El Congreso de los Diputados ha concluido este jueves el trámite en las Cortes de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, que ya puede publicarse y entrar en vigor.
La ley tiene como objetivo prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, con una jerarquía de prioridades de solución. También pretende promover la economía circular, sensibilizar a los agentes de producción, transformación, distribución, hostelería, restauración y ciudadanía.
Dirige el foco a la producción, a la venta minorista, en restaurantes y servicios de comidas, así como en los hogares.
El fin es rebajar un 50 % los residuos de alimentos "per cápita" en la venta minorista y del consumo, y del 20 % "de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030".
El Congreso de los Diputados ha respaldado también elevar hasta los 120 días al año la duración de los contratos temporales de trabajadores en el caso de los empresarios del sector agroalimentario, dentro de las enmiendas de la Ley contra el Desperdicio Alimentario.
La aprobación este jueves de la Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario ha incluido otras medidas de impacto para el sector primario que han pasado desapercibidas. Una de ellas es la aprobación, por medio de una disposición incluida en la ley, de la doble tarifa de regadío, que permitirá la contratación de dos tarifas eléctricas, una para la época de riego y otra para la de no riego, que permitiría un ahorro estimado superior al 20% en los gastos de energía.
Finalmente habrá una moratoria de un año, hasta el 9 de marzo de 2026, para la aplicación de la nueva normativa sobre bienestar de los animales en las explotaciones de porcino que ya estuvieran en funcionamiento en marzo de 2023.