Ni los efectos de la pandemia, ni el descontento de los ciudadanos con los políticos que nos representan ha frenado la costumbre de los políticos españoles y murcianos, en emplear a los compromisos que por hache o por b, no encuentran coloco en las administraciones públicas.
Esta semana, nos levantábamos con una noticia, que, aunque no sorprenda, empieza a incomodar. El líder socialista del PSOE de la región, fiel a su compromiso de no dejar en el paro, a dos de sus senadores que no pudieron repetir en las anteriores elecciones, les encuentra empleo a cada uno de ellos.
¿Quién dijo que no se puede hacer? No seré yo. El malestar radica, por un lado, en la nula experiencia y cualificación, que la mayoría de los enchufados tienen para desempeñar el puesto que se les asigna. Podríamos llegar a pensar, que estas personas únicamente se dedican a cobrar a cambio de mantener politizada las empresas en las que se emplean. Imaginen, como se deben sentir los descerebrados, que han sacrificado su tiempo, en formarse y adquirir experiencia para desempeñar un trabajo de verdad.
Por otro lado, no es extraño teniendo en cuenta que los que colocan tienen el mismo curriculum. Ascenso en la multinacional política, que mantenemos todos los murcianos, en la que los logros se resumen en ser concejal, director general, consejero, con suerte tiramos para Madrid y nos toca la lotería si acabamos de senador.
Se ha convertido en una costumbre utilizar el dinero público con fines políticos. Inauguraciones de infraestructuras innecesarias, en muchos de los casos para obtener notoriedad y un documento grafico de su paso por el puesto, y en otros, para recibir cuartos a cambio de la concesión.
Creación y sostenimiento, de organismos y fundaciones, para perpetuar a compañeros de partido, en sillones alimentados con el dinero de todos los ciudadanos.
Empresas públicas, las cuales, su existencia tenía sentido, tiempo atrás, ya que eran momentos en los que la industria del Estado se dedicaba a la producción de bienes y servicios.
Actualmente la mayoría de ellas realiza funciones administrativas, por lo que, no nos podemos olvidar, que se tratan de entidades creadas para satisfacer necesidades de interés general, y que se nutren de fondos públicos. Otras son más llamativas como las encargadas de obras públicas.
Los presidentes, gerentes y/o directores de estas entidades cambian a merced de quien gobierne en ese momento, y en muchos de los casos se han convertido en auténticas agencias de colocación.
Nos encontramos, con que esto es solo, la punta del iceberg de un sistema que cada vez está más alejado de la eficiencia. Actualmente es necesario un cambio en la gestión de los recursos económicos del sistema español, ya que, no se me ocurre mejor momento que el actual, para soltar lastre.