El excandidato a la Alcaldía de La Paz por Nueva Generación Patriótica (NGP), Rodrigo Rivera, denunció supuestos cobros y presión interna en el partido mientras estaba en contienda electoral, en medio de la polémica por la declinación a la Gobernación para la segunda vuelta.

“Como ellos muy bien manifiestan, solo son empresarios que no conocen de política y se nota que son muy empresarios que están lucrando con una sigla política y están lucrando con el derecho al voto de todos los ciudadanos, con la democracia boliviana”, afirmó Rivera en La Tarde en Directo de ERBOL.

Tras las primeras investigaciones sobre el nexo de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del Luis Arce, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), arrojaron vínculos con “resabios” de Álvaro García Linera y otros personajes, aseveró el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.

“Esa empresa (YPFB) ha estado totalmente capturada por una red criminal, donde entre las personas que destacan está justamente el hijo del expresidente y otras personas, incluso resabios de la gestión de don García Linera, alguna gente que se quedó y de otras de otras organizaciones criminales que se armaron con bastante tiempo”, dijo Paredes en La Mañana en Directo de ERBOL.

El líder de Nueva Generación Patriótica (NGP), Édgar Uriona, justificó la decisión de su partido de retirarse de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz, bajo el argumento de que el candidato René Yahuasi tuvo una actitud “soberbia”, de “falta de compromiso político” y “falta de respeto hacia la organización".

En entrevista con La Tarde en Directo de la red Erbol, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos cuestionó la falta de una versión clara del Gobierno sobre la situación de la gasolina, señalando contradicciones similares a las surgidas en el caso de las 32 maletas.

La reciente aprobación de una ley en Ecuador que obliga a los internos a trabajar para su sustento y rehabilitación marca un giro en la política carcelaria. La medida busca frenar la criminalidad desde las cárceles mediante control, producción y reorganización del sistema penitenciario.

En medio de una marcha y creciente tensión social, el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB) Eduardo Ferrufino, advirtió que el Gobierno tiene un plazo de 10 días para convocar a un diálogo y atender su pliego petitorio, que incluye demandas sobre combustibles, salarios y decretos cuestionados, mientras denuncian decisiones “oscuras” y advierten con radicalizar las medidas de presión.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que la segunda fase del programa “Tranca Cero” incluirá una “oleada legislativa” orientada a desregular el Estado, con el objetivo de eliminar normas que generan trabas, reducir la burocracia y facilitar la actividad económica en el país.

El Ministro de Hidrocarburos explicó en Erbol que Bolivia no cuenta con las condiciones necesarias para convertirse de pronto en un país importador de combustibles.

En medio de la susceptibilidad por la gasolina de mala calidad, la asociación de surtidores (Asosur) demandó la entrega de “prueba testigo” del combustible que reciben, para tener un descargo en caso de que se detecten problemas.  

La carrera de ingeniería mecánica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz ofreció ayuda al Gobierno en el problema de la gasolina, según informó su director en Erbol.