El triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas ha sacudido a su país y ha despertado el asombro, la curiosidad y en buena medida el desconcierto del resto del mundo. En una nación definida desde hace décadas en torno a la cercanía a las ideas de un dictador populista cuyo apellido ha demostrado ser muy flexible a la hora de las definiciones ideológicas, Milei golpeó la mesa con una serie de apellidos anglosajones. Todos asociados a un concepto: el liberalismo.
Aquella etiqueta, claro está, también ha demostrado una cierta ubicuidad en el espectro ideológico. En el caso de Milei, quien se ha definido frecuentemente como un liberal y ha dicho que Adam Smith es “su padre”, aquello de liberal requiere de apellidos. En sus propias palabras, es un “liberal libertario anarco capitalista”.
La explicación de qué se trata todo eso puede encontrarse en su discurso, sus promesas y ya veremos si en sus acciones después de que asuma el poder este 10 de diciembre. Como él mismo ha dicho,“el liberalismo fue creado para liberarnos del yugo represor llamado Estado”. 
Para entender cómo ubicar en el espectro ideológico al líder de La Libertad Avanza, acérrimo y vociferante enemigo de la izquierda y responsable de la llegada al poder de la ultraderecha en Argentina, recurrimos a un liberal de centroderecha en nuestro país: el economista Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda y presidente de Horizontal. 

La crisis por el déficit habitacional y sus consecuencias es el problema más evidente que enfrentan nuestras ciudades, y la respuesta del gobierno se ha traducido en el ambicioso Plan de Emergencia Habitacional. Sin embargo, las ciudades en Chile están cruzadas y determinadas por muchas otras crisis: la de seguridad, la de los desastres naturales influidos por el cambio climático, la de desigualdad, la de transportes, etcétera.
Al mismo tiempo, en nuestro país son varios los profesionales de universidades y otros centros de pensamiento que han alcanzado renombre mundial por su trabajo en torno a esos temas. Así también, varias ONGs, comités de vivienda y otras organizaciones han realizado por años una intensa labor enfrentando estos problemas. 
Pero entre los que saben y los que mandan, es decir, los tomadores de decisiones desde la política, hay una brecha que sólo ocasionalmente encuentra puentes. 
En busca de una instancia más permanente de comunicación y acción conjunta, la Fundación Polística lanzó a mediados de año el Congreso Ciudades, una iniciativa realizada con el apoyo del Senado de Chile, y en colaboración por el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF). Periódicamente, a lo largo de 10 foros, 40 expositores desde la academia y la sociedad civil interpelaron a diversas autoridades políticas con el objetivo de promover una nueva forma de diálogo.  
El arquitecto y ex diputado Patricio Hales, director fundador de Congreso Ciudades, comenta hoy las principales lecciones de la iniciativa, que tendrá su cierre oficial el próximo 4 de diciembre con la firma de un Manifiesto donde los políticos se comprometen a dar continuidad y desarrollo a una nueva forma de diálogo, permanente y vinculante para enfrentar las crisis de las ciudades.

El triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas el domingo pasado ha suscitado reacciones en todo el mundo. Más allá de las opiniones y las respuestas diplomáticas -unas más que otras-, el mundo está atento a las señales que el presidente electo está dando respecto de sus posturas en el frente de las relaciones internacionales. Como candidato, Milei hizo de la confrontación y, en algunos casos, la descalificación de algunos líderes extranjeros una marca propia. Cuánto querrá o podrá sostener ciertas enemistades está por verse. 
Desde ya, el nuevo mandatario argentino ha anunciado que sus primeros viajes serán a Estados Unidos e Israel, rompiendo con la tradición de visitar primero a su vecino más importante, Brasil. Ahí, la duda está instalada en cómo será la relación con el presidente Lula, dada la declarada enemistad entre ambos y la igualmente explícita simpatía entre el argentino y el ex presidente Jair Bolsonaro. 
Pero quizás el aspecto más relevante a observar tiene que ver con la relación con China, un país que le tendió una mano al gobierno de Alberto Fernández y que patrocinó el ingreso de Argentina al grupo de los BRICS, alianza de economías emergentes que ha trascendido su rol económico para transformarse en un escenario en el juego geopolítico chino. Como candidato, Milei despreció la asociación con China, y ya como presidente ha señalado que no le interesan los BRICS. 
¿Qué podemos esperar de las relaciones internacionales de la Argentina de Milei? Hoy conversamos de este tema con Carolina Valdivia, abogada y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores. 

En la larga lucha contra el cambio climático emprendida por buena parte del mundo desde hace medio siglo, la última gran fiesta que animó a los optimistas fue el Acuerdo de París de 2015. Fue el resultado de la COP 21, la Conferencia de la Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuando la comunidad internacional acordó fijar metas y adoptar medidas para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados celsius. Fue un hito celebrado en todo el mundo. Pero después de la fiesta los motivos de festejo se han visto opacados por un avance a todas luces  insuficiente en esos esfuerzos y las evidencias de que la humanidad está haciendo todavía muy poco y demasiado tarde. 
Cada año, una nueva COP es la instancia para revisar el estado de las cosas y adoptar nuevos compromisos. El año pasado, en la COP27 celebrada en Egipto, la gran novedad fue el acuerdo para crear un Fondo de Pérdidas y Daños para ayudar económicamente a los países y territorios más afectados por el cambio climático. Fue una instancia en la que la delegación chilena fue designada como facilitadora de la discusión. Cómo funcionará ese fondo será parte de las conversaciones en la edición de este año de la Conferencia de las Partes. 
La COP 28 comenzará este 30 de noviembre en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y el hecho de que la cumbre climática se celebre precisamente en un país petrolero no ha pasado inadvertido para quienes ven en esto una paradoja y para quienes ven una oportunidad. 
Entre los temas en tabla en esta conferencia está la evaluación del progreso alcanzado en función de los objetivos del Acuerdo de París. Un asunto  donde al parecer hay poco que celebrar, considerando además una preocupación extra: la posibilidad de que las proyecciones hechas hace ocho años deban corregirse para peor.
Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, conversa hoy sobre qué esperar de la COP 28. 

Dos problemas relacionados y constantes en las preocupaciones de los chilenos hoy están nuevamente en el centro de la agenda política. La crisis de seguridad y su relación con los inmigrantes irregulares que cometen delitos han sumado episodios de alto impacto en las últimas semanas. A principios de mes, el secuestro de un empresario en Rancagua por parte de una banda de colombianos y venezolanos que terminaron cobrando un rescate por su liberación impactó al país y dio visibilidad a otros crímenes similares en el norte de Chile. Días después, el ataque con una granada que dejó herida de gravedad a una carabinera, perpetrado por un grupo de inmigrantes durante un control policial, volvió a poner el tema en el foco. 
El gobierno ha anunciado medidas de seguridad y de inmigración irregular mostrando acciones concretas en esta materia. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha enfrentado el problema convocando a sus predecesores en el cargo para buscar acuerdos transversales. Menos fortuna ha tenido en similar iniciativa la ministra del Interior, Carolina Tohá, en quien la oposición ha concentrado sus críticas. La bancada de diputados de RN llegó a plantear un ultimátum, presionando por la expulsión de 12 mil migrantes irregulares de aquí a fin de año, amenazando con presentar una acusación constitucional. La ministra Tohá claramente está en el blanco de la oposición.
Paula Catena, editora política de La Tercera, comenta hoy la discusión en el centro de la agenda, con la campaña hacia el plebiscito constitucional como ineludible telón de fondo, y donde el propio presidente Gabriel Boric golpeó la mesa ayer al responder en duros términos a la oposición. 

 El domingo Argentina registró la consecuencia más evidente de un cambio profundo en la dinámica que ha dominado su política en las últimas cuatro décadas. La elección de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no es sólo la derrota del peronismo y el kirchnerismo representados en el candidato oficialista, Sergi Massa. Es también la derrota de la derecha tradicional argentina, que quedó fuera de competencia en la primera vuelta y donde su principal referente, Mauricio Macri, sólo reivindicó su valor en la ayuda que le prestó a Milei en la campaña del balotaje. 
Javier Milei, un economista extravagante y provocador que irrumpió en escena hace pocos años como un estridente comentarista televisivo y luego dio su primer aviso cuando fue elegido diputado, recibió el domingo el mandato de poner en acción las promesas con las que cimentó su veloz camino a la Casa Rosada. Con más del 55% de los votos, el triunfo del  libertario fue contundente, pero ahora deberá demostrar si las ideas con las que conquistó a algunos y escandalizó a muchos otros son aplicables en un país sumido en una profunda crisis marcada por la inflación y la pobreza. 
Ayer, en su primer día como presidente electo, Milei debió iniciar el complicado ejercicio de definir a su equipo mientras se extendía el suspenso sobre la transición hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá el poder. Con un presidente saliente sumido en la intrascendencia y con la economía en manos del candidato oficialista derrotado, Argentina vive ahora una cuenta regresiva dominada por las especulaciones, las expectativas y la incertidumbre. 
Hoy conversamos sobre lo sucedido desde el domingo en Argentina con el periodista José Ignacio Araya, enviado especial de La Tercera a Buenos Aires.  

La revelación del audio de una reunión del abogado penalista Luis Hermosilla con uno de sus clientes ha sacudido al mundo político y empresarial. La conversación en torno a supuestos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero desató la condena política, empresarial y social, y motivó la apertura de investigaciones en esos servicios públicos y también del Ministerio Público.
Se trata de un nuevo escándalo que, más allá de los detalles del caso particular, se une a la seguidilla de casos que en los últimos años han contribuido a consolidar la idea de la sensación de impunidad con la que operan quienes pertenecen a la elite económica chilena.
Hace unos años, el sociólogo Jorge Atria publicó una investigación utilizando las herramientas de las ciencias sociales para entender y caracterizar un punto particular en la relación de la elite con la legalidad y el estado: su autopercepción del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sus conclusiones cobran relevancia a la luz de casos como el que estalló la semana pasada. 
Hoy conversamos con Jorge Atria, profesor de la escuela de sociología de la Universidad Diego Portales e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. 

Está muy lejos de ser la primera vez y está muy lejos de ser la última. Un nuevo ciberataque afectó a una empresa chilena y, por extensión, a muchas más. El lunes 23 de octubre, la proveedora de servicios digitales de internet en Chile y Perú GTD sufrió una sofisticada vulneración de su ciberseguridad. Se trató de un ransomware que bloquea archivos y dispositivos, lo que impidió a muchos de sus clientes acceder a información esencial para sus operaciones. Los principales afectados fueron sus usuarios corporativos, que representan el 72% de sus ingresos. Según informó la compañía a Pulso de La Tercera, la variante del malware que los afectó era “de un nivel de sofisticación y rapidez de cifrado muy superior a otros conocidos a la fecha en Chile y en el mundo”. Entre los clientes afectados se contaban varias entidades públicas, como algunas  municipalidades en el sur del país, el Servicio Civil, la Superintendencia de Educación Superior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Fondo Nacional de Salud, Fonasa.       
La compañía informó el mismo día del ataque al Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, que lo calificó como “un incidente grave que fue masivo”. Además, la empresa denunció el hecho en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
El incidente volvió a poner en la agenda no sólo el peligro y la necesidad de una constante actualización de los sistemas de seguridad, sino también la urgencia de contar con una legislación moderna, con dos proyectos que aún se discuten en el parlamento: la actualización de la ley de protección de datos personales y la ley marco de ciberseguridad. 
¿Qué tan preparado está el país y sus empresas ante esta amenaza? Es lo que conversamos hoy con la abogada especialista en tecnología Paulina Silva, socia del estudio BitLaw y directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad .

La decisión de los doce deportistas cubanos que desertaron de la delegación oficial de su país para quedarse en Chile tras los juegos Panamericanos de Santiago ha tenido las repercusiones políticas que eran de esperarse. Mientras unos han reafirmado las críticas a la dictadura cubana, otros han culpado al bloqueo estadounidense para explicar las duras condiciones en la isla. En sus declaraciones, varios de los atletas han explicado su decisión por la falta de libertad en su país,    la represión y las condiciones de vida que los llevaron a dejar a sus familias atrás. Los deportistas ya tramitan sus peticiones de refugio, varios de ellos con la ayuda de un abogado también cubano, radicado en Chile, especializado en materia migratoria.
Mijail Bonito lleva más de 20 años en el país, y en la segunda administración de Sebastián Piñera trabajó como asesor en materias migratorias, involucrándose directamente en la redacción de la nueva ley de migración. Desde ahí también ha sido testigo de la crisis provocada por el masivo ingreso de otros ciudadanos huyendo de otra dictadura: los venezolanos. Hoy conversamos con él sobre cómo se han tratado y debatido estos temas en el país, sobre las críticas al manejo del gobierno anterior en la materia y sobre las reacciones que el caso de los deportistas cubanos han generado en Chile. 

En el mundo anterior a las redes sociales y a las grandes plataformas tecnológicas, la protección de datos ya era un asunto muy importante. Pero la irrupción de estas tecnologías, sumadas a la gran capacidad de cruce y análisis de datos  de los negocios asociados, hicieron de esta la principal preocupación de los reguladores en el mundo desarrollado. Nuestros datos, aquellos que entregamos voluntariamente a cambio de un descuento o los que dejamos ver para manifestar una predilección en redes sociales, se almacenan, se intercambian, se trafican, alimentan negocios, sostienen industrias. Se relacionan con aquellos que el Estado o las empresas mantienen sobre nosotros, nuestros bienes, nuestra historia. Sólo cuando estalla un escándalo parecemos tomar conciencia de ello. 
La ley que regula este ámbito en Chile data del año 1999. Tras varios intentos frustrados, en 2017 se introdujo un proyecto para actualizar ese cuerpo legal. En todos estos años ha sido discutido en el parlamento, donde tras meses de discusión en la Comisión de Constitución de la cámara baja ha vuelto ahora para su revisión en el Senado. Se trata de una actualización que puede ser determinante para el trabajo y funcionamiento de empresas y de investigadores, pero cuyo principal impacto potencial está en cada ciudadano y el derecho sobre sus propios datos.
En un mundo occidental que en esta materia se divide entre el enfoque europeo (considerado el más celoso en protección de las personas) y el estadounidense, el proyecto de ley chilena se decanta por el primero. Pero, como plantea nuestro entrevistado de hoy, la puerta todavía está abierta para que se introduzcan detalles que hagan del gran avance que representa un paso más modesto. ¿Qué está en juego? 
Hoy lo conversamos con el abogado y ex presidente del Consejo para la Transparencia Marcelo Drago.