Hoy el Gobierno ha aprobado un techo de gasto récord para los Presupuestos de 2027, un total de 226.032 millones de euros, lo que supone un 6,6 % más que el año anterior. Lo ha hecho después de tres ejercicios consecutivos gobernando con unos Presupuestos prorrogados, los que fueron aprobados para 2023. Y lo ha hecho con la enésima promesa de que presentará presupuestos, aunque salvo sorpresa mayúscula, sabe que las cuentas son las de lechera y que están, una vez más, condenadas al fracaso. Simplemente esta situación esperpéntica ya da una idea del paripé que supone aprobar un gasto para unos Presupuestos que no serán aprobados. 

Cabe reflexionar sobre el fondo de lo presentado y preguntar al Gobierno no tanto por cuánto se va a gastar, que, en su caso, siempre será más, sino cómo se va a pagar. La experiencia nos enseña que las cuentas públicas exigen algo más que buenas intenciones. España sigue afrontando importantes desafíos en deuda, productividad y crecimiento a largo plazo. Por eso, cada nuevo incremento del gasto debe ir acompañado de transparencia, evaluación y eficacia. 

En el gasto se trasparenta una declaración de prioridades y, consecuentemente, una prueba de responsabilidad a la hora de manejar el dinero de todos. No se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Independientemente de la situación insostenible por falta de Presupuestos Generales, los ciudadanos tienen derecho a saber qué prioridades justifican los aumentos históricos y también qué reformas garantizarán que no se conviertan en una carga para las próximas generaciones.