Educación Radiofónica de Bolivia

La abogada Zuleika Lanza advirtió en Erbol que los policías acusados en el caso de las maletas del narcotraficante Sebastián Marset podrían hacer revelaciones muy importantes en defensa propia ante los procesos judiciales que enfrentan.

El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) hizo conocer en Erbol que el Gobierno ofrece a los panificadores proveerles harina a 310 Bs. el quintal hasta fines de 2027 a fin de mantener el precio del pan a 80 centavos.

El exministro de Educación Hugo Carvajal afirmó que el rechazo del magisterio a la descentralización educativa responde a la defensa del poder sindical y la distribución de puestos, en medio de la polémica por el traspaso de institutos técnicos a las gobernaciones.

El analista Erick Foronda advirtió sobre la penetración del crimen organizado en instituciones del Estado y atribuyó a los gobiernos del MAS la expansión del narcotráfico.

El exfiscal general del Estado Pedro Gareca propuso en Erbol que se conforme una comisión especial de profesionales del derecho para realizar una preselección de los mejores postulantes al cargo de fiscal general.

Abel Loma, abogado del excomandante nacional de la policía Mirko Sokol, hizo conocer en Erbol que su defendido esperaba más apoyo del Presidente Rodrigo Paz, del Ministro de Gobierno y otras autoridades para dar condiciones y permitir su continuidad en el cargo.

El exsenador de Creemos Henry Montero reveló en Erbol que recibió ofertas de beneficios y dinero para apoyar en aquel entonces (2024) la elección de Roger Mariaca como Fiscal General del Estado. Montero asume que otros parlamentarios aceptaron las ofertas.

El analista en temáticas de seguridad Samuel Montaño aseguró en Erbol que en el Chapare hay sectores que están cansados de brindarle protección a Evo Morales las 24 horas del día.

El exministro de Defensa Reimy Ferreira afirmó que intereses vinculados al narcotráfico habrían obstaculizado la implementación de radares para mantener a Bolivia como corredor aéreo de la droga hacia Brasil, Argentina y Paraguay. Sus declaraciones surgen tras la denuncia del Gobierno por un presunto daño económico superior a los mil millones de bolivianos en el proyecto, del que solo dos radares funcionarían sin observaciones, según los datos expuestos.

El investigador en seguridad ciudadana y narcotráfico Marco Ayala advirtió que la debilidad institucional, la falta de control fronterizo y la expansión de los cultivos de coca favorecieron la presencia de organizaciones criminales transnacionales en Bolivia. Señaló que el país supera en un 50% las 22.000 hectáreas de coca permitidas y pidió fortalecer la inteligencia, el control territorial y la lucha contra el lavado de dinero para frenar el avance del crimen organizado.