La legislatura del estado de California está considerando un proyecto de ley que prohibiría cinco aditivos alimentarios en dulces, cereales y otros alimentos procesados.

Estamos viendo varios esfuerzos a nivel legislativo en EEUU para combatir la lacra del trabajo forzoso y el trabajo infantil en las cadenas de suministro globales, con una reciente iniciativa de especial interés que se enfoca en las minas de la República Democrática del Congo (RDC) supuestamente controladas por intereses chinos.

La agenda comercial estadounidense ha tenido muy poca actividad a nivel legislativo en los últimos meses pero parece que el Congreso se está despertando de su largo letargo.

El estado de Washington recientemente adoptó la que ha sido descrita por la asociación sin fines de lucro Toxic-Free Future como “la ley más fuerte en la nación que regula los cosméticos y productos para el cuidado personal.”

El estado de Minnesota aprobó recientemente las restricciones más amplias adoptadas hasta la fecha a nivel estatal estadounidense sobre la presencia de las sustancias PFAS en los productos de consumo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) resumió recientemente los esfuerzos en curso para comprender mejor la posible presencia de las sustancias PFAS en el suministro general de alimentos de EEUU.

Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y los Senadores Bill Hagerty y Tim Kaine presentaron el pasado 12 de junio el primer proyecto de ley enfocado exclusivamente en fortalecer la asociación entre EEUU y Uruguay.

Un nuevo proyecto de ley prohibiría que los productos de China y Rusia utilicen la excepción de minimis para las importaciones de bajo valor y establecería nuevos límites máximos para los artículos de otros países.

EEUU está avanzando una disputa sobre las políticas mexicanas sobre productos biotecnológicos agrícolas que podría derivar eventualmente en medidas de represalia comercial.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) aceptará comentarios escritos hasta el 20 de junio y celebrará una reunión el 28 de junio para recibir comentarios orales como parte de un proceso regulatorio que podría resultar en nuevos requisitos de seguridad obligatorios para los generadores portátiles.