Una vez más se transfiere a una ley la misión de penalizar al díscolo. Lo hicimos una vez más. Esta vez, el instrumento sancionado por el Congreso -probablemente, otro mamarracho jurídico- determina que la autoridad de aplicación podrá retirar licencias y subsidios a empresas concesionarias del transporte público que extorsionen con reguladas, dejando abierta la puerta al pago de fuertes multas y hasta penas de cárcel por frustrar el normal funcionamiento del transporte urbano.