reunirán con el equipo económico del Gobierno luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentara que se trabaja en una estrategia para atender el aumento de precios.

En el encuentro —que esperan se concrete el miércoles 17 de agosto— plantearán su inquietud por el acuerdo entre el Estado y las grandes superficies que permite la venta de tortillas a menor precio. Este forma parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que comenzó a funcionar en mayo.

En México hay 130.000 locales de tortillas, en los que trabajan alrededor de 2,5 millones de personas de manera directa.

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Nicaragua produce alrededor de 18 millones quintales de azúcar anuales y exporta alrededor de 12 millones. Se trata de 190 millones de dólares que ingresan al país por este producto.

En 2021 el azúcar ocupó el lugar número ocho en el ranking de exportaciones, lo que representó 166,5 millones de dólares. Estados Unidos compró por 83,5 millones de dólares.

El país norteamericano es el principal comprador de Nicaragua, no solo en este rubro sino a nivel general. Pero ahora canceló la cuota como presión al gobierno de Daniel Ortega, al que considera ilegítimo.

El país ya anunció que negociará otros mercados de trato diferencial para colocar el azúcar. De acuerdo con el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Jesús Bermúdez, podrían Reino Unido o Corea del Sur. Además China y Nicaragua están negociando un tratado de libre comercio, por lo que hay otro gran mercado que puede recibir el producto.

El entrevistado consideró que la afectación económica es real pero que se buscarán mecanismos inclusive para mejorar las exportaciones de los últimos años.

“No por eso nos vamos a detener, se va a seguir produciendo y produciendo más para estos nuevos mercados que se nos van a abrir”, recalcó el entrevistado.

El acuerdo suscrito por el azúcar ante la OMC involucra a 40 países a los que Estados Unidos compra 1,1 millón de toneladas métricas de producto al año.

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Se proyecta impulsar la producción nacional para sustituir importaciones en turismo, apostar a la producción y empleo de biocombustibles, y diversificar y aumentar exportaciones, entre otros aspectos.

Además de la flexibilización en las importaciones con fines no comerciales, otra de las medidas con mayor repercusión fue la relacionada con el cambio de divisas.

De acuerdo con lo anunciado, el mercado cambiario trabajará con todas las monedas y el cambio será sobre una "tasa económicamente fundamentada".

Esto redundará en un cambio superior a 24 pesos cubanos por cada dólar o euro, como establecía el proceso de ordenamiento monetario y cambiario, tipo de cambio estará disponible tanto para la población cubana como para los turistas.

El Gobierno aún analiza los detalles de la reforma en el mercado de cambios. Actualmente el mercado informal opera con dólares estadounidenses, euros y otras monedas libremente convertibles, a precios que oscilan alrededor de los 115 y 120 pesos cubanos por cada una de ellas.

Panamá es considerado un país de alto nivel de ingresos según el Banco Mundial pero también es la sexta nación con la peor distribución de ingresos a nivel global.

La desigualdad, más profunda en los pueblos originarios y agudizada por la pandemia, es una de las causas del descontento social.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) y grupos de la Comarca Ngäbe-Buglé negociaron con el Ejecutivo de Laurentino Cortizo para bajar el precio de 72 productos que integran la canasta básica.

Esto, junto con la baja de los combustibles, es uno de los principales reclamos de la ciudadanía. El proceso inflacionario comenzó el año pasado y es un fenómeno excepcional para Panamá, que tiene su economía dolarizada desde 1904.

La situación era difícil pero con la pandemia la crisis se agudizó: el desempleo es de 9,9%, y 48% trabaja en el ámbito informal.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 la deuda nacional aumentó en 30,5% y ese es otro de los reclamos ciudadanos: la falta de transparencia en el manejo de los recursos.

"Se compraron equipos a sobrecostos extraordinarios y el Gobierno nunca dio una explicación de cómo estaba utilizando esa gran cantidad de fondos", explicó el entrevistado.

El economista consultado también se refirió a la pérdida de recaudación estatal por la baja carga tributaria y la falta de controles. La evasión del sector corporativo llega al 8% del Producto Bruto Interno.

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Las movilizaciones de 18 días impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas y otras organizaciones sociales buscaban solución para la crítica situación en la que viven los sectores populares del país.

Uno de los reclamos más presentes fue la refinanciación de deudas asumidas tanto con la banca pública como privada.

En el marco de las mesas de trabajo acordadas con el gobierno para dar fin a las protestas ya se negoció la reestructuración de deudas por microcréditos, préstamos educativos y préstamos para pymes.

Esto es fundamental para las familias, especialmente campesinas, que contraen préstamos en dólares con tasa de interés de entre 24 y 30% anual.

Otra de las consecuencias es que “reciben los choques externos de manera directa”. El economista se refiere a las consecuencias de la crisis en Ucrania y las sanciones a Rusia que repercuten en el aumento de los combustibles a nivel global, con el consiguiente incremento de la canasta básica.

Entre los reclamos de los movimientos sociales está también la inversión pública para atender la precarización laboral.

El economista recordó que el Fondo Monetario Internacional exigió al país reducir la inversión pública como condición para otorgar el préstamo de 4.200 millones de dólares firmado en el año 2019.

“Recursos existen pero el FMI ha dicho que sean depositados en reservas internacionales y no sean destinado para garantizar la inversión pública que el país necesita”, explicó Dávalos.

Para lograr ese cometido el Congreso votó la ley de 'defensa de la dolarización' que, según el entrevistado, pone las reservas a beneficio de la banca privada.

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Una posible escasez de diésel sumaría un nuevo componente en un escenario ya complejo: inflación del 11,89%, desempleo, y pobreza.

El 60% de los casi 214 millones de brasileros se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, es decir no tiene garantizada su próxima comida. En tanto el 15% pasa varios días sin comer.

La decisión gubernamental busca garantizar el acceso a este combustible y evitar un empeoramiento de la situación.

Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, las sanciones a Rusia y el aumento global de los combustibles el gobierno brasilero ha tomado medidas como la eliminación de los impuestos estatales y la rebaja del precio del diésel.

Esto se enmarca, además, en un escenario de disputa electoral ante los comicios presidenciales del 2 de octubre que tienen al ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva como favorito.

Sobre el rechazo de Estados Unidos y la Unión Europea a Brasil por la compra de diésel ruso, Piscitelli considera que “no hay una perspectiva inmediata” de que suceda.

“Brasil ya está muy aislado de sus aliados tradiciones y con esa dependencia de la producción de los derivas de petróleos, la posición de Bolsonaro es preventiva”, remarcó el entrevistado.

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