La primera economía del mundo enfrenta uno de los fines de semana de consumo más importantes del año marcado por la presión inflacionaria que en septiembre volvió al 3% interanual y la incertidumbre que generan los aranceles desplegados por Donald Trump. Aun así, el comercio minorista llega al Black Friday con impulso en ventas físicas y online.

Estados Unidos ingresa a uno de los fines de semana más determinantes para el consumo bajo dos tensiones crecientes: los aranceles aplicados por el presidente Donald Trump y una inflación que volvió a desviarse del objetivo de la Reserva Federal. 

El país inicia este viernes 28 de noviembre el Black Friday con un avance de precios que en septiembre trepó al 3% en comparación anual, un punto porcentual por encima de la meta del 2%, mientras los consumidores enfrentan una pérdida de poder adquisitivo acumulada tras meses de aumentos sostenidos.

El sector mira con atención un evento que sigue concentrando el mayor flujo de compradores en tiendas físicas del año, aunque sin el frenesí de las visitas nocturnas o los episodios caóticos en centros comerciales que caracterizaron la década pasada en la que se discutía mucho sobre las estrategias de marketing que enloquecían a una población por intentar tener los mejores descuentos.

Ahora, el auge del comercio electrónico y los descuentos adelantados han desplazado ese ritual, pero no han reducido su peso económico.

Ejecutivos minoristas advierten que los compradores son cada vez más selectivos y sensibles al precio, aunque mantienen disposición a gastar en momentos clave como el inicio de clases o las fiestas de fin de año. Un fenómeno que, para analistas como Bill Adams, del Banco Comerica, evidencia una brecha entre lo que los ciudadanos dicen y lo que realmente gastan.

La incertidumbre también proviene de los amplios aranceles impuestos por la administración Trump a bienes importados, particularmente desde China. 

Muchas empresas ubicadas en territorio estadounidense aceleraron envíos para evitar sobrecostos o absorbieron parte del impuesto para no trasladarlo al consumidor, pero, aun así, el impacto es visible: según Circana, que hace investigación de mercados y análisis de datos, el 40% de la mercancía general vendida en septiembre tuvo un aumento de al menos 5% frente a los primeros meses del año. 

Sectores como juguetes, artículos para el hogar y productos para bebés encabezan los mayores incrementos; el 83% de los juguetes vendidos ese mes subieron más de 5%, en un mercado donde casi el 80% de estos productos se fabrica en China.

Con Reuters y AP

La Asamblea Nacional francesa aprobó por unanimidad una resolución que insta al presidente Emmanuel Macron a oponerse al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Los legisladores exigen formar una minoría de bloqueo y llevar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la UE para revisar su conformidad.

Francia volvió a dejar claro su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur luego de que la Asamblea Nacional, el Parlamento francés, adoptara este jueves 27 de noviembre una resolución que exige al Gobierno de Emmanuel Macron oponerse al pacto y activar todos los mecanismos posibles para frenarlo a nivel comunitario.

La decisión llega mientras se acerca una votación decisiva sobre el acuerdo, prevista para diciembre en el Consejo de la UE.

El texto, promovido por el partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) dentro de su jornada parlamentaria reservada, fue aprobado por 244 votos y apenas uno en contra, aunque la diputada que emitió ese sufragio aseguró posteriormente que había sido un error y que respaldaba la iniciativa, dando la unanimidad total a la medida.

"Es un acuerdo devastador desde un punto de vista ecológico, agrícola y sanitario, que amenaza el clima en particular a través de la deforestación del Amazonas"

Aunque la resolución no es vinculante, envía una señal política de peso: pide al Ejecutivo formar una minoría capaz de bloquear el acuerdo dentro del Consejo y, además, remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar su conformidad jurídica.

“Es una elección de civilización”, afirmó desde el estrado Matthias Tavel, uno de los referentes de LFI, quien calificó el acuerdo como “mortal” para la agricultura francesa y para la lucha contra el cambio climático. 

El legislador pidió “máxima presión sobre Emmanuel Macron” frente a un pacto que considera lesivo para los estándares europeos y que abriría la puerta a importaciones agrícolas suramericanas, como carne de vacuno, aves, azúcar o miel, en condiciones que los agricultores consideran desiguales para los productores locales pues no siguen los controles comunitarios de la UE.

"Esta es una victoria importante, es una votación muy, muy clara, por unanimidad de la Asamblea Nacional, que reafirma su rechazo, su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, que es el mayor acuerdo de libre comercio jamás concluido por la UE,  que es un acuerdo devastador desde un punto de vista ecológico, agrícola y sanitario, que amenaza el clima en particular a través de la deforestación del Amazonas, que amenaza a nuestros ganaderos, y que debe enfrentarse a una oposición firme, total y decidida de Francia", subrayó Tavel.

"El señor Macron no debe traicionar, debe obedecer el voto de los diputados. Francia debe votar en contra de este acuerdo", Matthias Tavel, diputado de LFI por Loira Atlántico", agregó.

Firmado a finales de 2024 tras décadas de negociaciones, el acuerdo contempla aumentar las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria y vino hacia los países del Mecosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela), mientras reduce aranceles para la entrada de productos agrícolas de los países latinoamericanos. 

Bruselas sostiene que en septiembre reforzó las cláusulas de salvaguardia para sectores sensibles, pero estas medidas son consideradas insuficientes por los opositores al tratado, especialmente entre agricultores franceses y buena parte del arco político.

“Un señuelo para hacernos tragar Mercosur”, criticó el diputado Julien Limongi, del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), que también se sumó al rechazo.

Por su parte, en nombre del Gobierno, el ministro delegado para Europa, Benjamin Haddad, reiteró que “el acuerdo tal como se concluyó en 2024 no es aceptable”. 

Señaló que Francia logró en octubre un refuerzo de las cláusulas de salvaguardia gracias a la presión ejercida sobre la Comisión Europea, y pidió que estas nuevas garantías se adopten rápidamente “antes de cualquier expresión del Consejo respecto al propio acuerdo”.

Sin embargo, reconoció que “el progreso no es suficiente” e insistió en dos demandas adicionales: la inclusión de “cláusulas espejo” que aseguren la equivalencia de estándares y la estricta protección de los sectores agrícolas más vulnerables.

Leer tambiénMercosur y los países de EFTA firman su acuerdo comercial - Economía

Con Reuters y AFP

La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, presentó un proyecto de presupuesto con alza de impuestos por 26.000 millones de libras, que involucra a sectores que van desde los pensionados, hasta las viviendas de lujo. El descontento no se hizo esperar y fue más allá, pues el documento final del plan se filtró en la página web oficial una hora antes de lo previsto.

El nuevo presidente de Bolivia anunció una serie de medidas que buscan sacar al país de su peor crisis en cuatro décadas, caracterizada por la escasez de combustible y divisas y por una de las tasas de inflación más altas de América Latina.

La eliminación de algunos impuestos y un recorte del 30% del gasto total del presupuesto para 2026, son algunas de primeras soluciones que el primer líder conservador de Bolivia en casi dos décadas plantea para rescatar una economía sumida en la crisis.

Poco más de dos semanas después de asumir el cargo, el recién llegado Rodrigo Paz anunció que revertirá años de medidas económicas populistas implementadas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobernó casi ininterrumpidamente durante los últimos 20 años.

Por un lado, Paz propuso derogar el impuesto nacional al patrimonio, argumentando que había frenado el crecimiento y desincentivado al menos 2.000 millones de dólares en inversiones desde que fue impuesto por su predecesor de izquierda, el expresidente Luis Arce.

También anunció que promoverá la eliminación del impuesto del 0,3% sobre las transacciones financieras cotidianas, algo que durante mucho tiempo ha motivado a los ciudadanos a evitar el sistema bancario formal y, en su lugar, a guardar sus ahorros bajo el colchón.

Los proyectos de ley para eliminar estos impuestos deben enviarse al Congreso para su aprobación antes de entrar en vigor.

Rodrigo Paz y su ministro de Economía, Gabriel Espinoza, dijeron este martes que aún no tocarían los pilares del modelo económico de Bolivia bajo el partido gobernante de larga data Movimiento al Socialismo, o MAS.

Este modelo, en su momento muy elogiado cuando Bolivia ostentaba uno de los crecimientos económicos más altos y sostenibles de la región, estableció un tipo de cambio fijo oficial, que hoy hace que los dólares se vendan por la mitad de lo que lo hacen en el mercado negro, así como subsidios que mantienen el precio minorista de la gasolina entre los más baratos del mundo.

Bolivia importa hoy combustible a precios internacionales y lo vende en moneda local, subsidiando su costo en casi un 50%, lo que constituye uno de los gastos más significativos del Estado. Además, la compra está vinculada a la disponibilidad de dólares, muy escasos en los últimos dos años.

El titular de la cartera económica reveló que el país está negociando financiamiento multilateral por más de 9.000 millones de dólares para proyectos públicos y privados, de los cuales gran parte será cubierta por el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Con Reuters y AP

La agencia de noticias Reuters reveló que el Gobierno de Estados Unidos habría desmantelado discretamente el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), diseñado por Elon Musk para reducir costos y reestructurar la burocracia. Sin embargo, la Casa Blanca niega la acusación y asegura que la agencia sigue operando, aunque sus funciones serán absorbidas por otras entidades federales.

La Administración de Donald Trump enfrenta nuevas tensiones tras una información exclusiva publicada por la agencia de noticias Reuters, que acusó al Gobierno estadounidense de haber “diluido en silencio” el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, creado a inicios de este año bajo el liderazgo inicial del multimillonario Elon Musk. 

Según el reporte de Reuters, la entidad habría perdido autonomía y estructura interna apenas ocho meses antes de que concluyera su mandato formal en julio de 2026, con la promesa de que otras agencias federales absorberán su trabajo.

“La agencia, creada en enero, realizó incursiones dramáticas por Washington en los primeros meses del segundo mandato de Trump para reducir rápidamente las agencias federales, recortar sus presupuestos o redirigir su trabajo hacia las prioridades de Trump. La OPM, la oficina de recursos humanos del gobierno federal, ha asumido desde entonces muchas de las funciones de DOGE, según Kupor y documentos revisados por Reuters”, se lee en la publicación del portal de noticias.

La filtración desató una respuesta inmediata de la Casa Blanca, que rechaza categóricamente la versión. Funcionarios del Ejecutivo sostienen que el DOGE continúa operando, pese a que su portal oficial no publica información desde hace meses. 

Leer tambiénEE. UU.: el Senado aprueba recortes por 9.000 millones de dólares propuestos por Musk

“Sus principios siguen vigentes”, defendió Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), quien confirmó que el liderazgo centralizado del organismo desapareció, pero insistió en que sus prácticas seguirán siendo “institucionalizadas” por entidades como la OPM y la Oficina de Personal de la Casa Blanca.

El episodio reaviva las dudas sobre la promesa original del Departamento que, bajo el liderazgo de Musk, ofrecía reducir el tamaño del Estado, recortar regulaciones, eliminar burocracia y generar ahorros significativos que, según sus diseñadores, podrían incluso redistribuirse entre los ciudadanos. 

Pero también nació con un objetivo ambicioso: ahorrar 2 billones de dólares del presupuesto federal, una cifra que pronto se redujo a la mitad y luego se ajustó a apenas 150.000 millones.

Aunque la agencia fue concebida para tener una vida limitada y expirar en 2026, su impacto ha sido más polémico que duradero. Durante sus primeros nueve meses, DOGE impulsó más de 120.000 despidos federales, la desarticulación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la suspensión de decenas de programas públicos. 

Leer tambiénElon Musk y su DOGE: ¿imparables en la Administración Trump? - En Contexto

Su funcionamiento, además, ha sido objeto de múltiples demandas por presunta opacidad y por permitir acceso de sus trabajadores a información sensible.

La situación se volvió aún más incierta tras la salida de Musk del Gobierno a finales de mayo y la posterior disputa pública con Trump, a quien acusó de “deshacer” su trabajo en DOGE mediante “un abominable plan de recorte fiscal”. Desde entonces, a la agencia se le acusa de perder influencia y visibilidad, alimentando las sospechas de que su desmantelamiento ya estaba en marcha.

Las dudas crecieron tras la respuesta publicada por la cuenta oficial del DOGE en X, que calificó de “tergiversación” los reportes sobre su desaparición, aunque sin desmentir el repliegue del organismo. 

“La orden ejecutiva del Servicio DOGE de EE. UU. sigue vigente”, afirmó la agencia, asegurando que continúa colaborando con otras instituciones para modernizar software y tecnología gubernamental y priorizar la productividad.

Con Reuters

Este lunes se reunieron en Bruselas los ministros de Comercio de la Unión Europea y los delegados del Gobierno estadounidense, con el bloque queriendo instar a Washington a implementar el acuerdo comercial alcanzado en julio que incluye reducciones arancelarias de parte y parte. Pero la Casa Blanca llegó con sus propias exigencias.

El arma arancelaria de Estados Unidos apunta esta vez a las leyes digitales de la Unión Europea.

Los representantes comerciales de la Administración Trump se reunieron en Bruselas con sus homólogos del bloque comunitario para afinar detalles del acuerdo firmado en julio pasado que, en esencia, reduce los aranceles de parte y parte.

Pero las conversaciones van más allá de los aranceles. La Casa Blanca exigió que el grupo de los 27 equilibre su regulación del sector tecnológico a cambio de una reducción de los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio del bloque.

"Una vez que establezcan un marco con el que nos sintamos cómodos y lo entendamos, y resuelvan estos antiguos casos pendientes, creo que podremos abordar el acero y el aluminio", declaró el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnik, a la prensa tras la reunión de 90 minutos.

Las normas recién implementadas por la UE limitan el poder de los gigantes tecnológicos y exigen a las grandes plataformas en línea que combatan el contenido dañino, pero el Gobierno estadounidense alega que perjudica injustamente a sus empresas tecnológicas.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, defendió que las normas tecnológicas del bloque no eran discriminatorias.

"No están dirigidas a las empresas estadounidenses, pero sabemos que este es uno de los temas que Estados Unidos quiere debatir. Estamos dispuestos a responder a la pregunta, al igual que Estados Unidos está dispuesto a responder a nuestras consultas", declaró, al tiempo que hizo otros anuncios.

La Unión Europea también quiere que una gama más amplia de sus productos esté sujeta a los aranceles bajos de los que disfrutaban antes del regreso de Donald Trump al poder.

Su lista de deseos incluye vinos y licores, aceitunas, pasta, dispositivos médicos y biotecnología. Aunque también persigue la eliminación total de los aranceles en productos como el vino, las bebidas espirituosas y hasta el aceite de oliva.

El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó que productos como el aceite de oliva son " importantes para España, pero también para el consumidor americano", ya que en este país apenas el 2% del total de consumo de aceite de oliva se produce localmente.

El acuerdo preliminar alcanzado en julio por Estados Unidos y la Unión Europea necesita aprobación del Parlamento Europeo y de los gobiernos de los 27, por lo que se espera que su aplicación no ocurra hasta el próximo año.

Con EFE y Reuters

Las remesas enviadas a México profundizaron su retroceso y completaron seis meses consecutivos a la baja en septiembre. El enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos, el endurecimiento migratorio y la apreciación del peso presionan los envíos de dinero, afectando a millones de hogares que dependen de ese ingreso.

México enfrenta un fenómeno económico inusual que no depende solo de su funcionamiento interno. Las remesas, el principal sustento para casi cinco millones de hogares, acumulan un semestre de retrocesos en sus envíos, un escenario que no se observaba desde la crisis financiera de 2009. 

Las cifras oficiales del Banco Central de México confirman que en septiembre los envíos alcanzaron 5.214 millones de dólares, lo que supone un descenso interanual de 2,69%. Incluso al ajustar los datos por estacionalidad, las remesas retrocedieron 1,72% frente a agosto, señal de un deterioro persistente.

La dinámica muestra que hay menos operaciones y que el monto promedio por envío también se ha reducido. En septiembre se realizaron 13.154 millones de transacciones con un valor medio de 396 dólares, 4,69% menos que un año antes. Se trata de la mayor disminución registrada hasta ahora, según el Banco Base.

El pasado agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la disminución en las remesas enviadas por mexicanos en Estados Unidos.

"Se está trabajando para ver exactamente cuáles son las causas de esta reducción. El número de mexicanos que ha sido repatriado, deportado y aquí repatriado, si lo comparamos con periodos anteriores, no es tan alto", señaló.

Leer tambiénRemesas enviadas a México acumulan seis meses a la baja por incertidumbre migratoria

El banco atribuye esta tendencia a dos factores: el enfriamiento del mercado laboral estadounidense que deja a muchos mexicanos en el exterior sin puestos de trabajo o afectados por los despidos y un clima de incertidumbre migratoria que ha limitado la actividad laboral de millones de migrantes indocumentados. 

Entre enero y agosto de 2025, Estados Unidos generó apenas 75.000 empleos mensuales en promedio, muy lejos de los 143.000 que hizo en esos mismos meses en 2024. La creación acumulada cayó casi 48%, evidenciando un debilitamiento que golpea directamente la capacidad de envío de remesas.

Pero no solo es el mercado laboral el que suma a la problemática. La política de detenciones y deportaciones masivas implementada tras el regreso de Donald Trump a la presidencia también abonan a la crisis de remesas. 

Diversos analistas señalan que muchos migrantes evitan desplazarse, buscar nuevos trabajos o asumir labores de mayor riesgo por miedo a ser arrestados, o incluso deportados.

Como consecuencia, el número total de operaciones se ha desplomado en más de 6,3 millones este año.

Con EFE

La subida acelerada del valor de las empresas de inteligencia artificial vuelve a encender el debate sobre si se está formando una burbuja que podría estallar en Wall Street y provocar fuertes pérdidas desde los niveles récord de capitalización que hoy alcanzan las grandes tecnológicas. Mientras Nvidia reporta cifras récord, analistas llaman a la cautela y defienden que la revolución tecnológica aún tiene largo camino. El mercado sigue dividido entre euforia y alerta.

Tokio aprobó un paquete de estímulo de unos 135.000 millones de dólares para enfrentar la inflación y reactivar el crecimiento, mientras crecen las dudas del mercado y se intensifica una nueva disputa diplomática con China por el supuesto rearme japonés, que señala China, y las declaraciones de la primera ministra sobre defender a Taiwán ante un posible ataque de Beijing.

Japón abrió la jornada económica y diplomática de Asia con una doble noticia que sacudió a los mercados regionales y que trae incertidumbre a la bolsa de Tokio en el último día de operaciones de la semana. 

Por un lado, el Gobierno de la premier japonesa, Sanae Takaichi anunció un paquete de estímulo de 21,3 billones de yenes (USD 135.000 millones) destinado a enfrentar el aumento obstinado de los precios, impulsar el crecimiento y aliviar la presión sobre los hogares; por el otro, el país quedó en el centro de un nuevo choque con China, que acusó a Tokio de acelerar su rearme y tensar la estabilidad regional.

El megapaquete fiscal, aprobado este viernes 21 de noviembre, busca revertir una serie de indicadores que han golpeado a la tercera economía del mundo. 

Leer tambiénChina prohíbe importaciones pesqueras de Japón en medio de tensiones diplomáticas - France 24

Los precios en Japón continúan aumentando a un ritmo del 3% anual, según el dato de octubre, lo que aunque representa un nivel menor al 4% registrado en enero, todavía se dibuja por encima de la meta del 2% anual del Banco Central. Los precios de bienes básicos como ropa, transporte y artículos del hogar siguen en ascenso, mientras que el arroz —un producto estratégico para la gastronomía y exportaciones del país— es hoy 40% más caro que hace un año.

En su defensa, la primera ministra Takaichi aseguró que el estímulo es “fiscalmente responsable” y que permitirá reducir la colosal deuda pública del país, equivalente al 250% como proporción del PIB, la más elevada entre las grandes economías. 

Las medidas incluyen ayudas directas a hogares y subsidios para enfrentar el costo de la energía, además de apoyos para compensar el impacto de la inflación.

“Acabamos de adoptar, dentro del Gobierno y la coalición gobernante, un paquete económico integral destinado a lograr una economía fuerte. Para proteger la vida diaria de todos los ciudadanos y construir una economía robusta, llevaremos a cabo un gasto fiscal estratégico. En cuanto a los recursos financieros, incluso si utilizamos ingresos fiscales mayores y no fiscales, el déficit restante se cubrirá mediante la emisión de bonos gubernamentales.", dijo Takaichi desde Tokio.

Sin embargo, la ambición del paquete despertó inquietudes inmediatas. Los rendimientos de los bonos del Estado japonés escalaron a máximos históricos esta semana ante el temor de que la nueva primera ministra abra la puerta a un ciclo prolongado de gasto social.

Al mismo tiempo, la moneda japonesa, el yen, siguió perdiendo valor frente al dólar, alimentando presiones adicionales sobre los importadores en un país altamente dependiente de recursos extranjeros.

La Cancillería china acusó a Japón de elevar las tensiones en la región tras las recientes declaraciones de Takaichi, quien afirmó que un ataque chino a Taiwán podría activar una respuesta militar japonesa si la seguridad nacional se viera amenazada, un comentario que hizo el 7 de noviembre la recién llegada al poder.

Leer tambiénDeclaración de Japón sobre Taiwán desata la ira de China - Así es Asia

China reaccionó con firmeza: convocó al embajador japonés, denunció públicamente el supuesto “rearme acelerado” de Tokio y recordó que los acuerdos internacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial obligan a Japón al desarme total.

“Tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, documentos legales internacionales como la Declaración de El Cairo, la Declaración de Potsdam y el Instrumento de Rendición japonés estipularon claramente las obligaciones de Japón como nación derrotada, incluyendo el desarme completo y la prohibición de mantener industrias que permitieran su rearme. Sin embargo, en los últimos años, Japón ha relajado continuamente sus propias restricciones, ampliado su presupuesto militar y de defensa, aprobado nuevas leyes de seguridad, levantado la prohibición de la autodefensa colectiva”, señaló la portavoz de la cancillería china, Mao Ning.

Beijing también advirtió que la comunidad internacional debe impedir que Japón “vuelva al antiguo camino del militarismo”. 

Leer tambiénChina y Japón: una relación centenaria de conflictos que sigue marcando sus relaciones - France 24

Takaichi, por su parte, insistió en que la política exterior japonesa no ha cambiado y que su Gobierno continúa comprometido con una relación “estable y constructiva” con China, citando una reciente conversación con el presidente Xi Jinping. 

Con Reuters y AFP.

La Casa Blanca informó que eliminará, de manera retroactiva, los aranceles agresivos impuestos a ciertos productos alimenticios brasileños para castigar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por el juicio que se adelanta en contra del exmandatario, Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flexibilizó este jueves aún más los aranceles a Brasil, según una orden ejecutiva publicada en la página web de la Casa Blanca. La decisión incluye el café, la fruta y la carne de res, entre otros productos.

El 6 de octubre de 2025, participé en una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cual acordamos iniciar negociaciones para abordar las preocupaciones identificadas en el Decreto Ejecutivo 14323. Estas negociaciones continúan.

La orden agrega que “también he recibido información y recomendaciones adicionales de diversos funcionarios que, siguiendo mis instrucciones, han estado monitoreando las circunstancias relacionadas con la emergencia declarada en el Decreto Ejecutivo 14323”.

El mandatario republicano concluyó que “se han logrado avances iniciales en las negociaciones con el Gobierno de Brasil”.

La noticia fue recibida con beneplácito por el presidente Luis Inácio Lula da silva de Brasil, una importante despensa agrícola de la que sale uno de cada tres granos del café que se consume en la unión americana y mucha de la carne con la que se fabrican sus hamburguesas.

Además de un 10% de arancel base para la gran mayoría de territorios del mundo, en julio de este año, Trump decidió imponer un 40% más a Brasil como castigo por el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro, un aliado suyo. Esto dejó a una nutrida lista de productos sujetos a un gravamen del 50%.

Ya la Casa Blanca había informado la semana pasada que Trump había revertido algunos de los aranceles mundiales anunciados originalmente en abril. En ese momento, Brasil aclaró que la medida no afectaba esos aranceles adicionales políticamente motivados.

La orden ejecutiva incluye esta vez importaciones brasileñas a Estados Unidos que se hayan realizado a partir del 13 de noviembre, por lo que se podría exigir el reembolso de los derechos de aduana cobrados sobre esos productos, según el texto publicado por la Casa Blanca.

Tanto esta exención, como varias anteriores, dejan ver un evidente cambio de postura de la Casa Blanca respecto a algunos aranceles que habían incrementado el costo de los alimentos en Estados Unidos.

Con Reuters y AP