Los diputados Agustín Romero (Republicanos) y Ximena Ossandón (RN) defendieron que la reforma constitucional en materia de seguridad permanezca en el Congreso, pese a las críticas transversales que provocó la iniciativa y a las voces que piden al Gobierno retirarla.

Romero afirmó que quitarle la urgencia fue una decisión "lógica y evidente" para buscar acuerdos, pero advirtió que el debate debe desarrollarse públicamente en el Parlamento. "El lugar donde hay que discutirlo es en el Congreso Nacional. Retirar el proyecto no va a hacer que el problema del narcotráfico y el crimen organizado desaparezca", sostuvo el diputado republicano.

Por su parte, la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, también cuestionó aspectos centrales de la reforma. Advirtió que no se puede dejar una Constitución habilitada para que una futura autoridad haga un uso indebido de facultades excepcionales. Pese a ello, la legisladora respaldó que el proyecto continúe su tramitación y valoró la decisión de retirar la suma urgencia.

Desde la oposición, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, rechazó que retirar la iniciativa implique trasladar el debate a una negociación a puertas cerradas. El legislador calificó la reforma como "innecesaria" y "riesgosa para la democracia", y planteó que el Ejecutivo debe concentrarse en una agenda de más de 30 proyectos de ley sobre seguridad.


En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, descartó que los partidos opositores busquen negociar fuera de las instituciones. "Ni cocina ni al golpe avisa, porque de lo que se trata es de un proceso con transparencia total frente a un tema muy sensible y de primer orden", manifestó.

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Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, descartó que el Ejecutivo tenga una orientación autoritaria o iliberal, y sostuvo que la amplitud de la propuesta puede ser interpretada como una táctica para iniciar su negociación en el Congreso. "Yo lo que creo aquí es que el Gobierno, más bien básicamente por cómo se retrotrae, el Gobierno tiró el tejo pasado. Esa es mi impresión", afirmó.

Sebastián Depolo, integrante de Rumbo Colectivo, rechazó la tesis del "tejo pasado" y cuestionó que la seguridad pueda utilizarse como una herramienta de negociación política o legislativa. "Yo no creo en la tesis del tejo pasado, o si hay tejo pasado, lo encuentro de una irresponsabilidad absoluta", respondió.

Luis Ruz, presidente del directorio del Centro Democracia y Comunidad, coincidió en que la discusión debe considerar el equilibrio entre los poderes del Estado y no limitarse a la eficacia o popularidad de las medidas. Según explicó, la propuesta invierte la lógica habitual de los estados de excepción porque "en vez de que el Poder Legislativo autorice primero, acá la propuesta del Gobierno más bien el Presidente actúa y luego el Congreso revisa", sostuvo.

Rodrigo Ubilla, director del área política y sociedad de Libertad y Desarrollo, defendió la necesidad de entregar nuevas herramientas al Estado ante la expansión del crimen organizado, pero llamó a determinar primero qué materias deben quedar en la Constitución y cuáles pueden regularse mediante leyes orgánicas.

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Según el excanciller Ignacio Walker, la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y la acción comunicacional de traslado de reos a Talca marcan la llegada al país de la política al estilo Bukele: "la semana pasada Nayib Bukele hizo su entrada en la política chilena, el plan Cancerbero, con su fanfarria comunicacional, pero sobre todo la reforma constitucional sobre seguridad, corresponden al método Bukele: efectismo comunicacional y una reforma iliberal, que atenta contra aspectos básicos del régimen constitucional y democrático chileno".

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) planteó que "todos tenemos claro que hay que detener el crimen organizado, el terrorismo, los problemas del narcotráfico, si el problema es porqué lado se baja uno del caballo (...) es importante el modelo de contrapesos y esta reforma tiende olímpicamente, por los menos por 240 días, a saltarse al Congreso y al Poder Judicial. Yo prefiero que sea lento, la democracia no es la más rápida, pero a la larga es la mejor, que sea lento pero que haya debido proceso", insistió.

El diputado republicano Luis Sánchez Ossa recalcó que "obviamente este es un proyecto de ley de alto impacto, es un tema muy relevante porque va al nervio de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día, la crisis de inseguridad y muchos de ellos pasan por la interpretación que en tribunales se da de ciertas normas y como eso impacta en lo que todos solemos denominar la 'puerta giratoria' y el garantismo".

Finalmente, el exministro Cristián Monckeberg (RN) lamentó que "la discusión central se la lleve una reforma que a todas luces hay que mejorar, pero yo prefiero la discusión honesta, legítima, en el Congreso, de un proyecto como esto, que me imagino va a tener muchas modificaciones, a no hacer nada o a hacer más de lo mismo".

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Economistas coinciden en que el país no llegará a cumplir las metas de crecimiento esperadas por el Ministerio de Hacienda durante este año, en medio de una recesión técnica por haber llegado a dos trimestres con cifras negativas en esta materia.

El exministro Carlos Ominami planteó que "lo que tenemos aquí en Chile formalmente es una recesión técnica, porque tuvimos un primer trimestre con crecimiento negativo y el dato que hay es un crecimiento levemente negativo también para el segundo trimestre. Esto no hay que sobreinterpretarlo, pero me parece que el dato más inquietante es que la inversión tampoco repunta. El aumento es del orden del 2 por ciento, la confianza empresarial incluso ha disminuido".

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, comentó que "efectivamente el crecimiento para este año es difícil, prácticamente imposible, que llegue al 1,8 como espera Hacienda, porque para que eso pase el segundo semestre tendría que tener un crecimiento cerca del 4 por ciento, que es muy poco probable que se dé".

Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, compartió "la preocupación respecto a la inversión. Uno esperaba que las expectativas hubieran sido mejores, que los números hubieran sido distintos. Hay que ver lo que viene, no sabemos si a lo mejor estaban esperando que se aprobara el proyecto con la rebaja tributaria y ahí tomar decisiones de inversión, puede ser, vamos a verlo en el futuro, pero eso es lo que me parece más preocupante y ojalá que cambie".

Rodrigo Wagner, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostuvo que "estamos en una inesperada crisis de expectativas, todos los indicadores de expectativas salieron bajos y se está contagiando con las expectativas empresariales. Hay una preocupación mayor, no es extrema, pero es importante (...) debiéramos converger a crecer en algo así como un 2 y tanto por ciento".

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El diputado y vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, advirtió que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno no tiene viabilidad en sus actuales condiciones, debido a las atribuciones que entrega al Presidente de la República y a la ausencia de control del Congreso durante su aplicación. "Yo creo abiertamente, y lo digo con total responsabilidad, que el proyecto en las condiciones que hoy día ha sido presentado no tiene ni una posibilidad de convertirse en ley y ser reforma constitucional", sostuvo el parlamentario oficialista.

El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, respaldó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y aseguró que el texto presentado recogió parte de las aprensiones manifestadas por su partido ante el borrador inicial. Sin embargo, reconoció que la propuesta deberá ser discutida y modificada para conseguir los votos requeridos.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, sostuvo que la controversia no enfrenta a quienes defienden la seguridad con quienes buscan mantener la situación actual, sino que plantea una discusión sobre los límites democráticos del poder presidencial. "El debate que el gobierno nos ha propuesto es un debate entre democracia y autoritarismo. Y eso es", afirmó.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, acusó al Ejecutivo de promover una herramienta que podría utilizarse contra sectores opositores y puso en duda su eficacia para enfrentar la crisis de seguridad. Couble también cuestionó la ausencia de control parlamentario y planteó que una situación extraordinaria podría ser discutida rápidamente por el Congreso.

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El diputado socialista Raúl Leiva acusó al Gobierno de impulsar una discusión que "vuelve a polarizar al país" mediante la reforma constitucional de seguridad ingresada al Senado, que contempla un nuevo estado de excepción, inhabilidades para condenados y regímenes penitenciarios diferenciados.

"Creo que lo que se hace es polarizar y profundizar una discusión", afirmó Leiva, quien agregó que la propuesta abre un debate "que vuelve a polarizar al país y pone o enfrenta a los buenos y a los malos, como se pretende hacer". El legislador llamó al Ejecutivo a abordar la delincuencia con una mirada transversal y recordó que la creación del Ministerio de Seguridad Pública buscó instalar esta materia como una política de Estado.

El diputado republicano Agustín Romero rechazó las críticas y defendió la necesidad de modificar la Constitución para enfrentar la realidad actual de la delincuencia. "A ese hay que combatirlo con toda la fuerza que se pueda. Y si es necesario modificar la Constitución, bueno, tendremos que modificarla", enfatizó.

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo aseguró que varias de las críticas formuladas contra el primer borrador fueron recogidas por el Ejecutivo antes del ingreso de la reforma. "A todos nos hubiese gustado que hubiese un mejor trabajo prelegislativo, pero tanto la intervención de Andrea Balladares como la intervención de Guillermo Ramírez son anteriores a las modificaciones que el Gobierno introdujo al proyecto", explicó.

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El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, advirtió que la reforma constitucional sobre seguridad puede terminar jugando en contra del Gobierno, debido a que algunas de las medidas conocidas contemplan inhabilidades, nuevas facultades y restricciones de derechos.

Arqueros sostuvo que comparte los reparos planteados por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien advirtió que, en las condiciones conocidas hasta ahora, su partido no puede respaldar las modificaciones porque debilitan la institucionalidad.

Un planteamiento más cauteloso expresó Álvaro Pezoa, presidente del directorio de Ideas Republicanas, quien llamó a esperar el ingreso formal de la reforma antes de evaluar sus disposiciones.

Pezoa sostuvo que modificar la Constitución no constituye por sí mismo un problema, siempre que las medidas propuestas tengan una justificación y permitan combatir de mejor manera al crimen organizado.

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El diputado republicano Luis Sánchez defendió en El Primer Café el vistoso despliegue comunicacional adoptado por el Gobierno el jueves durante en el traslado de reos peligrosos a la nueva cárcel de Talca, en el marco del denominado "Plan Cancerbero".

"Yo no lo encuentro para nada exagerado. Esto es una señal no sólo para la ciudadanía -que sin duda es muy importante (darla)- sino también para el crimen organizado", dijo Sánchez

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre señaló que el epílogo de la megarreforma tributaria del Gobierno de José Antonio Kast, disputado una vez finalizada la fase de su tramitación regular en el Congreso, fue "correcto" y "apropiado desde la lógica económica".

Aunque el militante PPD mantiene su visión mayormente crítica sobre la iniciativa, valoró que el Tribunal Constitucional haya acotado la aplicación de la invariabilidad tributaria, haya dejado sin efecto la indemnización a inversionistas por resoluciones de calificación ambiental revocadas, y que el Gobierno repusiera, vía veto presidencial al Congreso, la norma sobre anatocismo.

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El economista Alejandro Micco señaló que las medidas proteccionistas impulsadas por Donald Trump están configurando un escenario global que recuerda en alguna medida a la Guerra Fría, y que es probable que permanezca incluso cuando él ya esté fuera de la Casa Blanca.

El académico de la Universidad de Chile comentó los dichos del embajador de China, Niu Qingbao, quien -aludiendo a Estados Unidos- llamó a Chile a "resistir con firmeza" las injerencias externas que intentan "limitar o debilitar la cooperación" y el comercio.

El economista Gustavo Díaz, del Instituto Libertad, opinó que "la globalización es una tendencia que ya está instalada y es muy difícil echar marcha atrás, pero sí va a haber ajustes. La globalización nos pasó por el lado muy rápido y no estuvimos preparados para tomar mecanismos que pudieran canalizar las distintas fuerzas que se fueron generando. Y desde esa perspectiva resurgen estos sentimientos proteccionistas", indicó.

"Aquí lo engancho con la invariabilidad tributaria: a mí no me extrañaría que de aquí a poco andar viéramos otros países tomando medidas como nosotros acá en Chile", dada la necesidad de "eliminar la discrecionalidad y generar condiciones para que los inversionistas puedan saber bajo qué reglas van a tributar durante la vida de los proyectos", señaló Díaz.

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Los secretarios generales del Frente Amplio, Andrés Couble, y del Partido Republicano, Vicente Bruna, sostuvieron un rudo debate a propósito de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.

Couble abrió los fuegos señalando que el FA reconoce a la seguridad pública como "una de las principales urgencias ciudadanas", pero se quejó de que, en la discusión de medidas particulares, la derecha suele imputarle una "defensa de los delincuentes y del crimen organizado", lo que estimó "un poco ridículo y una simplificación del debate".

"Me parece complejo que no estén disponibles a cortarles derechos a delincuentes, a criminales", respondió Vicente Bruna. "En Chile la realidad actual implica que el crimen organizado tortura personas, descuartiza personas, aparecen personas en contenedores bajo tierra... ¿Cómo es posible que el Frente Amplio pretenda que se mantengan esos derechos sociales a personas como ellos, si son criminales?", se preguntó.


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