Se nos va de ojo que la libertad individual termina donde empieza la libertad del otro, y que el espacio público es un bien colectivo que no puede ser usurpado para el recreo gregario y pueril de quienes quieren hacer lo que les da la gana, a costa de la libertad de los demás.

Hacer cumplir este principio ético del contrato social es responsabilidad de las administraciones públicas que deben hacerlo con autoridad, incluso coercitiva, cuando ese libertinaje pone en peligro la seguridad y la libertad de la ciudadanía.

De no hacerlo esa autoridad se degrada, porque pone en duda su capacidad para garantizar la seguridad y la libertad del conjunto social e incluso su interés por hacer cumplir la Ley. Los botellones son ilegales. Por eso al ver las imágenes de miles de personas subvirtiendo esta legalidad, siempre en los mismos sitios, para exaltar una falsa libertad bebiendo sin tino; la pregunta surge automática: ¿por qué las autoridades no cierran con carácter previo esos espacios en lugar de dar pie a unas concentraciones, que luego tienen que disolver cundo los concentrados están ya con la copa? ¿No quieren? ¿No saben? ¿No pueden? ¿Nadie se atreve a dar la orden? Participar en estos aquelarres borreguiles es la garantía del reblandecimiento de la mente que docilita a las sociedades y beneficia a los ricos de siempre: ¡Emborráchate sin tiento que así ni ves ni piensas en la sociedad en la que vives! ¡Que no se te vaya de ojo!