El debido proceso, y los derechos que lo conforman, como los derechos a la defensa y a la motivación, resulta aplicable al interior de la actividad institucional de cualquier persona jurídica o entidad estatal, precisó el Tribunal Constitucional (TC) al declarar infundada una demanda de amparo interpuesta por un cadete del CITEN, quien fue dado de baja por medida disciplinaria muy grave.