La CURP biométrica no es solo un trámite más: es una amenaza a la libertad individual. En teoría, busca ordenar, modernizar y proteger. En los hechos, abre la puerta al ojo gubernamental que nunca parpadea. El Estado dice querer saber quiénes somos, pero lo que realmente quiere es saber dónde estamos, qué hacemos, con quién hablamos.

México ha elegido el camino de la vigilancia, antes que el de la garantía a los Derechos Humanos. Nos exigen que entreguemos el rostro, iris, huella dactilar, pero, escudándose en un criterio opaco, no ofrecen certidumbre sobre cómo protegerán ese tesoro íntimo.

Un documento de identidad no debería convertirse en un expediente de sospecha permanente. La promesa de inclusión corre el riesgo de volverse cerco: un fallo en la lectura, una base de datos filtrada, y la ciudadanía, sin coincidencia biométrica, quedaría fuera de la salud, del voto, del subsidio y hasta de su patrimonio.

No se trata de oponerse a lo digital -un paso que parece inevitable, alineado con la marcha global hacia la digitalización-, sino de exigir un Estado que sea menos celoso del control y más generoso con los derechos. Frente a la promesa de seguridad, lo mínimo exigible es un marco legal sólido, transparente y vigilado por ciudadanos, no por algoritmos.

La tecnología seduce, pero no garantiza confianza. Antes de firmar con el rostro, con la pupila o con la huella dactilar, exigimos reglas claras, auditorías independientes y un derecho real a borrar el rastro digital. Sin esos candados, la identidad deja de ser una llave y se vuelve grilletes. Porque no somos datos, somos personas.