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El presidente Donald Trump anunció este sábado nuevos aranceles del 30% a las importaciones provenientes de la Unión Europea y México, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Las medidas fueron comunicadas oficialmente a Ursula von der Leyen y Claudia Sheinbaum mediante cartas publicadas en Truth Social.
Trump reconoció la cooperación mexicana en materia fronteriza, pero fue claro: “lo que ha hecho México no es suficiente”, subrayando que la seguridad y soberanía estadounidense no son negociables. Sobre la UE, Trump advirtió que si empresas del bloque trasladan su producción a EE. UU., podrían evitar estos aranceles, incentivando la manufactura nacional.
Además, Trump planea subir la tasa arancelaria base al 20% para todos los países que no lleguen a un acuerdo bilateral. "Todos van a pagar", sentenció.
El presidente Donald Trump ha iniciado una transformación histórica en el gobierno federal. Este martes, tras una decisión clave de la Corte Suprema que dio luz verde a despidos masivos, al menos 1,300 empleados del Departamento de Estado fueron despedidos, marcando el inicio de lo que Trump denomina "una limpieza necesaria de la burocracia federal".
Este movimiento fue posible gracias al fallo de la Corte Suprema que eliminó una orden judicial nacional, permitiendo al Ejecutivo tomar decisiones administrativas sin bloqueos federales generalizados.
Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro anunció un superávit de $27 mil millones en junio, el primero desde 2017, también durante la presidencia de Trump. El logro se debe al enorme aumento en la recaudación de aranceles, que llegaron a $27 mil millones en el mes, un 301% más que el año pasado.
Mientras presiona a la Reserva Federal para reducir las tasas de interés —que ya han elevado el costo del servicio de la deuda a $84 mil millones mensuales—, Trump también ordenó una investigación por corrupción y despilfarro en la renovación de la sede de la Fed, un proyecto de $2.5 mil millones que incluye comedores VIP y jardines en la azotea.
En medio del debate sobre inmigración y con un posible cambio en la administración presidencial, millones de inmigrantes viven con miedo e incertidumbre sobre su estatus legal en Estados Unidos. Sin embargo, existen protecciones federales específicas que impiden la deportación de ciertos grupos, sin importar quién esté en la Casa Blanca.
Estas personas, si cumplen con los requisitos legales, no pueden ser deportadas por USCIS, y en muchos casos, incluso pueden encaminarse a una residencia permanente legal.
Grupo 1 – Víctimas de abuso o trata:Incluye a quienes han solicitado Visa U, Visa T o VAWA. La protección aplica incluso si la solicitud aún está pendiente. También se extiende a hombres y a hijos de víctimas.
Grupo 2 – Solicitantes de asilo o refugiados: Personas que han huido de violencia, persecución o amenazas, como pandillas o violencia doméstica, están protegidas si tienen asilo aprobado o en proceso.
Grupo 3 – Personas con enfermedades graves: Enfermedades como cáncer, VIH, diálisis, y condiciones cardíacas que no se pueden tratar en el país de origen pueden impedir la deportación. También están protegidos sus cuidadores principales, como padres o hijos.
Grupo 4 – Militares y sus familias: Miembros activos de las Fuerzas Armadas y veteranos con baja honorable tienen protecciones casi absolutas.
Grupo 5 – Peticiones familiares aprobadas (I-130): Quienes tienen aprobada una petición familiar —ya sea por cónyuge, padre o hijo— tienen protección adicional.
Sin embargo, hay acciones que pueden anular estas protecciones: mentir al gobierno, tener ciertos antecedentes penales, salir del país sin autorización, o no mantener datos actualizados con USCIS.