Dice el proyecto de ley: “Artículo 23. Inmunización irregular. 1° El que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa. 2° Será aplicable igualmente la inhabilitación a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años”.