La insuficiente regulación del financiamiento público, permite una alta discrecionalidad de los partidos políticos, que han mostrado irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos al pagar talleres de dudosa calidad, consultorías muy costosas o no gastado en el año para acumular varios y comprar un local partidario. El dinero es necesario para hacer política, pero mal usado puede acabar con la política.