Un intenso cruce de opiniones se produjo este miércoles en El Primer Café de Cooperativa, a causa de la forma en que reaccionó el Presidente José Antonio Kast a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la absolución del teniente en retiro de Carabineros Claudio Crespo pese a que se acreditó que fue un disparo suyo el que dejó ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, afirmó que "con el tuit del Presidente Kast se rompe una tradición republicana: que los Presidentes de la República no comentan las sentencias judiciales. Los presidentes de la República, además, representan al país en su conjunto. Aquí el Presidente no puede ignorar que hay una parte de la ciudadanía que obviamente se distancia de esta decisión, que hay una parte de ciudadanos que con dolor ven esta decisión".

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo reconoció que "la situación del diputado Gatica es un drama humano que uno tiene que respetar y entender. Respecto a las declaraciones del Presidente, yo no coincido con Alejandra. Es distinto que los presidentes opinen respecto de causas en proceso, pero cuando hay una sentencia firme ya dada en la última instancia, me parece que el Presidente perfectamente puede dar una opinión que es además una opinión de respaldo a Carabineros".

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, planteó que "lo que le ha tocado vivir (a Gustavo Gatica) es muy duro, tanto por quedar ciego luego de asistir a una manifestación como todo este proceso judicial donde efectivamente, como él mismo señala, se acredita una verdad, que es que Claudio Crespo fue quien disparó y quien lo dejó ciego, pero lamentablemente no encuentra justicia. Me parece que las palabras del Presidente Kast son totalmente inadecuadas y bastante indolentes", añadió.

A su vez, Eduardo Cretton, diputado y vicepresidente de la UDI, cambió el tono del debate al emplazar a Couble: "La memoria es bien frágil porque él está criticando al Presidente Kast por querer indultar carabineros y se le olvida que en su gobierno (del Presidente Gabriel Boric) se indultaron delincuentes. Yo creo que es mucho mejor indultar a un carabinero que defendió la democracia durante el estallido que indultar a personas condenadas y que son delincuentes".

El Primer Café, con Cecilia Rovaretti.

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Tras la reunión que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo el lunes con los presidentes de los partidos de oposición, donde se presentaron las propuestas de los alcaldes de esos partidos para las compensaciones al Fondo Común Municipal, la senadora Paulina Vodanovic rechazó que el ministro Alvarado planteara que hubo "una actitud lamentable de la oposición" y acusara que se busca "torpedear" el proyecto.

"Creo que esas palabras no se condicen con el tono de la reunión ni con la conducta que nosotros mostramos de ser firmes en lo que es una posición de política pública respecto de la redistribución, de que no todo Chile termine trabajando para los vecinos del distrito 11 (sector oriente de Santiago). Nosotros en ningún momento fuimos a decir que vamos a obstaculizar, pero así como el ministro del Interior señala que se necesitan dos para dialogar, lo mismo le digo yo", expuso la también presidenta del Partido Socialista.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, agregó que "cuando se reúnen personas la expectativa es que esto podría ser un pequeño movimiento que ayude a crear mejores condiciones para mejorar todas las inequidades que tiene la legislación vigente. La gente se abre a una posibilidad, pero no hay ni una disposición, con buena letra, con buen tono. Desde el punto de vista de los contenidos, se mostró una posición inamovible absolutamente a todas las peticiones".

Por su parte, el diputado Agustín Romero (Republicanos) ironizó con el conflicto al exponer la firma por parte de municipios a favor de la solución presentada por el Ejecutivo: "Son 162 que están a favor de las compensaciones, comunas ricas como Talca, como Linares, Rengo, veo aquí Sagrada Familia. Yo voy a desdramatizar este tema. Hoy día tienen la responsabilidad los senadores de si quieren o no quieren compensación, y punto. La reforma está aprobada en su gran mayoría. Si quieren compensación, bien. Si no quieren compensación, también bien".

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) reforzó lo planteado por Romero: "El proyecto está prácticamente cerrado, los temas ya están avanzados. Invariabilidad tributaria, a mí me hubiese gustado que por ejemplo el Partido Socialista, el PPD votaran a favor de su propuesta, que fue la que acordó el gobierno en invariabilidad tributaria. Y en esto de las compensaciones, yo creo y ahí comparto lo que dice el ministro Alvarado: yo creo que se percibe cierto aroma a obstruir, a complicar, a atentar contra un proyecto que tiene que avanzar".

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Álvaro Pezoa, presidente de Ideas Republicanas, centro de estudios vinculado al Partido Republicano, reconoció que la colectividad por la que fue elegido Kast para asumir la Presidencia "ha llegado al gobierno en solo cinco años de vida y, por momentos, a algunos de sus miembros los domina una excesiva ansiedad. Falta un poco de asentamiento y de madurez para acompañar al Presidente con menos ruidos en los medios. Hay una cierta impaciencia e inmadurez de entender que ya no se es partido de oposición, sino que se es partido de gobierno".

Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, centro de estudios de la Democracia Cristiana, planteó que "las derechas tienen un problema de definición, no solamente práctico respecto de la agenda de gobierno, sino también sobre el tipo de sociedad que quieren representar. Comparten un adversario, que es la centroizquierda o la izquierda, pero no comparten un proyecto de sociedad".

Rodrigo Ubilla, director del área política del instituto Libertad y Desarrollo, cercano a Renovación Nacional, defendió la postura de la timonel de dicho partido ante la polémica levantada en torno a Codelco: "Yo creo que Andrea Balladares lo dice claramente: ese no es el eje de este gobierno. El eje del gobierno está en los temas que conocemos y en mejorar la situación. Aquí no es que no tengamos una visión; hay un acuerdo de todos los partidos que apoyan al gobierno del Presidente Kast en función de una agenda que él definió para la segunda vuelta: ahí es donde está el esfuerzo".

Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad, vinculado al Partido Socialista, apuntó a que todas estas descoordinaciones han generado la caída sostenida de la aprobación del Gobierno en las encuestas: "Si uno toma las tres encuestas de ayer y las promedia, ejercicio que se hace habitualmente, la desaprobación está en 58 por ciento y la aprobación en 32 por ciento. Para esto una de las razones es que ha habido una tremenda promesa. Había la promesa de que las cosas iban a cambiar.

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Los panelistas de El Primer Café valoraron las declaraciones emitidas por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien calificó como "muy decepcionantes" los juicios emitidos por ministros chilenos -entre ellos los titulares de Agricultura y Defensa- respecto al gravamen arancelario del 12,5% impuesto a Chile por la administración de Donald Trump.

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, cuestionó severamente que la representación diplomática estadounidense reaccione molesta cuando el país afectado simplemente expresa indignación ante una medida unilateral de carácter proteccionista. "Estados Unidos actúa como un matón, nos ponen un arancel de la noche a la mañana. Es increíble: o sea, el ofensor se da por ofendido", añadió en referencia a los dichos de Judd.

El excanciller Ignacio Walker recordó que "hace 20 días, en la reunión del canciller Pérez Mackenna con el secretario de Estado Marco Rubio, el canciller chileno dijo que Estados Unidos es el principal socio estratégico de Chile. Y resulta que 20 días después, ese principal socio estratégico castiga a Chile con un arancel de 12,5%. Con Argentina, Javier Milei; con El Salvador, Nayib Bukele, se fijó un arancel de 10%. Con esos amigos no necesitamos", criticó.

La economista Bettina Horst afirmó que "acá quedan, cada vez, más preguntas que respuestas satisfactorias que a uno le permitan entender una lógica más coherente, más predecible, con lo que hoy día se está haciendo desde Estados Unidos". En esa línea, Horst defendió la reacción de los ministros sectoriales señalando que "son preguntas legítimas que hay que hacerse y que yo espero que también se estén haciendo en Cancillería".

Mientras que el exministro Cristián Monckeberg puso el acento en la forma en que el embajador interpeló públicamente a las autoridades locales, sugiriéndoles informarse mejor sobre los alcances del TLC. "Él manda al ministro de Agricultura a leer el tratado. O sea, lo trata de ignorante. Le está diciendo: 'Oiga, usted no ha leído, vaya a leerse el tratado, estúdielo y después hable'. A lo mejor vamos a tener que acostumbrarnos también a esta nueva realidad, a embajadores de este tipo que parecen más un parlamentario".

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En medio del debate por una eventual entrada de capitales privados a Codelco, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco apuntó a un problema que, a su juicio, antecede a la discusión sobre privatización: el nivel de endeudamiento que ha sostenido a la estatal en sus últimos grandes proyectos.

El economista comentó que "quizás se nos ha pasado un poco la mano y hemos estirado mucho el chicle de la deuda. Y ahí está la pregunta: de qué forma puedo tener una gobernanza que me permita tener niveles de inversiones de largo plazo, pero que sí tomen en cuenta los riesgos efectivos de cada uno de los proyectos".

Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, coincidió en el diagnóstico y fue más allá. Para el experto, "el problema de Codelco no es la propiedad, es la estructura financiera, son también algunos problemas de gobernanza (...) una empresa que tiene una deuda de 26 mil millones no puede seguir financiando sola todos los proyectos que tiene de aquí a los próximos años. Esto va a colapsar en algún momento".

Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo, vinculó el endeudamiento con la falta de reinversión: "En vez de capitalizar y promover con mayor claridad la inversión, es más fácil -en el corto plazo- pedir que se le entreguen todas las utilidades en vez de recapitalizar".

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Sobre la propuesta del presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, de privatizar Codelco, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, manifestó que "el instalar esta discusión esta semana por parte del Partido Republicano tiene más bien una intención de (...) una cortina de humo por el tema de las contribuciones", y la compensación al fondo municipal que se discutirá en el Congreso tras caerse en la megarreforma del Gobierno.

A juicio de Couble, volver a hablar de la privatización de Codelco "es la agenda que nos trae de vuelta a un sistema totalmente donde todo se lleva a los privados, algo que ni la dictadura se atrevió a hacer, que fue privatizar Codelco. O sea, privatizó un montón de empresas públicas que regaló a precio de huevo a sus amigos, pero con Codelco no se metió".

La secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, coincidió en el diagnóstico de fondo, apuntando a una contradicción central en el planteamiento republicano. "Si no se tiene recursos, ¿qué sentido tenía impulsar una reforma tributaria donde íbamos a tener menos recaudación de impuestos?", cuestionó, agregando que el debate real que subyace es sobre "un modelo de sociedad, el rol del Estado".

Por su parte, el diputado republicano Stephan Schubert afirmó que "estoy de acuerdo con que tengamos la discusión de qué vamos a hacer y si vamos a seguir exactamente igual o no", mientras el diputado Luis Pardo (RN) remarcó que "Codelco está totalmente desfinanciado, tiene una deuda que ya va llegando a los 30.000 millones de dólares", matizando con que "las utilidades muchas veces van al Estado y no se hacen las inversiones, por lo tanto el modelo de gestión de Codelco sin duda que está haciendo agua y hay que buscar una solución".

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El diputado del Partido Republicano criticó que "aquí se le está mintiendo a la gente. Las comunas más pobres tienen los recursos asegurados desde el principio de esta reforma. Son los alcaldes de izquierda los que han agregado recursos que nunca tuvieron esos municipios, que nunca tuvo el Fondo Común Municipal para agrandar este fondo común".

Jorge Guzmán, diputado de Evópoli, agregó que "yo puedo entender el punto respecto de si es legítimo o no financiar a las comunas más altas respecto de lo que van a dejar de percibir con impuestos generales y lo considero válido, pero ¿por qué si ellos mismos propusieron y exigieron una compensación, hoy día son ellos mismos quienes critican la modalidad de compensación?".

A su vez, el diputado PPD Raúl Soto expuso que "con la fórmula que hay hoy día, se castiga a esas comunas pequeñas, se castiga a esas comunas rurales y se beneficia con recursos de todos los chilenos a las comunas más grandes, especialmente las del sector oriente de Santiago. Hay una situación de desproporción, de desigualdad y de inequidad que merece ser conversada y abordada".

Mientras que Lautaro Carmona, presidente del PC, apuntó que "aquí no se toma en cuenta para qué existen los tributos, por qué se pagan impuestos. Porque es una forma que tiene el Estado, cualquiera sea quien lo gobierne, de recibir ingresos para aplicarlos en políticas públicas. Y eso significa y tiene por nombre en forma indirecta redistribución de la riqueza".

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Claudio Arqueros (UDI), director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, respaldó la necesidad de sacar adelante la megarreforma, apuntando que "aquí no hay un proyecto país. Eso lo hemos venido viviendo los últimos casi los últimos 10 años y esto da cuenta de aquello. Lo importante es que el Gobierno, que ganó con un amplio respaldo, está cumpliendo un compromiso y yo creo que la legitimidad la tiene".

Por su parte, el exsubsecretario Rodrigo Ubilla (RN), director del área política de Libertad y Desarrollo, indicó que "la ley de Reconstrucción que planteó el Presidente Kast tiene que ver con un enfoque distinto, con una estrategia distinta de cómo se han planteado los últimos gobiernos en cuanto a fomentar el desarrollo y el crecimiento en el país. Pienso que debiera ser un proyecto que trascienda un gobierno específico", agregó.

A su vez, Ricardo Solari (PS), presidente del directorio del Instituto Igualdad, apuntó que "la última decisión respecto de que de fondos generales se les inyecten recursos a los municipios más ricos -es decir, que la gente más pobre de Chile contribuya a financiar el déficit eventual presupuestario de Las Condes- me parece que queda totalmente consagrado. La naturaleza regresiva del proyecto quedó de modo cruelmente expresada en esa última decisión", señaló.

Y el presidente del directorio de la fundación Democracia y Comunidad, Luis Ruz (DC), criticó que "lo que hizo finalmente el Gobierno fue algo distinto: no solamente para el Fondo Común Municipal, sino que destinar una cantidad de recursos para los municipios directamente afectados. ¿Y eso qué significa en los hechos? Que de los recursos de todos los chilenos íbamos a terminar entregándole recursos a aquellos municipios que ayudaban, porque podían, al Fondo Común Municipal".

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El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) calificó de "obra de fanáticos" el proyecto "Escucha su corazón", y reveló en El Primer Café que "yo pasé por una de estas circunstancias de inviabilidad de la vida, que fue atroz. Llegó a término por supuesto y nació, y murió, y francamente yo no sé en qué mente puede concebirse que la madre tenga que escuchar los latidos del corazón de un niño que va a morir. No tengo palabras para decir el horror que me crea una cosa como esta, no tengo palabras".

En la misma línea, el excanciller Ignacio Walker (independiente ex DC) aseveró que "este proyecto de ley es completamente aberrante. Empezar a introducir matices, la excepción a la regla, creo que nos desvía del tema central y de fondo, que es el desgarro cruel, degradante, respecto de la mujer que experimenta cualquiera de las tres causales. Creo que esto debe ser rechazado de plano", añadió.

Para el exministro Cristián Monckeberg (RN), "el proyecto a mí no me gusta. Yo creo que un Estado puede hacer muchísimo por ayudar a evitar que haya una interrupción del embarazo, cualquiera sea la razón que se haya planteado, desde el punto de vista del acompañamiento, de la ayuda, del apoyo. ¿Va a cambiar la opinión de una persona escuchar los latidos? No sé. Creo que puede ser tortuoso, puede ser complejo y yo creo que es de aquellos proyectos que no van a avanzar", adelantó.

Mientras que Bettina Horst (Fundación Libertad y Desarrollo) matizó la conversación precisando que "siempre una situación de aborto es una situación muy difícil emocionalmente para la mujer y para su grupo cercano. En ningún caso debería someterse a la mujer a esto, ni siquiera debería plantearse. En el caso de violación a mí me parece que eventualmente en los casos donde no hay una denuncia ante los tribunales, ahí uno pudiera debatir", señaló.

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Sobre el debate político por las compensaciones al Fondo Común Municipal, tras la decisión de eximir del pago de contribuciones a todos los mayores de 65 años de edad, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, Álvaro García-Marín, sostuvo que "me parece nefasto que no se haya aprobado (en la Sala), porque la verdad es que si esto no pasa en agosto no van a haber compensaciones, lo cual es tremendo para las finanzas de las municipalidades".

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, recalcó que "lo que el proyecto compensa es la parte que se pierde del Fondo Común Municipal, lo que dijo el gobierno es que se iba a asegurar de que todas aquellas comunas de menos ingresos que reciben plata del fondo, se les va a dar la plata del fondo. Hay que mirar la medida en su conjunto y aquí se está analizando qué se hace con aquellas personas que están en su pensión (y no pueden pagar contribuciones)", valoró.

Por su parte, Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo, planteó que "es lamentable que se haya legislado de esta manera respecto a esta materia, porque durante las últimas semanas el Ejecutivo ha planteado que este proyecto de ley ha sido particularmente relevante por la necesidad de fortalecer y potenciar el crecimiento. Son alrededor de 30 mil millones de pesos al año que se van a tener que financiar con impuestos de todos los chilenos, suplementando lo que dejan de pagar las personas de mayores recursos", puntualizó.

Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, comentó que "son 80 mil millones que se van a devolver a las municipalidades que habían cobrado en el pasado o que están cobrando actualmente las contribuciones, además del Fondo Común. Tiene consecuencias sobre el presupuesto nacional, dependiendo de cómo esto opere. Me parece que la ley es lamentable, pero es lo que hay y ahora va a haber que aclarar cómo se hace no más", agregó.

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