Cuestión De Actitud

Es Argentina un país seguro o un país inseguro? Cuando vemos las encuestas, observamos que hay una genuina preocupación ciudadana donde la inseguridad figura como una de las dos mayores preocupaciones de la ciudadanía. Por otro lado, las autoridades nos dicen que Argentina tiene las tasas más bajas de homicidios de la región y que Buenos Aires es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Aunque suene paradójica, las dos partes tienen razón. Todo depende a que indicadores le prestamos atención. Veamos: las tasas de homicidios en nuestro país rondan alrededor de los cinco homicidios por cada 100 mil habitantes, de las más bajas de todo Latinoamérica. Con aproximadamente 2 mil homicidios cada año, nuestro país no tiene comparación con los más de 30 mil en México, 35 mil en Brasil, o 13 mil en Colombia. Inclusive países como Uruguay y Chile han tenido el año pasado tasas superiores al nuestro (diez por cada 100 mil, el primero, y seis por cada 100 mil el segundo). Aunque pueda haber reparos en la contabilización y correcta catalogación de casos de homicidio doloso, está claro que Argentina no comparte las altas tasas de delitos letales que tienen otros países de la región. También es importante señalar que tampoco tenemos tasas europeas de uno o dos homicidios por cada 100 mil. Finalmente, con excepción de ciertos focos (fundamentalmente Rosario, Santa Fe, y ciertas áreas del Conurbano), hay relativamente pocos homicidios en términos comparativos.

Y entonces, ¿la ciudadanía está equivocada? ¿Será que la inseguridad es solo una sensación? ¡No! la inseguridad en el país es real, solo que no es mayormente letal. Argentina tiene un muy serio problema de robos. Veamos: en un índice reciente del Banco Mundial que promedia 2021-2023, Argentina es el país con mayor tasa de victimización de Latinoamérica después de México y Venezuela. El 42% de los entrevistados por Latinobarómetro admiten que algún miembro de su familia fue victimizado durante el último año. Y la mayor parte de estas victimizaciones han sido robos. La inseguridad no es solo una sensación, todos conocemos a alguien cercano que le han robado algo, en ocasiones con violencia. A modo de ejemplo, cada año en Argentina se roban más de 70 mil vehículos, más de un millón de teléfonos móviles, y todo tipo de bienes transables. A diferencia del homicidio, los datos oficiales de robos no son confiables porque la gran mayoría de los mismos nunca se denuncian, ni se persiguen penalmente. Por ello es mejor utilizar encuestas para medir el pulso de los delitos contra la propiedad.


Una tendencia preocupante es que mientras los robos crecen también se registran en estos casos altos grados de violencia en espacios urbanos (las calles). Ocasionalmente los perpetradores utilizan armas para intimidar a las víctimas y su uso por parte de ellos o de alguien que se defiende producen heridas y hasta homicidios. Esto explica que en muchas ocasiones los delitos son aleatorios, lo que genera temor ciudadano porque “le puede pasar a cualquiera.”

Una hipótesis razonable es que la sensación de inseguridad viene creciendo porque los victimarios eligen sus potenciales víctimas “al voleo” y eso hace que sea muy difícil protegerse. Si bien los homicidios y “ajustes de cuentas” son delitos gravísimos y cada caso lamentable, el miedo al delito en Argentina está más vinculado a la extensa actividad criminal asociada a los robos. Este es el problema securitario más importante que tiene el país y no se conocen serias políticas públicas para resolverlo.

*Director del Centro de Estudios sobre inseguridad y Violencia Untref.

Porque rumiamos tanto? Lucas Raspall tira los tips para mejorar tu calidad de vida

Desde la Conmebol sancionaron a ambos clubes Universidad de Chile (visitante) e Independiente (local) hubo racismo y otras agresiones.
La policia no actuó con las medidas de seguridad correspondiente.
La tragedia se podia haber evitado.

El juez Sebastián Casanello les prohibió salir del país a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y al resto de los investigados.
El fiscal Franco Picardi rastrea en la contabilidad de la droguería Suizo Argentina y sus contratos con la Agencia de Discapacidad.
Apuro por acceder al contenido de teléfonos y computadoras.
Dia de allanamiento en la Agencia Nacional Discapacidad.
El fiscal federal Franco Picardi se metió en la contabilidad de la droguería Suizo Argentina y en sus vínculos como intermediario de contrataciones con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Pidió documentación específica sobre movimientos económicos de la empresa proveedora de medicamentos, también códigos de ética, conformación societaria y otros datos de la firma. En el allanamiento a la sede de la ANDIS se secuestraron papeles de pagos a la empresa Suizo Argentina por 10.828.052.146 pesos. El representante del Ministerio Público Fiscal mbién ordenó una "extracción en caliente" de la información de los teléfonos celulares secuestrados en todos los operativos. A su vez, el juez de la causa, Sebastián Casanello, les prohibió salir del país a todos los investigados, entre ellos Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Más temprano, el fiscal había allanado los domicilios de los hermanos Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, titulares de la droguería Suizo Argentina, y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.


Los audios filtrados de Diego Spagnuolo
En el domicilio de Emmanuel Kovalivker, en Nordelta, la Policía encontró al empresario en un auto con sobres en los que tenía distribuidos cerca de 266 mil dólares junto con anotaciones. Todo fue secuestrado junto con su teléfono celular.


Los explosivos audios de el ahora extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y la posterior denuncia del abogado Gregorio Dalbón, dieron origen a una investigación penal. En la conversación que fue difundida esta semana, Spagnuolo describe cómo habría sido la supuesta operatoria ilegal que habría sucedido por intermedio de subordinados suyos en la ANDIS: “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”.

El abogado agrega en otro tramo de los audios: “A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”, sostiene. En otro pasaje, Spagnuolo asegura: “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”.

En ese contexto la justicia realizó al menos 16 allanamientos que se desarrollaron desde la madrugada y aún continuaban durante la tarde de este viernes. El pedido lo formuló el fiscal Picardi, que tiene delegada la investigación, lo que -en principio- no exige la formulación de una imputación. Sin embargo, se fundamentaron los operativos a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.


Durante los procedimientos se secuestró abundante material de interés para la causa: documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa.

De la ANDIS se llevaron licitaciones, contratos y documentos que vinculan al organismo con la droguería Suizo Argentina. Se obtuvieron seis solicitudes de gestión de pagos total por 10.828.052.146 pesos, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

¿Qué se lograron llevar del laboratorio? Quince cajas en cuyo interior había “documentación de interés para la causa”, también un pendrive con información relevante para la pesquisa.


El fiscal pidió los programas de integridad de la empresa, incluyendo códigos de ética o de conducta respecto de los gobiernos y políticos, y los procedimientos de integridad obligatorios para los directores de la compañía.

Picardi también buscó en la droguería registros vinculados a la trazabilidad de las acciones llevadas adelante por la compañía y sobre todo los libros societarios, los libros diarios, mayor, inventario y balances, de IVA compras y ventas.

La justicia busca realizar la trazabilidad de los pagos de la droguería de la familia Kovalivker y la relación comercial con la ANDIS.

Una medida clave
Aún antes de hacerse de los teléfonos celulares de las personas allanadas, el fiscal entendió que era indispensable dar intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal.

La finalidad: que se realice de forma inmediata y en caliente la extracción de toda la información de los celulares y computadoras. El representante del Ministerio Público entendió desde un comienzo que no se puede perder tiempo en pericias que pongan en peligro la información de los celulares.

Hay que recordar que lo que más se buscaba durante los operativos eran los teléfonos celulares y sobre todo el de Diego Spagnuolo, que fue secuestrado después del mediodía. Si bien no quiso otorgar la clave del dispositivo, la fiscalía se anticipó a esa negativa y ordenó una inmediata extracción de su contenido.

Si los teléfonos están bloqueados, el fiscal indicó que se secuestren inmediatamente. Para eso se pidió la intervención al Departamento Investigación de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Y la clave de esta medida es un concepto central en el que fundó los operativos Picardi: la posible participación en una presunta maniobra de corrupción de funcionarios del gobierno nacional.

Pasadas las 19, los policías porteños dirigidos por la fiscalía dieron en Avellaneda con Daniel Garbellini, a quien también le sacaron el teléfono.


Todas las medidas requeridas y avaladas por el juez Sebastián Casanello son relevante para desentrañar un entramado hoy bajo sospecha. No sólo como objeto de la investigación sino también, para a futuro poder determinar si hay responsabilidad penal de los denunciados.

El punto de partida
La denuncia penal la interpuso el abogado Gregorio Dalbón y es contra Javier Milei, Presidente de la Nación; Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación; Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General; Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.

La sospecha es que todos "habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican".


Todo comenzó con los audios filtrados de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde habla de la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos.

En otra jornada cargada de reveses legislativos para el gobierno de Javier Milei, el Senado sancionó la ley que declara la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias nacionales de salud, norma que obliga al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para financiar al Hospital Garrahan, en conflicto desde hace dos meses en rechazo a la política del ajuste de la administración libertariaCo
mo ocurrió unas horas antes con el financiamiento universitario, la ley fue sancionada con una mayoría que superó con creces los dos tercios del total de los 72 senadores, relación de fuerzas que podría garantizar la posibilidad de que la Cámara alta pueda insistir en su sanción una vez que la norma sea vetada, tal como lo prometió el jefe del Estado.Tras casi cinco horas de debate, el tablero del recinto del Senado marcó un aplastante resultado de 62 votos a favor y sólo 8 en contra. Fue el corolario de una jornada negra para la Casa Rosada, ya que en el principio de la jornada, la Cámara alta había rechazado cinco decretos impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. que quedaron, así, definitivamente derogadoEl tablero de la votación, prácticamente pintado de verdeSantiago OrLa sanción de la ley se alcacon el voto del kirchnerismo, la UCR, Pro, fuerzas provinciales y hasta de varios legisladores que jugaron en el último año y medio como habituales aliados de la Casa Rosada. Las esquirlas del cierre de listas, que dejó un tendal de heridos por la política de alianzas aplicada por Karina Milei, y el profundo calado social de los temas en debate confluyeron para configurar el tremendo cachetazo legislativoTaasí que sólo la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a los senadores libertarios en su rechazo del proyecto y en la defensa de la prédica de la Casa Rosada por sostener a rajatabla y contra viento y marea su búsqueda del superávit en las cuentas públicas.

Más allá de las constantes críticas a la política de ajuste fiscal del Gobierno, el debate tuvo un momento de alto voltaje emotivo cuando intervino el cordobés Luis Juez (Pro), padre de una niña con parálisis cerebral y paciente del Hospital Garrahan, quien con la voz quebrada aseguró que estaba dispuesto a darle al hospital lo que necesitara porque “claramente se lo merece”.

“No nos pueden robar la última esperanza que nos queda de que algo se puede hacer con nuestros hijos; y esa esperanza se construye sólo en el Garrahan. No sé cuánta plata es esto, pero lo que necesite el Garrahan, claramente se lo merece”, cerró su intervención Juez, con la voz quebrada y casi al borde del llanto. Es la segunda vez en lo que va del año que el cordobés se manifiesta obligado a desmarcarse del Gobierno de Javier Milei, al que apoyó durante el último año y medio

En cuanto a la inyección presupuestaria, la norma sancionada esta madrugada ordena la asignación, de manera prioritaria e inmediata, de los recursos “para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

En ese sentido, el texto sancionado apela a la ley de emergencia pública para habilitar la adquisición y compra de insumos críticos y básicos mediante mecanismos excepcionales, para garantizar la velocidad en la provisión de los materiales.

Salvo por el oficialismo, la iniciativa fue apoyada en el recinto por todo el arco opositor, con fuertes críticas contra la administración libertaria y su política de ajuste fiscal como sostén del dogmático superávit en las cuentas públicas que profesa Milei.



Se debate en el Senado la emergencia pediátrica, que involucra al hospital Garrahan. La senadora TagliaferriSantiago Oroz - LA NACION

El peronista Guillermo Andrada (Catamarca) criticó la política financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, y la contrapuso con la situación que vive el hospital. “La timba del dólar futuro son cuatro presupuestos del Garrahan”, destacó el senador, que es médico oftalmólogo, antes de afirmar que “así como el jefe de Gabinete le dio 100.000 millones a la SIDE, perfectamente se los puede dar al Garrahan”.

El legislador catamarqueño subrayó que el Garrahan “atiende el 40% de los cánceres infantiles de nuestro país” y que “hace las cirugías más complejas a las que se puede tener acceso cuando un niño de nuestro país lo necesita”.

“Hoy es el día más triste que me toca vivir como senadora. Tratar una ley de emergencia es admitir la ausencia por parte del Estado en ciertas instituciones fundamentales. El Garrahan es un orgullo nacional. La emergencia pediátrica no es un capricho, es una necesidad que debe ser atendida con urgencia. La vida de un niño vale más que cualquier presupuesto”, afirmó, por su parte, Natalia Gadano (Por Santa Cruz).

En un hecho llamativo, ningún senador oficialista argumentó en contra del proyecto durante el debate. Estaba previsto que hablara el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche (Jujuy), pero se bajó de la lista de oradores.

Fondos universitarios

ras rechazar cinco decretos desregulatorios, el Senado le dio otra paliza legislativa al Gobierno y convirtió en ley el refuerzo del financiamiento universitario, norma que el presidente Javier Milei prometió vetar por considerar que rompe el equilibrio fiscal que persigue la administración libertaria desde que llegó al poder en diciembre de 2023.

El proyecto fue aprobado por la Cámara alta por 58 votos a favor, sólo 10 en contra y tres abstenciones. Una mayoría superior a los dos tercios que podría anticipar un rechazo del eventual veto que el jefe del Estado anticipó que le aplicará a la ley.

A sancionar la norma colaboraron un mosaico en el que participaron el kirchnerismo, la UCR y fuerzas provinciales. Incluso sumaron su apoyo senadores que hasta no hace poco tiempo apoyaban al Gobierno, como los miembros del interbloque Las Provincias Unidas Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Espínola (Corrientes).

En contra votaron los siete senadores de La Libertad Avanza y tres miembros del bloque Pro: Martín Goerling (Misiones), Alfredo De Angeli (Entre Ríos) y Carmen Alvarez Rivero (Córdoba). La santafesina Carolima Losada fue la única radical que rechazó la iniciativa. Se abstuvieron María Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut), ambas integrantes de la bancada de Pro, y el peronista salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado incondicional de la administración libertaria.

El proyecto propone actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional al primer día de este año según la inflación acumulada durante 2023 y 2024.

La acumulación de dos años en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) se explica en el hecho de que una iniciativa de similares características fue vetada el año pasado por Milei y coincide, además, con los ejercicios que la administración pública viene funcionando sin un Presupuesto aprobado por el Congreso.

Como parte de la inyección financiera el texto ordena una recomposición salarial, también ajustada por inflación, para docentes y el personal no docente de las casas de altos estudios nacionales a contar desde diciembre de 2023 hasta la fecha sanción de la ley. Una vez concretada esta mejora, la norma establece la realización de paritarias mensuales.

En el inicio del debate, el kirchnerista Fernando Salino (San Luis) destacó la “muy buena técnica legislativa” de la iniciativa y destacó que su objetivo “es garantizar la protección y el sostenimiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de Argentina.

En la causa que investiga el caso de la muerte en #Coghlan se acusa a Cristian Graf compañero en la escuela tecnica donde cursaba Diego Fernandez Lima y se despega del caso.
"Me tiraron un muerto, desconozco cuando desapareció pasaron muchos años"

Gimena Accardi enfrento los rumores de romance e infidelidades que surgieron en torno a su romance con Nico Vazquez. "Es cierto, le fui infiel soy una hija de p..., puteenme, escupanme en la cara a la salida de Olga pero no soy mediatica y soy una persona fuera del ámbito público tampoco soy presidenta ni me votaron.
El que este libre de pecado que tire la primera piedra... No, no es Andrés Gil, es un chico ramdon no lo conocen ni van a saber de él en su vida"

Todo sobre herencias, sucesiones y equidad

La sorpresiva imposición de encajes más elevados y rígidos dispuesta ayer por el Banco Central (BCRA), que entrará en vigencia el lunes, para tratar de neutralizar los $5,8 billones que el Gobierno deberá inyectar al mercado tras no lograr refinanciar la totalidad de la deuda que le vence, provocó un verdadero cimbronazo en los bancos más importantes del sistema financiero local.


“¿Nos vienen pidiendo hace meses que trabajemos de bancos y, cuando nos lanzamos a hacerlo, restringen cada vez más la liquidez y nos conminan a que les compremos títulos públicos? ¿Me lo explicás, si podés? Lo único que puedo decir es que lo que hicieron es salvaje y que te olvides por unos meses de tener acceso a créditos”, dijo a LA NACION un tradicional banquero de una entidad privada líder, dejando en evidencia el clima de fuerte malestar que incluso los propios funcionarios del BCRA, que debieron abrir ayer por la tarde un Zoom para explicar las medidas a casi dos centenares de ejecutivos del sector, pudieron comprobar en carne propia.

Lo que sucedió es que el BCRA, por cuarta vez en un mes y segunda de “urgencia”, decidió volver a subir los encajes (la porción del dinero captado de terceros que los bancos deben mantener inmovilizado, por razones prudenciales), poniendo en marcha a la vez un esquema más rígido de integración y elevando los costos por los “incumplimientos”, en un movimiento que representa un nuevo endurecimiento de la política monetaria, con el fin de asegurar que el dólar sólo flote para abajo.

Luego de la licitación del miércoles, en el que el Tesoro logró cubrir solo el 60% de los vencimientos que rondaban los $15 billones, el BCRA anunció un cambio significativo en el régimen de encajes bancarios.



Lo hizo en cinco puntos porcentuales para depósitos a la vista, fondos comunes de inversión money market y otros instrumentos de inversión en pesos, de los cuales tres podrán integrarse con títulos públicos que se emitirán en “licitaciones especiales para las entidades financieras”, como la ya convocada para el lunes para “ofrecerles” un título a tasa variable con vencimiento el 28 de noviembre (luego de las elecciones). Adicionalmente, estableció un parámetro diario (ya no el promedio mensual) para que los bancos cumplan con esta exigencia.

La reacción de los bancos fue inmediata, lo que derivó en la mencionada reunión online encabezada por el gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas del BCRA, Darío Stefanelli, para explicar el alcance y la implementación de las nuevas medidas.

En ese ámbito, y tras varias preguntas que quedaron sin respuesta —según coincidieron varios asistentes consultados—, brotaron los reclamos que podrían ser elevados por nota en los próximos días o transmitidos en reuniones con las autoridades, según evalúan en los bancos.


La principal queja está vinculada al cambio en la integración, que pasa a ser diaria en lugar de un promedio mensual. Esto, explican, implica una suba de encajes encubierta y consideran, además, que hará imposible optimizar saldos de liquidez.


A este ritmo de suba efectivo mínimo o encajes bancarios.

“Lo que no quieren ver es que, mientras la ventanilla de liquidez que van a reabrir funciona solo de 17:00 a 17:30 horas, nosotros tenemos abierta la posibilidad de que nuestros clientes hagan transferencias incluso importantes hasta altas horas de la noche. Es decir, quedamos expuestos a un alto riesgo de quedar descalzados. Encima, si eso sucede un solo día, ya pasás a tener incumplido todo el mes y te aplican una fuerte multa. No solo eso: si se repite durante tres períodos, tiene consecuencias mucho más graves”, explican.

Por eso, pidieron extender el horario de posible acceso a los pases activos (contra entrega de papeles de deuda a más de 60 días, como ya se había anunciado) y aumentar el tope del 5% de la RPC, lo que circunscribe el potencial de esa asistencia a solo $1 billón, aproximadamente.


Los funcionarios del BCRA dijeron que, teniendo en cuenta eso, es que —tras haber reducido la posible integración con títulos públicos hace solo una semana— esta vez volvieron a aumentar en tres puntos la porción que se puede integrar con los “títulos especiales” que Finanzas les ofrece comprar el lunes.

Como se observa, eso contradice manifiestamente el pedido de que “trabajen de bancos”, advirtieron en ese marco.
La rigidez del nuevo esquema, advierten en los bancos, los obligará a trabajar con un colchón de liquidez adicional para prevenir los incumplimientos. De allí que hablan de una suba de encajes aún mayor a la que el BCRA declara.


Es algo que incluso reconoció el propio titular del BCRA, Santiago Bausili, anoche al participar nuevamente del programa “Las Tres Anclas”, que se emite por el canal de streaming oficialista Carajo y que conducen miembros del equipo económico junto con influencers libertarios. Allí, donde ya es parte del elenco, incluso festejó frases cuestionables y despectivas hacia terceros (que caracterizan a esta propuesta) de los militantes que integran el envío.

Al explicar junto al ministro Luis Caputo que no van a dejar que ningún peso vaya al mercado en esta etapa preelectoral, Bausili destacó que la obligación de integración pasa a ser diaria (y que los costos por incumplirla son muy elevados) con ese único objetivo. Minimiza así el impacto que puede tener en las tasas y el nivel de actividad, aunque eso contradice los mandatos de la Carta Orgánica de la entidad que preside.



“Lo que va a pasar es que se va a paralizar el crédito, que ya venía perdiendo impulso por la suba de tasas y el alza de la morosidad. Y eso va a afectar el nivel de actividad: recordá que la intermediación financiera fue uno de los principales componentes de la recuperación”, explicó otro referente del sector.

Los propios números oficiales ya lo dejan en evidencia. Según datos del BCRA al último lunes, los préstamos en pesos y en dólares al sector privado ya caen 1,2% en el mes. Y el stock de adelantos por cuenta corriente en pesos, que estaba en $9 billones hace un mes, ya cayó a $8,4 billones, en un contexto en que el costo de acceso a ese financiamiento saltó del 34,67% al 80,87% nominal anual.

Ante la consulta de LA NACION, desde el BCRA se mostraron comprensivos con las críticas: “Es entendible que los bancos están en una posición más difícil que antes de las medidas. Pero les explicamos que estamos intentando administrar un desequilibrio”, dijeron.

“Las medidas tomadas responden a evidencias de un desequilibrio en el mercado de dinero que se percibe como temporario. De allí que, por ejemplo, la última medida de aumento de encajes integrales con títulos públicos incluye una fecha de vencimiento el 28 de noviembre”, agregaron.

Se detectaron casos en Formosa, Santa Fé, Cordoba y Bahia Blanca. Los pacientes fueron tratados con HLB Pharma. La causa esta en manos de Ernesto Kreplak y el juzgado de La Plata. Se complica la situación procesal para 24 sospechosos que tienen prohibido salir del país.