Los magistrados de la Corte Plena no consideran que la nueva versión del proyecto de Ley Jaguar afectará la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, debido a que cuenta con una norma legal especial sobre el máximo órgano decisor en los actos relativos a contratación administrativa, así como en lo referente al control interno, ejercido por la Auditoría Interna.

Un cada vez más amplio grupo de costarricenses han convertido en una práctica regular llevar cuanto asunto les inquiete, a la Sala Constitucional. De alguna manera se puede entender la situación pues muchos asuntos hoy no son atendidos como corresponde por las instituciones públicas.