EN LA MIRA

En medio de la crisis del agua que atraviesa Jalisco, ha surgido una nueva polémica: la supuesta intención de Israel de privatizar y apropiarse del agua de los mexicanos.El nombre que aparece en estas acusaciones es Mekorot, una empresa pública israelí especializada en la administración y distribución del agua, que anteriormente ha colaborado con autoridades mexicanas en proyectos de asesoría técnica.¿Y esto es algo malo? No, para nada.Israel es uno de los mayores referentes mundiales en administración del agua. Un país que, a pesar de encontrarse en una región desértica y con recursos hídricos limitados, consiguió desarrollar agricultura en zonas áridas, sistemas de desalinización y una infraestructura capaz de abastecer a millones de personas.Su sistema de distribución incluso ha suministrado agua a la Franja de Gaza. Y resulta lamentable que organizaciones terroristas como Hamás y la Yihad Islámica Palestina hayan utilizado tuberías de agua para fabricar cohetes.Pero volvamos a México.Ahora nos quieren vender el cuento de que los israelíes pretenden apropiarse de nuestra agua y llevársela a su país. Algo que, por decirlo menos, me parece infantil.Yo me pregunto: ¿cómo piensan hacerlo?¿Van a construir un ducto gigantesco que atraviese más de 12 mil kilómetros? ¿Se van a llevar el agua en pipas? ¿En helicópteros? ¿O van a llenar garrafones y subirlos a un avión?A Israel le resulta mucho más barato desalinizar agua del Mediterráneo que transportarla desde México. De hecho, lleva décadas desarrollando precisamente esa tecnología.Y tampoco hay evidencia de que Jalisco haya entregado su sistema de agua a Mekorot.Lo preocupante es cómo una crisis legítima, provocada por años de deficiencias en el suministro y la calidad del agua, puede convertirse en terreno fértil para difundir acusaciones sin sustento.Una cosa es exigir agua limpia, reclamarle al gobierno y pedir cuentas por el deterioro de la infraestructura. Otra muy distinta es utilizar el descontento para promover la idea de que Israel viene a robarnos el agua.En mi opinión, detrás de parte de esta narrativa hay también un interés político: aprovechar una crisis local para alimentar el rechazo contra Israel y golpear a gobiernos estatales que no están en manos de Morena.Y mientras la discusión pública se concentra en un supuesto saqueo internacional, los problemas reales del agua siguen esperando una solución.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, no trata sobre el cambio climático: trata sobre cómo el poder fabrica la realidad con palabras. Fracasó en taquilla porque dice una verdad incómoda que nadie quiere oír. Pero me deja un dilema sin resolver: esta crítica brillante a la manipulación del discurso la firman autores que callan ante la realidad de su propio país. ¿Se puede separar la obra de quien la escribe?

Una reacción natural

La vi en una función organizada por la empresa donde trabaja mi esposo. Nadie de mi grupo era mexicano; ninguno sabía quién es Sabina Berman, y a Iñárritu apenas lo ubicaban. Fueron por Tom Cruise. Pero los vi entretenidos y varias veces los oí reírse a carcajadas. Yo no tanto: no es una comedia ligera, es una comedia de humor negro muy fuerte, de esas que te hacen reír por lo ridículo y luego te dejan incómoda. No está hecha para pasar un buen rato, sino para hacerte pensar. Y lo hace de manera magistral.

Al salir, alguien dijo en inglés una frase que no se me ha olvidado: “This is too real”. Lo curioso es que la película no tiene nada de realista.

Un fracaso con todas sus letras

Que nadie se engañe: Digger es un fracaso comercial. En su primer fin de semana recaudó 8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y unos 20 millones en todo el mundo. Quedó en quinto lugar. Es el peor estreno de Tom Cruise en casi veinte años, desde Lions for Lambs en 2007. El estudio dice que costó 125 millones; la prensa especializada reporta que el rodaje se alargó y el costo subió a entre 160 y 180 millones, más unos 100 millones en publicidad. Se calcula que Warner podría perder alrededor de 150 millones de dólares.

¿Por qué no fue la gente? Se han dado varias razones. La crítica se dividió casi exactamente a la mitad, con reseñas de una estrella junto a reseñas de cinco. El público que sí fue le dio una C+ en CinemaScore, la encuesta que se hace a la salida de la sala. El estudio, en lugar de esconder la división, la convirtió en anuncio: carteles con pares de adjetivos opuestos, como “desagradable” y “obra maestra”, para que cada quien decidiera. Durante meses se guardó con cuidado de qué trataba realmente la película, lo que la hacía difícil de explicar en un tráiler. Y está Cruise, irreconocible bajo el maquillaje, lejos del héroe que su público espera ver.

Está, además, el panorama. Las películas más vistas del año son Spider-Man, La Odisea, Toy Story 5, Michael y la de Mario Bros: secuelas, franquicias, biografías. En ese menú, una sátira negra de dos horas que te regaña tenía pocas posibilidades.

Pero hay algo más, y me parece lo más interesante. En la película hay un científico que descubre lo que está pasando, va a explicarlo ante la asamblea de la ONU, dice la verdad… y lo sacan a patadas. Nadie le cree, nadie quiere oírlo. Resulta irónico que Digger esté sufriendo el mismo destino que su científico.

No es una película sobre el clima

Tom Cruise es Digger Rockwell, un magnate petrolero, “el hombre más poderoso del mundo”, cuya empresa provoca una catástrofe ecológica. En lugar de asumirla, se lanza a convencer al mundo de que él es su salvador.

El cambio climático es el escenario, el pretexto. Lo que la película realmente cuenta es cómo el poder fabrica la realidad con palabras. El propio Iñárritu lo ha confirmado: el título original era Blah, Blah, Blah, en referencia a la lengua, esa arma terrible capaz de hacernos creer lo que no vemos. De su personaje dijo que era alguien que había seducido a la realidad para que le diera la razón.

La historia del desastre se representa como una obra de teatro, interpretada por personas ajenas a lo que ocurrió —y, al parecer, víctimas ellas mismas de la catástrofe—, frente a un público que sigue padeciendo sus consecuencias. La realidad, en miniatura, delante de quienes la sufren. No es una idea nueva: Hamlet monta una obra que reproduce el crimen frente al rey culpable, y el documental The Act of Killing puso a los autores de unas masacres en Indonesia a recrearlas ante la cámara. Pero pocas veces la he visto usada con tanta fuerza.

Luego está la asamblea de la ONU. Todos gritan, se interrumpen, se atacan; nadie escucha. Igualito que en el Congreso mexicano: oficialistas y opositores, cada quien atendiendo su propio interés, nadie dispuesto a escuchar la verdad. Ahí da Digger su gran discurso, y alguien le lanza un zapato que le pega en la cara. Es inevitable recordar a George W. Bush en Bagdad, en 2008, cuando un periodista iraquí le lanzó dos zapatos. Bush los esquivó; Digger no.

Y el discurso es extraordinario. Digger reparte la culpa: el desastre es de todos, porque todos queremos energía, todos queremos YouTube, todos queremos inteligencia artificial. Lo terrible es que tiene razón. Somos parte del problema.

Pero esa verdad, en boca de Digger, también es una coartada. Si la culpa es de todos, deja de ser de nadie en particular, y el poderoso se diluye en la multitud. Que la verdad más incómoda de la película la pronuncie precisamente el manipulador me parece lo más inquietante, y lo más lúcido, de todo el guion.

Por eso digo que Digger va mucho más allá del clima. Lo mismo podría contarse sobre la inteligencia artificial, sobre una guerra nuclear o sobre cualquier fanatismo, incluidos esos políticos que todo lo quieren resolver con oraciones e imposición de manos, que la película también retrata. Es un llamado a despertar ante nuestra propia autodestrucción: la de los poderosos que manipulan y la de los indiferentes que se dejan manipular.

Y también podría contarse sobre México. Pocas cosas muestran mejor el poder de una narrativa que lo que pasó con Ayotzinapa. López Obrador, que ya había perdido dos elecciones, hizo de la desaparición de los 43 normalistas —un “crimen de Estado”— una pieza clave del discurso con el que por fin llegó al poder. Ya en el gobierno, los padres de los estudiantes terminaron rompiendo con él, y hoy siguen reclamando respuestas.

Esfuerzo humano, con alma

Guste o no la película, hay que aquilatar lo que hicieron. Iñárritu cargó esta idea casi diez años. Pasó dos años y medio intentando levantar una versión anterior, todavía más cara, que se le vino abajo. La filmó en película de 35 milímetros, con VistaVision, un formato de los años cincuenta. Un estudio apostó 125 millones de dólares por una sátira sin ninguna garantía, y hoy esa apuesta se está perdiendo. No imagino que Iñárritu la esté pasando bien.

En una época en que se habla de películas hechas por inteligencia artificial, Digger es exactamente lo contrario: un grupo de personas que se arriesgó en serio, con oficio y con alma. Puede gustar o no. Pero es esfuerzo humano, y eso, especialmente en estos tiempos, merece respeto.

La participación de Sabina Berman

El guion de Digger lo firman Iñárritu, sus coguionistas de Birdman —Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, con quienes ganó el Óscar— y Sabina Berman, que además aparece en la historia original y como productora. Iñárritu dice que la idea le nació tras El renacido; Berman, que surgió de su preocupación por el cambio climático. No sabemos con exactitud cuánto aportó cada uno. Mi lectura es que el personaje es de Iñárritu, y que el marco climático y el desarrollo de la historia fueron trabajo compartido con Berman, su primera colaboradora en el proyecto. Su participación es real, y está reconocida en los créditos como debe ser. Reconocer una autoría no equivale a respaldar a la persona: si aportó a la obra, merecía el crédito, nos guste o no.

Mi dilema

Aquí empieza mi problema. Conozco el trabajo de Sabina Berman desde hace muchos años. La veía en Shalalá, el programa de entrevistas que hacía con Katia D’Artigues en TV Azteca, cuando trabajaba para Ricardo Salinas Pliego. Hacía preguntas excelentes. Tiene un talento evidente para el lenguaje, escribe bien, es inteligente. Eso es innegable.

Pero no la soporto, y tengo muchas razones. Entre otros muchos escándalos, Sabina Berman es la prueba de que eso de la «honrosa medianía» no aplica en este régimen. Canal Once, un canal público pagado con nuestros impuestos, le pagó cerca de cinco millones de pesos entre 2019 y 2024 por John y Sabina y luego por Largo Aliento. En 2021 cobraba unos 474 mil pesos al año; para 2023 ya pasaba del millón. Le doblaron el pago. ¿A cambio de qué? De nada que se vea en pantalla, salvo de su cercanía con el poder. Así consta en los contratos públicos del Portal Nacional de Transparencia, revisados por la revista Etcétera. Está, también, su entrevista de 2023 a Delfina Gómez, a quien presentó como maestra con dos maestrías cuando ya se había señalado plagio en una de sus tesis y no había pruebas de la otra; lo documentó la misma revista. Y está el retrato idealizado de Claudia Sheinbaum, hecho con inteligencia artificial, que publicó en redes: una imagen fabricada, justo lo que denuncia la película. Le llamaron «intelectual chatarra», y con razón: su devoción por la presidenta es tan burda que resulta transparente, una lisonja permanente. Yo lamento que haya desaparecido aquella periodista crítica de sexenios pasados. Eso es lo que más me molesta.

No es lo único. Durante más de diez años trabajó en TV Azteca, y en todo ese tiempo nunca criticó a la empresa ni a su dueño. Solo empezó a hacerlo cuando salió de ahí; desde entonces no ha parado de atacar a Ricardo Salinas Pliego. Por eso Grupo Salinas, en una carta pública de 2020, la llamó «ingrata» y «al servicio del dinero». No les falta razón. Cuando presumió que jamás había comprado en Elektra, dejó ver su desdén por una tienda que permite a millones de familias pobres hacerse de un electrodoméstico. Y la bloqueé hace tiempo porque se ha convertido en una de las voces más fuertes a favor de que el gobierno, con mano de hierro, regule y acote la libertad de expresión de todos los mexicanos. Hay quien, por eso, la ha comparado con Goebbels. Yo no hago esa comparación, pero entiendo de dónde viene: es una propagandista.

Iñárritu, en cambio, es admirable como artista; tiene mi admiración. Pero desde que la 4T llegó al poder no le he oído una sola crítica al gobierno. En mayo de este año, al ingresar a El Colegio Nacional —la institución que reúne a los científicos, artistas e intelectuales más destacados del país—, celebró la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia como un triunfo contra el machismo. Ni una palabra sobre las madres buscadoras, ni sobre los periodistas que asesinan uno tras otro, ni sobre el cobro de piso, ni sobre la trata de mujeres, ni sobre la corrupción que atraviesa al gobierno. Los reportes que todos conocemos, como los de México Evalúa, lo dejan claro: hay menos muertos contados, pero no un país más seguro. ¿Cómo puede hacer todo eso a un lado?

Esa es la paradoja que no me deja en paz. Un cineasta capaz de diseccionar con esta lucidez cómo el poder reparte la culpa para no asumirla, cómo cambia la narrativa para que la realidad le dé la razón, no aplica esa misma lucidez a su propio país. Su crítica alcanza para los millonarios estadounidenses, para la ONU, para los predicadores. No alcanza para sus amigos. Eso tiene un nombre: indolencia, la de quien elige no ver. Qué curioso que observe con tanto detenimiento, pero solo hacia un lado.

No dudo que en México haya quien no fue a verla por la presencia de Berman. No es la única razón del fracaso, y fuera de México ni siquiera cuenta: en Estados Unidos nadie sabe quién es. Pero la pregunta queda. ¿Por qué permitir que una obra así cargue con ese bagaje? Como diría Juan Gabriel: ¿pero qué necesidad?

El debate sobre si se puede separar la obra del autor no es nuevo, ni está resuelto. En 1999, cuando la Academia le dio un Óscar honorario a Elia Kazan, parte del público se negó a aplaudirle, porque en los años cincuenta había delatado a sus colegas ante el comité anticomunista del Congreso. Roman Polanski ganó el Óscar a mejor director en 2003 por El pianista siendo prófugo de la justicia estadounidense. Y en el extremo están las películas de Leni Riefenstahl, que se siguen estudiando como cine mientras se condena sin reservas al régimen nazi al que sirvieron. Ninguno de esos casos se compara con el de Berman; los menciono porque muestran lo difícil que es la pregunta.

Mi postura es esta: la obra no se cancela. Digger es muy buena, el guion es muy bueno, y hay que decirlo, porque el compromiso de quien escribe es con la verdad. Pero el criterio con el que Iñárritu eligió a sus compañeros de viaje sí merece una crítica pública. Él parece creer que una buena obra se juzga sola, aunque la escriba el diablo. En otro caso estaría de acuerdo. Aquí creo que tiene que hacerse cargo de lo que significa con quién se junta.

El teatro de la verdad

No soy crítica de cine. Soy una espectadora que ha visto miles de películas a lo largo de su vida, porque es uno de sus entretenimientos favoritos. Me marcaron Coppola, Kubrick, Tarantino, y casi nada reciente se les acerca. Digger sí.

En buena parte, por Tom Cruise. Hasta donde sé, no es un actor de teatro, y aquí le tocó hacer teatro dentro del cine. Lo hace de manera prodigiosa. Su discurso ante la ONU ocurre en lo más parecido a un escenario que tiene la película, y también en lo más parecido al teatro de nuestro tiempo: las redes sociales, donde todos gritan, nadie escucha y gana quien mejor cuenta su versión.

Esa es la verdad incómoda de Digger: la narrativa ya la controlan los poderosos. Lo vemos con el clima, lo vemos con la política y lo estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, ese miedo que muchos compartimos a que la especie humana termine por desaparecer, mientras quienes la fabrican nos cuentan cómo debemos entenderla. Y la película lo dice en voz alta. Pero qué paradoja: como a su científico, nadie la quiere escuchar.

Hay una última paradoja, quizá la más honda. El poder y la riqueza que Digger critica son los mismos que la hicieron posible. ¿Quién más tiene 125 millones de dólares para invertir en una obra de arte? Iñárritu tuvo que pedirle «al sistema» el dinero para denunciarlo, y el sistema se lo dio, quizá porque sabe que una verdad dicha en una sala vacía no le hace daño.

Iñárritu pasará a la historia como alguien capaz de retratar la realidad con maestría. Pero solo la realidad que le conviene. Para la otra, la que no le conviene, parece no tener ojos. Eso se llama hipocresía.

Yuri Pérez escribe sobre derecho, geopolítica, cultura y sociedad.

En esta audiocolumna, Arturo Herrera propone detenernos en una palabra que se usa cada vez más y ya significa otra cosa. Cuando un concepto histórico termina convertido en insulto para descalificar todo aquello con lo que se discrepa, quizá convenga preguntarnos qué estamos perdiendo en el camino.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

I. La llegada

Hace unos días vino a verme una de mis mejores amigas. Aquí la voy a llamar Marina. Nos conocimos a los diecinueve años en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, y desde entonces han pasado más de treinta. Ella venía de un pueblo pequeño de Veracruz, de esos que el tiempo casi no toca: las mismas calles, la misma plaza, las mismas familias antiguas que hicieron fortuna con la tierra hace generaciones y que todavía se reconocen por el apellido.

Marina siempre fue alumna de diez. Estuvo en el cuadro de honor, las mejores calificaciones en los exámenes, entregaba todas las tareas. Estudió toda su vida en colegios privados; la universidad fue pública solo porque sus padres así lo decidieron. Después vinieron un buen empleo, un matrimonio, dos hijas, una maestría en derecho constitucional y varias herencias. Hoy vive de una panadería familiar que heredó, de esas de toda la vida, con empleados que hacen casi todo por ella. Una de sus hijas acaba de volver de un verano de intercambio en Estados Unidos; la otra está pasando un año escolar aquí, en Canadá. Este año Marina ha viajado dos veces a Europa. Es católica devota, profundamente mariana. Es, en suma, una mujer a la que la vida ha tratado bien.

Yo llevo dieciocho años viviendo en Canadá. Y durante siete días, con ella en mi casa, descubrí cuánto nos hemos separado. No en el cariño, que sigue intacto, sino en la manera de mirar el mundo.

El primer aviso fue pequeño. Marina comentó, con un dejo de reproche, que otra amiga nuestra, que también emigró y vive en un suburbio de Estados Unidos, anda todo el día en leggings, sin maquillaje, haciendo mandados. A las mujeres de nuestra generación y de nuestro medio nos educaron para no salir a la calle sin labial ni tacones. Yo también fui así. Pero aquí aprendí que nadie se arregla de gala para ir al supermercado, y que eso no es descuido: es otra forma de vivir. Para Marina era una falta. Para mí era una señal de que ya no estábamos viendo lo mismo.

II. El parquímetro de Montreal

Pasamos unos días en Montreal, en un hotel boutique instalado en un edificio antiguo del viejo sector de la ciudad, sin estacionamiento propio. Dejé el coche a la vuelta, en la calle, y pagué el parquímetro hasta las cuatro y media. El registro en la recepción se complicó y, cuando por fin terminamos, el tiempo estaba por vencerse.

Le dije a Marina que primero tenía que mover el coche a un estacionamiento cercano, o al menos dejar las maletas en la puerta y llevarlo de inmediato, porque si no, me iban a multar. A ella le pareció una vuelta absurda. Lo práctico, decía, era subir primero las maletas y ya después ver lo del coche. Y entonces dijo algo que no he podido olvidar:

«Yo nunca podría vivir en un país donde tienes que mover el coche porque se te venció el parquímetro».

No lo dijo en broma. Lo dijo como quien describe una incomodidad insoportable: un lugar donde las reglas se cumplen porque, si no, hay consecuencias. Ella prefiere un lugar donde uno se estaciona donde puede y no pasa nada. Y si pasa algo, se arregla.

Esa frase, que parece trivial, es la clave de todo lo que quiero contar.

III. Dos Méxicos

Durante la visita, Marina se quejó de lo caro y lo complicado que había sido el trámite para que su hija estudiara en Canadá. Lo comparó con México, donde, me dijo, el gobierno les da dinero a los jóvenes solo por estudiar. Sus dos hijas reciben las becas del Bienestar, que son universales para estudiantes de su edad. Le respondí que sí, que México reparte becas, pero que también es un país mucho más pobre, con hospitales sin medicinas, un rezago educativo alarmante, corrupción y regiones enteras donde el Estado ya no manda. No insistí. No era el momento.

Unos días después organicé una cena con amigos. Ahí Marina habló con amargura de Felipe Calderón: dijo que con él hubo guerra, que en Boca del Río aparecían cuerpos en la calle, y que Morena trajo la paz a Veracruz. Subió un poco la voz al defender a López Obrador y a la Cuarta Transformación.

Lo de Boca del Río ocurrió. En septiembre de 2011 abandonaron treinta y cinco cadáveres en una avenida de la zona turística, a plena luz del día. Fue una imagen brutal y nadie que viviera en Veracruz la ha olvidado. Lo que me desconcierta es que sea lo único que Marina recuerda. Como si después de 2018 el estado se hubiera quedado en silencio.

No se ha quedado en silencio. En junio de este año, en Nanchital, un video de treinta y cinco segundos mostró a dos hombres encapuchados rompiendo a martillazos la puerta de la casa de la periodista Roxana Guzmán mientras alguien adentro gritaba que había un menor. Un mes después la encontraron muerta en un rancho. En julio de 2025, en Álamo, circuló el video de Irma Hernández, maestra jubilada y taxista, hincada frente a hombres armados que la obligaban a pedir a sus compañeros que pagaran la cuota. Apareció sin vida. La gobernadora Rocío Nahle dijo que había muerto de un infarto, «les guste o no».

Las cifras van en la misma dirección. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas superó las 135,000 personas a mediados de 2026; en mayo de 2022 eran 100,000. La extorsión alcanzó en el primer semestre de este año su nivel más alto en once años, con 6,562 víctimas registradas. Es cierto que el gobierno presume una baja de más de cincuenta por ciento en homicidios dolosos desde 2024, pero un país donde se mata menos y se desaparece y se extorsiona más no es un país en paz: es un país donde la violencia cambió de forma. Durante el sexenio de López Obrador, un estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley documentó el asesinato de 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos. En la economía, el sexenio pasado creció 5.5 % en total, el peor desempeño desde los años ochenta, frente a 8.6 % con Calderón y 11.6 % con Peña Nieto. En 2025, el primer año completo de Claudia Sheinbaum, el crecimiento fue menor a uno por ciento.

Y esta misma semana, The New York Times informó que dos agencias de Estados Unidos revisan señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, por presuntos vínculos con el crimen organizado y con el huachicol. No hay cargos formales y él lo niega. Pero que el hijo de un expresidente mexicano esté bajo esa lupa no tiene precedentes.

Nada de esto es secreto. Está en los periódicos, en los registros oficiales, en los videos que todos hemos visto. Y aun así, en el México de Marina no existe. Su México se parece mucho más al Xalapa de 1990, cuando íbamos a la preparatoria: no dejábamos la puerta abierta, pero tampoco nos cobraban piso ni desaparecían a nadie en la cuadra. Ese país ya no está. Ella sigue viviendo en él.

IV. Doña Perfecta

Durante su visita, Marina me mencionó Doña Perfecta, una película mexicana de 1951 dirigida por Alejandro Galindo y protagonizada por Dolores del Río. Lo hizo con cierto orgullo, como quien se reconoce en un retrato favorecedor: la señora de provincia, respetable, piadosa, dueña de su casa y de su pueblo.

Sospecho que no ha leído la novela. Doña Perfecta la escribió Benito Pérez Galdós en 1876, y la película la trasladó al México del siglo XIX, en plena guerra entre liberales y conservadores. Doña Perfecta es, en efecto, una señora rica, devota y venerada en su pueblo. También es intolerante y manipuladora. Cuando llega su sobrino Pepe Rey, un joven ingeniero de ideas modernas, ella teje intrigas para deshacerse de él. La historia termina con Pepe Rey muerto y con Rosario, la hija de Doña Perfecta, enloquecida. Doña Perfecta sigue adelante con su vida de rezos, convencida de su propia virtud.

No escribo esto para decir que Marina sea un personaje malvado. No lo es. Es generosa a su manera, trabajadora, disciplinada, y me quiere. Lo que Galdós retrató, con una ironía que empieza en el nombre, es otra cosa: la perfección como forma de ceguera. Una mujer tan segura de su bondad que no alcanza a ver el daño que ocurre a su alrededor. Marina eligió ese espejo sin saber cómo termina la historia.

V. El Estado de derecho es para los vulnerables

Marina estudió Derecho y tiene una maestría. Conoce, al menos en los libros, para qué sirven la división de poderes, los jueces independientes y las reglas que se cumplen. Y, sin embargo, aplaude la reforma judicial que convirtió a los ministros de la Suprema Corte en candidatos electos por voto popular, muchos de ellos sin una carrera judicial que los respalde. ¿Cómo se explica?

Después de mucho pensar, mi respuesta es esta: el Estado de derecho también protege a Marina —su panadería, sus herencias, los contratos de su familia—, pero ella puede sustituirlo. Tiene dinero, contactos y apellido. Conoce a todo su pueblo y todo su pueblo la conoce a ella. Si un agente de tránsito se acerca a multarla, hay maneras de arreglarlo. Si surge un problema, hay a quién llamar. Cuando la ley falta, a ella le cuesta poco. A los demás les cuesta todo.

La última vez que estuve en Xalapa vi un mercado popular, de esos de puestos y ropa barata, con casi todas las cortinas cerradas en un día normal. Los comerciantes ya no abren porque no les alcanza para pagar el derecho de piso. Ellos sí necesitan un Estado que funcione. Ellos no tienen apellido que los proteja.

Por eso a Marina le parece absurdo mover el coche antes de que venza el parquímetro. Para ella las reglas son una molestia, no un escudo, porque nunca ha necesitado que la protejan. Ha prosperado en un país donde la ley se negocia, y en ese país le ha ido muy bien. No echa de menos lo que nunca le ha hecho falta.

VI. La votante cómoda

Sería fácil decir que Marina es el votante típico de Morena, pero no lo es. El grueso de ese voto viene de los sectores con menos ingresos, de mucha gente que recibe programas sociales y que los vive como un cambio real en su vida. Según las encuestas de salida de 2024, entre los votantes de mayores ingresos Xóchitl Gálvez obtuvo cerca del 44 %, y entre quienes tienen estudios universitarios la votación quedó prácticamente empatada. Marina pertenece a ese otro grupo, más pequeño y más interesante: la votante cómoda. La que tiene todo para ver el problema y decide no verlo.

¿Por qué lo hace? Se me ocurren varias razones, y probablemente todas son ciertas al mismo tiempo. Apoyó a López Obrador públicamente desde 2018, y reconocer un error cuesta mucho, sobre todo a una persona orgullosa. Juzga el país por lo que vive en su casa, y en su casa todo va bien: las becas llegan, el negocio funciona y su pueblo está relativamente tranquilo. Su memoria se quedó con la violencia más espectacular, la de los cuerpos en la avenida, y no registra la más silenciosa, la de los desaparecidos y las cuotas.

Pero hay una razón que me parece más profunda. López Obrador habló siempre en clave moral, casi religiosa: «primero los pobres». A una católica devota ese mensaje le suena a caridad. Y la caridad es perfectamente compatible con el clasismo: el que da sigue arriba, el que recibe sigue abajo, y el orden de las cosas no se mueve. La justicia, en cambio, no es compatible con el clasismo. La justicia exige reglas iguales para todos, también para quien se estaciona donde no debe. Por eso Marina puede apoyar con entusiasmo un discurso a favor de los pobres y, en la misma conversación, burlarse del color de piel o de la ropa de alguien más.

Durante siete días no pude hablar de esto con ella. Conozco a Marina desde hace treinta años y sé que, si abría el tema, íbamos a terminar en una discusión desagradable, tal vez a gritos. Lo admito: yo tengo una predisposición a enojarme con todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación, y ella tiene una predisposición a enojarse con cualquier resistencia. Ella piensa que Calderón fue un desastre; yo creo que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Además, era mi invitada, estaba en mi casa, y no quería que el resto de la semana fuera un infierno para todos. Así que cambiamos de tema. Es lo que hacemos muchos mexicanos con nuestros amigos y familiares: hay temas que no se tocan porque son poner el dedo en la llaga.

Y aquí está la pregunta que quiero dejar a quienes aspiran a cambiar el rumbo del país: si yo, su amiga de treinta años, no pude tener esa conversación en siete días, ¿cómo piensa hacerlo un partido político? ¿Cómo piensa hacerlo un candidato de oposición en una campaña de tres meses?

No se va a lograr diciéndole a Marina que la engañaron. Nadie cambia de opinión porque le digan que fue ingenuo. Si alguien quiere llegar a ella, tendrá que hablarle de lo que de verdad le importa. De sus hijas, a las que manda al extranjero precisamente porque quiere para ellas un mundo con reglas. De su patrimonio, que depende de jueces independientes y de un tratado comercial que Estados Unidos se negó a renovar en su forma actual, con inversionistas que señalan la reforma judicial como uno de los focos rojos. Y de su fe. Marina adora a la Virgen María, la madre que acompaña a su hijo hasta el final y lo recibe muerto en sus brazos. En México hay miles de madres buscadoras que recorren predios con una varilla para encontrar los restos de sus hijos, y a las que el gobierno les regatea el reconocimiento. Si hay una imagen que Marina podría entender, es esa.

VII. Me duele porque la quiero

Marina ya regresó a México. Me dejó un poco de tristeza y muchas preguntas. Si no la quisiera, nada de esto me importaría. Me importa precisamente porque la quiero, y porque me duele ver a alguien tan inteligente, tan preparada y tan querida elegir no ver.

Me pregunto a veces cuál de las dos cambió más. Yo, sin duda. Emigrar te cambia la ropa, los horarios, la forma de hablar y hasta la forma de estacionarte. Pero los datos no cambiaron porque yo me haya ido. Los desaparecidos, la extorsión y los periodistas asesinados están ahí, se vean desde Canadá o desde la plaza de un pueblo veracruzano.

En unos meses, la hija de Marina volverá a México después de un año en un país donde, cuando se vence el parquímetro, uno mueve el coche. ¿A qué país va a volver? Esa es la pregunta que me hubiera gustado hacerle a su madre durante la cena, y que no me atreví a hacer.

Galdós no le dio a Doña Perfecta la oportunidad de ver a tiempo. Marina todavía la tiene.

Yuri Pérez escribe sobre derecho, geopolítica, cultura y sociedad.

México y Argentina están creciendo, pero no de la misma manera ni desde el mismo lugar. Arturo Herrera explica qué dicen realmente las cifras, más allá de la propaganda y del cherry picking de quienes sólo seleccionan los datos que sirven a sus agendas.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

En esta audiocolumna, Arturo Herrera explica que el nepotismo no sólo es consecuencia de la corrupción: también es un mecanismo de disciplina y control del régimen. Por eso florece en el obradorato.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

Hoy estrenamos Desde la música, una nueva sección de En la mira en la que Yuri Pérez parte de canciones, artistas y recuerdos musicales para contar historias y reflexionar sobre aquello que la música deja asociado para siempre a determinados momentos de nuestra vida.

La primera entrega se titula «Dolly, la montaña y yo». Yuri recuerda el momento en que, a los doce años, descubrió la música de Dolly Parton durante un viaje por carretera, mientras contemplaba las montañas de Xilitla, entre la neblina. Música, paisaje y memoria quedaron unidos desde entonces.

Desde la música será una sección de audio para suscriptores de pago, pero esta primera entrega quedará en acceso libre, para que todos puedan conocerla y escuchar el tipo de historias que iremos publicando.

Esperamos que la disfruten.

Yuri Pérez escribe sobre política, cultura, derecho y sociedad.

La Cuarta Transformación perfeccionó un método para enfrentar a sus críticos: destruir su reputación. Cuando aparece una investigación incómoda, una denuncia de corrupción o una opinión que contradice la propaganda oficial, el aparato político y mediático del gobierno se moviliza contra quien difundió el mensaje.Funcionarios públicos, gobernadores, dirigentes partidistas, medios afines y propagandistas emprenden campañas de desprestigio contra periodistas, opositores y ciudadanos. Inventan acusaciones, reciclan mentiras y presentan como sospechoso a cualquiera que cuestione al poder. Carlos Loret de Mola, Karla Estrella y muchos otros han enfrentado esa maquinaria. Algunos opositores incluso han padecido persecución judicial y encarcelamiento.La operación sigue una lógica sencilla: si Morena no puede desmentir las denuncias, intentará desacreditar a quienes las formulan. Si resulta imposible explicar un contrato irregular, una fortuna inexplicable o los vínculos de algún funcionario con personajes cuestionables, entonces conviene convertir al denunciante en el verdadero problema.De esa forma, la conversación pública deja de girar alrededor de la corrupción y se concentra en la vida, los antecedentes o los supuestos pecados del mensajero.Pero matar al mensajero no anula el mensaje.Una investigación sigue siendo válida si sus documentos son auténticos. Un contrato irregular sigue siendo irregular aunque el gobierno deteste a quien lo exhibió. Una denuncia sustentada conserva su importancia aunque los propagandistas oficiales dediquen semanas enteras a insultar a su autor.Sin embargo, estas campañas también persiguen otro objetivo: intimidar.Cada ataque funciona como una advertencia para los demás. El mensaje es claro: si cuestionas al gobierno, si investigas a sus funcionarios o si compartes información incómoda, pondrán toda su maquinaria a trabajar en tu contra.Quieren que periodistas, empresarios y ciudadanos se lo piensen dos veces antes de hablar. Quieren que el miedo haga el trabajo que sus argumentos no pueden hacer.El problema para Morena es que esta estrategia también produce consecuencias que los gobiernos autoritarios suelen calcular mal.Cuando el poder intenta destruir la reputación de alguien, también puede eliminar cualquier incentivo para moderarse. Una persona que ya fue difamada, perseguida o señalada públicamente tiene menos razones para guardar silencio y más motivos para responder con mayor determinación.Si el gobierno decidió atacarme incluso cuando digo la verdad, ¿por qué tendría que dejar de decirla? Si ya inventaron acusaciones, movilizaron propagandistas y buscaron desacreditarme, ¿qué ganaría con retroceder?La respuesta es evidente: nada.Por eso muchos periodistas y medios que han enfrentado estas campañas terminaron siendo más firmes, más confrontativos y más visibles. Cada intento de intimidación fortaleció su convicción de seguir investigando. Cada mentira fabricada confirmó que sus denuncias estaban tocando intereses reales.Hay lugares donde esta situación adquiere una gravedad todavía mayor. En Veracruz, gobernado por Rocío Nahle, el contexto de violencia contra periodistas convierte cualquier campaña de estigmatización en una amenaza que nadie debería minimizar.Morena ha intentado asesinar la reputación de innumerables críticos. Ha sembrado miedo, rencor y polarización. Ha empleado el poder público para convertir la discrepancia en una falta imperdonable.Pero también ha creado una generación de voces que entiende perfectamente lo que está en juego.Frente a un gobierno que pretende decidir quién puede hablar, qué puede investigarse y cuáles opiniones merecen castigo, ceder sería aceptar que la intimidación funciona.Por eso no podemos dejarnos.Si quieren callarnos, tendremos que gritar más fuerte.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

¿Alguna vez se han preguntado por qué tantos políticos de izquierda llegan al poder hablando de justicia, igualdad y defensa de los pobres, pero terminan rodeados de privilegios, fortunas inexplicables y gobiernos dedicados a exprimir a quienes producen?

Yo creo que una parte de la respuesta está en la propia estructura moral del socialismo.

El marxismo parte de una interpretación muy particular de la riqueza. En su teoría de la explotación, el trabajador genera un valor superior al salario que recibe y el capitalista se apropia de esa diferencia: el famoso plusvalor. De ahí surge una conclusión que ha contaminado buena parte del pensamiento socialista durante más de un siglo: si el empresario acumula riqueza, esa riqueza necesariamente tuvo que salir del trabajo de alguien más.

El problema no es solamente económico. Es moral.

Porque una vez que aceptas que la riqueza empresarial es esencialmente producto de la explotación, también aceptas que quitarle dinero al empresario deja de ser visto como quitarle algo legítimamente suyo. Se convierte en una especie de restitución.

Ahí comienza el verdadero peligro.

Desaparecen de la ecuación el riesgo, el ahorro, el capital, la innovación, la coordinación, el conocimiento, el talento empresarial, la capacidad para descubrir oportunidades y la posibilidad de perderlo absolutamente todo. El empresario deja de ser quien organiza recursos para producir algo que millones de personas voluntariamente desean comprar y pasa a convertirse en un explotador al que simplemente hay que tolerar hasta que llegue el momento de repartir lo que acumuló.

La desigualdad deja de ser un resultado que debe explicarse y se transforma automáticamente en una acusación.

Si alguien tiene más que yo, algo habrá hecho.

Si una empresa gana demasiado, seguramente abusó.

Si un empresario se hizo multimillonario, seguramente explotó trabajadores.

Y cuando conviertes esa sospecha en ideología, la envidia deja de ser un defecto humano para convertirse en una postura política respetable.

El marxismo hizo precisamente eso: convirtió el resentimiento en una explicación del mundo.

Por eso frases como “tax the rich” funcionan tan bien políticamente. No dicen simplemente que el Estado necesita recaudar determinado porcentaje para financiar ciertos servicios públicos. La carga emocional es otra: ellos tienen demasiado y nosotros tenemos derecho a quitárselo.

El lenguaje importa.

Nunca hablan de cuánto dinero debe conservar una persona después de pagar impuestos. Hablan de cuánto pueden quitarle.

Nunca preguntan cuánto Estado podemos financiar sin destruir los incentivos para producir. Preguntan cuánto más pueden pagar “los ricos”.

Nunca se preguntan si alguien merece conservar el resultado de décadas de trabajo, riesgo e inversión. La riqueza misma se convierte en prueba suficiente de culpabilidad.

Y esa lógica no necesariamente termina en los impuestos.

También puede convertirse en una extraordinaria coartada moral para la corrupción.

El político socialista puede convencerse de que él representa al pueblo y que quienes poseen capital representan a los explotadores. Entonces aparece una peligrosa deformación psicológica: apropiarse de recursos deja de sentirse como robo y comienza a sentirse como compensación.

Ellos robaron primero.

El sistema siempre estuvo amañado.

Los ricos se hicieron ricos explotándonos.

Ahora nos toca.

Es una racionalización extraordinariamente conveniente para alguien que acaba de llegar al presupuesto público.

Y así aparecen los revolucionarios con relojes de lujo, los enemigos del capitalismo viviendo como magnates, los dirigentes sindicales convertidos en millonarios y los políticos que llevan décadas hablando de pobres mientras sus familias descubren misteriosamente las bondades del patrimonio.

No significa que todo socialista sea corrupto. Evidentemente tampoco significa que todo político de derecha sea honesto. La corrupción existe bajo prácticamente cualquier ideología porque el problema del poder también es un problema de incentivos, controles e instituciones.

Pero precisamente por eso importa qué ideas utilizamos para justificar el ejercicio del poder.

Una ideología que enseña que la propiedad de determinadas personas es moralmente sospechosa proporciona una herramienta peligrosísima a quien controla el Estado.

Porque el saqueo ya no necesita llamarse saqueo.

Puede llamarse redistribución.

Puede llamarse justicia social.

Puede llamarse nacionalización.

Puede llamarse impuesto extraordinario.

Puede llamarse expropiación.

Puede llamarse aportación solidaria.

El nombre cambia. La pregunta fundamental permanece: ¿con qué derecho una persona dispone por la fuerza de aquello que produjo otra?

El socialismo también comete otro error fundamental: supone que la riqueza es esencialmente una cantidad existente que debe repartirse.

Pero la riqueza se crea.

Una computadora, un antibiótico, un avión, una plataforma tecnológica o una fábrica no aparecieron espontáneamente en la naturaleza esperando que algún político decidiera cómo distribuirlos. Fueron resultado de conocimiento, capital, experimentación, ahorro, organización, fracaso e innovación.

La gran batalla económica no consiste en decidir quién obtiene la rebanada más grande de un pastel fijo. Consiste en descubrir cómo hacemos crecer el pastel.

Y ahí el capitalismo tiene una ventaja moral y económica fundamental: para hacerte rico normalmente necesitas ofrecerle a otras personas algo que voluntariamente prefieran sobre el dinero que tienen en el bolsillo.

Steve Jobs no necesitó confiscar millones de cuentas bancarias para vender iPhones. Millones de personas decidieron voluntariamente entregarle su dinero a Apple porque consideraban que el producto valía más que el dinero que estaban entregando.

Esa diferencia entre intercambio voluntario y coerción es gigantesca.

El empresario tiene que convencerte.

El político puede obligarte.

Por eso siempre me preocupará mucho más un gobierno demasiado poderoso que un empresario demasiado rico.

Si no quiero comprarle al empresario, puedo marcharme.

Cuando el Estado decide quitarme la mitad de lo que produzco, la conversación es bastante distinta.

Por eso jamás apoyaría a un político socialista.

No porque crea que todos sean ladrones ni porque piense que todo programa social sea socialismo. Mi rechazo es más profundo: considero que el socialismo parte de una concepción equivocada de cómo se crea la riqueza y, todavía peor, termina otorgando una justificación moral para apropiarse de lo ajeno.

Y las ideas tienen consecuencias.

Primero te dicen que el rico obtuvo su dinero explotando.

Después te dicen que quitarle una parte es justicia.

Luego descubren que nunca es suficiente.

Y cuando finalmente destruyen los incentivos para invertir, ahorrar, contratar y producir, se sorprenden de que aparezcan escasez, estancamiento y fuga de capitales.

Entonces buscan un nuevo culpable.

El empresario.

El extranjero.

El especulador.

El comerciante.

El neoliberal.

Nunca la ideología.

Si queremos sociedades más prósperas, no necesitamos enseñarles a nuestros hijos a odiar al que tiene más. Necesitamos enseñarles cómo crear más.

Necesitamos instituciones que castiguen el fraude, la corrupción y los privilegios, pero que protejan con la misma fuerza la propiedad, la inversión y el intercambio voluntario.

Necesitamos un Estado que persiga al ladrón, no uno que compita con él.

Y necesitamos derrotar intelectualmente una idea que lleva demasiado tiempo presentándose como superioridad moral: que arrebatarle a unos para entregarles a otros automáticamente constituye justicia.

No.

La pobreza no se combate odiando la riqueza.

Se combate creando las condiciones para que millones de personas puedan producirla.

Y por eso al socialismo hay que derrotarlo donde debe derrotarse una idea equivocada: en las urnas, en el debate y, sobre todo, en las ideas.

Arturo Herrera escribe sobre economía, política y cultura. Director de La Derecha Diario México y colaborador en ADN Noticias.

Luisa María Alcalde presentó el 12 de agosto un supuesto “ecosistema de amplificación digital” de cuatro capas para probar que existe una operación coordinada contra el gobierno. No lo logró, por cinco razones.

Primero, confunde correlación con causalidad: que una publicación anteceda a otras y que varias cuentas compartan una narrativa parecida no prueba coordinación, de la misma manera en que salir de una cafetería minutos antes de un choque no prueba que la cafetería lo haya causado.

Segundo, que un medio o un periodista sea sistemáticamente crítico del gobierno no es, por sí mismo, evidencia de nada ilegítimo: es exactamente lo que se espera de una prensa libre.

Tercero, en ningún momento presentó contratos, instrucciones, pagos o comunicaciones que acrediten una orquestación entre las cuatro capas de su propio esquema —de hecho, su primera capa se origina y se legitima a sí misma, sin que exista un vínculo probado con las otras tres—; mostró publicaciones parecidas y consecutivas, no el mecanismo que las conectaría.

Cuarto, los particulares tienen derecho a organizarse, opinar y difundir información y posturas políticas, incluidas las que incomodan al gobierno: eso es libertad de expresión y de asociación, no una operación de injerencia.

Quinto, la prohibición legal de la injerencia extranjera está diseñada para proteger los procesos electorales —el financiamiento, la propaganda y la intervención directa en una contienda—, no para regular quién puede opinar sobre un gobierno o compartir información entre países.

Bajo ninguno de estos cinco criterios el montaje de Alcalde demuestra lo que dice demostrar: clasificó públicamente a sus críticos y llamó “análisis” a esa clasificación.

Luisa María Alcalde asegura que no hizo listas. Según ella, presentó el análisis de un mecanismo: un “ecosistema de amplificación digital” mediante el cual consultores, operadores políticos, medios, cuentas anónimas, bots, trolls, influencers y comentaristas difunden narrativas para desgastar a los gobiernos progresistas de América Latina.

Claudia Sheinbaum la respaldó. Alcalde volvió a defenderse ante los medios. Ambas insisten en que el propósito no fue señalar personas, sino explicar cómo funciona la desinformación y exhibir los intereses ocultos detrás de ciertas conversaciones digitales.

Su exposición no demuestra nada de eso.

Lo que presentó, en la conferencia “Derecho de Réplica” del 12 de agosto, fue un montaje deficiente, incompleto y contradictorio: 120 cuentas identificadas por nombre y repartidas en tres capas —medios y analistas políticos, políticos, y cuentas de ataque— más una cuarta capa de alrededor de 560 mil 520 cuentas señaladas como bots, en un monitoreo de siete meses (del 1 de enero al 8 de agosto) con más de 22 millones de publicaciones. Un conjunto variopinto de actores con funciones, métodos y responsabilidades editoriales completamente distintas, metido a la fuerza en las mismas casillas.

Puede llamarlo “análisis”, “mapeo” o “ecosistema”. Visualmente era una lista. Materialmente era una lista. Alcalde leyó en voz alta los nombres y los colocó dentro de capas que, según ella, integran una operación de injerencia contra el gobierno.

Si camina como lista, se presenta como lista y se lee como lista, es una lista.

Un descubrimiento que no descubre nada

Alcalde presenta su montaje como si hubiera descubierto el hilo negro. Pero el mecanismo que describe es antiquísimo: una fuente produce un mensaje, otros lo reproducen, se paga publicidad para ampliar su alcance, figuras con audiencia propia lo comentan y al final los medios lo incorporan a la conversación pública. Ocurre en campañas electorales, movimientos sociales, lanzamientos de películas y estrategias de mercadotecnia desde que existen los medios; las campañas de Obama fueron célebres precisamente por esa capacidad de amplificación digital.

Nada de eso prueba, por sí solo, una conspiración ni una intervención extranjera. Había que demostrar que los actores señalados formaban parte de una operación coordinada. Alcalde no lo hizo: colocó nombres en casillas, trazó una secuencia y dio por probado justo lo que tenía que probar.

Alcalde es abogada egresada con mención honorífica de la UNAM y tiene una maestría en Derecho por Berkeley. Con esas credenciales no hay margen para el beneficio de la duda: si de verdad cree que su montaje satisface un estándar serio de demostración, su criterio como funcionaria queda en entredicho. Y si sabe que no lo satisface y lo presentó de todos modos, no hay error de análisis: hay una decisión deliberada de usar el cargo para desinformar. Esta segunda opción es, con mucho, la más probable.

El ejemplo que desmiente el esquema

Alcalde ubicó a Javier Negre dentro de la Capa 1 de su esquema: la de “medios y analistas políticos”, 54 cuentas que, según ella, originan el mensaje y, al mismo tiempo, lo legitiman a través de investigaciones, noticias y opiniones. Dentro de esa capa citó, como uno de los picos de actividad del periodo analizado, la narrativa “Estado fallido” ligada a eventos deportivos —sin desarrollarla como un caso ilustrado paso a paso, sino como una cifra más dentro del recuento de publicaciones.

Ahí está el problema, y es distinto del que parecería a primera vista: el esquema no separa el origen de la narrativa y su legitimación editorial en dos momentos de una cadena causal. Los coloca en la misma capa, con las mismas cuentas, al mismo tiempo. Negre no salta entre categorías; es la categoría misma la que hace dos cosas contradictorias a la vez.

Si el origen del mensaje y su legitimación ocurren en el mismo paso, ejecutados por los mismos actores, no hay cascada que demostrar entre ambos: no existe un momento en que la narrativa nace y un momento posterior e independiente en que otros la validan. Es la misma cosa —una opinión publicada— descrita dos veces con verbos distintos para que parezca un proceso de dos etapas.

Lo que sí exigiría prueba es lo que ocurre después: cómo la Capa 1 se conecta con la Capa 2 (32 cuentas de políticos que, según Alcalde, “retoman y politizan” el contenido), con la Capa 3 (34 cuentas de ataque que “reempaquetan, editorializan y distribuyen” el mensaje, principalmente vía retuits y respuestas) y con la Capa 4 (el anillo de más de 560 mil cuentas que “replican los mensajes de las capas anteriores”). Alcalde no mostró instrucciones, materiales ni acuerdos que conectaran a Negre con algún político de la Capa 2, con alguna cuenta de ataque de la Capa 3, ni con el anillo de bots de la Capa 4. Mostró que existen publicaciones parecidas y consecutivas repartidas en las cuatro capas. No mostró el mecanismo que las uniría.

El esquema de agosto, además, no contempla la pauta publicitaria como una capa propia: no hay una categoría dedicada a contratos, facturas o responsables de pago. Eso significa que la pieza que más importaría para demostrar coordinación pagada —el dinero— quedó fuera de la taxonomía que la propia Alcalde construyó.

Afirmó la participación de cuentas de ataque y de un anillo de bots, y como evidencia exhibió que distintas cuentas compartieron o comentaron el mensaje, algunas —dijo— cada 33 segundos y con actividad hasta 21 horas al día. Ese patrón sí es indicio de automatización en varias cuentas puntuales. Pero no prueba que todas respondan a Negre, ni que compartir su publicación equivalga a recibir instrucciones suyas: puede hacerse por convicción, oportunismo, afinidad política o simple ganas de subirse a una tendencia. La amplificación orgánica ni siquiera aparece contemplada en el modelo: todo lo que coincide con una narrativa contraria al gobierno se incorpora automáticamente al mecanismo.

Su cascada tiene cuatro capas bien numeradas, con cuentas y publicaciones contadas una por una. Pero entre capa y capa —el tramo que debía probar coordinación— sigue sin haber nada más que la coincidencia temática y temporal. Usa flechas, capas y cifras exactas, y eso le da apariencia de precisión. Las cifras exactas tampoco sustituyen a las pruebas.

Tim Hortons no provocó mi accidente

Supongamos que entro a Tim Hortons —una cafetería— a tomarme un café, salgo, me subo al automóvil y minutos después otro conductor me choca.

Los dos hechos ocurrieron en secuencia: primero tomé un café en Tim Hortons, después tuve el accidente. Pero sería absurdo concluir que el café, o la cafetería, causaron el choque. Para responsabilizar al establecimiento tendría que demostrar un vínculo concreto entre ambos hechos; la simple proximidad temporal no basta.

Eso es exactamente lo que hace Alcalde. Muestra que una publicación aparece antes que otras, observa que varias cuentas comparten una narrativa parecida, y convierte esa secuencia en prueba de coordinación. Entre la publicación original y su amplificación falta justo lo que debía demostrar: el mecanismo causal.

No hay chats con instrucciones, correos o audios. Tampoco contratos, responsables identificados de la supuesta pauta, recibos, nóminas de bots, ni una cronología que muestre el traslado organizado del mensaje entre las capas.

Hay publicaciones parecidas y consecutivas. Eso puede probar correlación, coincidencia temática o propagación — no coordinación premeditada.

Alcalde tomó un café en Tim Hortons y después tuvo un accidente. Ahora quiere responsabilizar a la cafetería.

La lista que supuestamente no es lista

La defensa oficial es que no hubo listas, sino el análisis de un mecanismo. El argumento sería más convincente si Alcalde hubiera presentado un solo caso plenamente documentado: el origen de una instrucción, su financiamiento, la contratación de amplificadores, la cronología de publicaciones y su llegada a los medios.

En cambio, presentó datos de siete meses —del 1 de enero al 8 de agosto— sin explicar del todo el criterio de selección: ni el umbral de participación, ni la metodología para distinguir a un ciudadano convencido de un operador pagado, ni la información que sustentó cada clasificación dentro de cada capa. Ella misma habló de más de 22 millones de publicaciones y 560 mil cuentas bot en la conversación digital. ¿Por qué esas 120 cuentas identificadas por nombre encabezan las tres primeras capas, y no otras? No lo sabemos.

Los actores incluidos, además, no son homogéneos: un periódico con reporteros y procesos editoriales no funciona como un usuario anónimo de X, ni un conductor de noticias como un partido político, ni un comediante como una organización civil. Pese a eso, Alcalde los metió a todos en el mismo ecosistema opositor.

Un detalle la delata: al mencionar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, no usó su nombre real, sino el apodo despectivo que emplea el movimiento gobernante, “Mexicanos a Favor de la Corrupción”. Si la intención era exponer neutralmente un mecanismo técnico, la burla sobra. Y esa burla, ella sola, delata la intención política de todo el ejercicio.

No hay aquí un mapa aséptico de la comunicación digital. Hay la clasificación pública de los críticos que más incomodan al gobierno.

El sesgo que se delata solo

Todos los actores incluidos tienen algo en común: han difundido críticas, investigaciones u opiniones contrarias a Morena o al gobierno. No hay comparación con el ecosistema digital oficialista: no aparecen los medios, influencers y cuentas que amplifican las narrativas de la Cuarta Transformación, ni se estudia cómo las consignas oficiales viajan de una conferencia presidencial a legisladores, medios simpatizantes e influencers. El mecanismo solo se activa cuando la información perjudica al poder.

El sesgo se nota todavía más al incluir periódicos completos. En El Universal colaboran críticos del gobierno, pero también figuras identificadas con la Cuarta Transformación, como Lenia Batres. En Reforma escriben autores muy críticos, pero también colaboradores abiertamente favorables a Morena, como Vanessa Romero y Carlos Pérez Ricart.

¿Qué se clasifica exactamente? ¿El medio completo? ¿Una investigación? ¿Un editorial? ¿Algunos columnistas? ¿Cada cuenta que compartió una nota? La unidad de análisis cambia todo el tiempo: a veces es una persona, a veces una empresa, a veces una cuenta, a veces solo una postura política. Con una metodología tan elástica, cualquier resultado puede acomodarse de antemano.

La contradicción se vuelve aún más flagrante si se toma en serio el discurso oficial sobre la popularidad de Claudia Sheinbaum. El gobierno insiste en que cuenta con el respaldo abrumador del pueblo, informado y convencido. Pero si eso es cierto, un puñado de cuentas críticas no debería representar ninguna amenaza que justifique un montaje de este tamaño. Y si millones de personas pueden ser engañadas con tanta facilidad, esa supuesta solidez del respaldo popular es mucho más frágil de lo que el gobierno quiere admitir. El pueblo es sabio cuando vota por Morena y manipulable cuando lo critica: la autenticidad de la conversación pública depende, siempre, de si favorece o perjudica al poder.

“Me preguntaste con qué fundamento”

Esta forma de argumentar recuerda una conversación entre Ben Shapiro y Tucker Carlson sobre vehículos autónomos. Shapiro le preguntó a Carlson si prohibiría los camiones sin conductor para proteger los empleos de los transportistas. Carlson dijo que sí, de inmediato, bajo el argumento de la seguridad. Cuando Shapiro objetó que esos vehículos podrían ser más seguros que uno manejado por una persona, Carlson respondió, en esencia: “Me preguntaste con qué fundamento los prohibiría, no si ese fundamento era verdadero”.

Esa frase retrata exactamente el análisis de Alcalde. Su objetivo no era averiguar si la hipótesis era cierta, sino construir un fundamento con apariencia técnica para una conclusión política ya adoptada de antemano: existen críticos del gobierno, sus mensajes se amplifican, por lo tanto forman parte de una operación de injerencia. El fundamento puede ser endeble. Lo único que importa es que sostenga la conclusión.

El extraño “derecho de réplica” del gobierno

El programa que conduce Alcalde se llama Derecho de Réplica, pero no corresponde al sentido jurídico de esa figura. La ley reconoce ese derecho a las personas —también a los funcionarios públicos— frente a datos falsos que las aludan directamente y les causen una afectación. Una emisión desde el Poder Ejecutivo para clasificar críticos y denunciar presuntas redes opositoras no se vuelve legal solo porque el gobierno le puso ese nombre.

Alcalde no le pide a un medio que rectifique un dato falso sobre ella; usa recursos y canales oficiales para construir una contranarrativa gubernamental. Eso es comunicación política: un contraataque contra la prensa crítica y la oposición digital, disfrazado de garantía ciudadana.

Los mexicanos ya cuentan, formalmente, con mecanismos para defenderse de información falsa: pedir una réplica o, si hay daño demostrable, ir a tribunales. El problema es la confianza que merecen hoy esas instituciones. La reforma judicial llevó a los máximos cargos a figuras vinculadas con el movimiento gobernante, con la ayuda de acordeones de papel que le dijeron a la población por quién votar. Y la duda pesa todavía más cuando ministras como Lenia Batres —la llamada “ministra del pueblo”— exhiben abiertamente su lealtad a la Cuarta Transformación, o cuando Yasmín Esquivel sigue en la Corte sin que jamás se haya aclarado el escándalo del plagio de su tesis.

El gobierno dice defender a las audiencias mientras debilita la independencia de las instituciones ante las que esas audiencias deberían poder defenderse.

Lo que hacen otros países

En el Reino Unido, Ofcom recibe quejas ciudadanas y puede ordenar rectificaciones, multar o retirar licencias, pero es un regulador independiente, no la oficina jurídica del primer ministro; la prensa se autorregula además con IPSO. Canadá tiene un esquema similar con el CRTC y el CBSC. En ningún caso es el gobierno el que decide, en cadena nacional, qué periodista conspira.

En Estados Unidos, la FCC tiene atribuciones limitadas y no sustituye el criterio editorial de las televisoras. El intento de usarla contra Jimmy Kimmel lo demostró: tras unos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, el presidente de la FCC amenazó a ABC, la televisora suspendió el programa, y la reacción social fue tan fuerte que el programa regresó al aire. Fue presión gubernamental que encontró resistencia.

Alex Jones es un ejemplo todavía más claro. Sostuvo durante años que la masacre de Sandy Hook fue un montaje y que los padres de las víctimas eran actores. Esas familias fueron a tribunales y ganaron sentencias por más de 1,400 millones de dólares; no hizo falta que el presidente organizara una emisión semanal para clasificarlo dentro de un ecosistema de desinformación.

Esa es la diferencia entre proteger derechos y usar la protección de derechos como pretexto para administrar políticamente la verdad.

La Estafa Maestra y la memoria selectiva

Morena conoce el poder político de las investigaciones periodísticas y su amplificación. Durante años usó reportajes de medios críticos para construir las narrativas que la llevaron al poder: con Ayotzinapa y “¿Dónde están los 43?”, y con la Estafa Maestra, publicada originalmente por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Rosario Robles fue presentada como pieza central de esa trama y pasó tres años en prisión, la única exsecretaria encarcelada. Los tribunales terminaron absolviéndola, y la Suprema Corte dejó firme esa resolución. La absolución no vuelve falsa toda la investigación, pero sí demuestra que la culpabilidad penal que se le atribuyó públicamente excedió lo que el Estado pudo acreditar ante un juez.

A Morena no le importó entonces que una investigación periodística se amplificara hasta volverse narrativa política: la aprovechó. Ahora que ocupa el poder, presenta ese mismo proceso como evidencia de una operación ilegítima.

Supongamos que Alcalde tiene razón

Démosle, por un momento, todo el beneficio de la duda que no se ganó: que existen documentos, audios y conversaciones que acreditan coordinación; que hay financiamiento privado para promover contenidos críticos y cuentas que cobran por amplificarlos; que, incluso, toda la secuencia que propone Alcalde es correcta.

Sigue faltando la pregunta que en verdad importa: ¿cuál es el problema?

Si la información original es verdadera y las investigaciones documentan actos reales del gobierno, los ciudadanos tienen derecho a difundirlas, comentarlas, financiarlas y organizarse políticamente alrededor de ellas: eso es libertad de expresión y de asociación. Una red de ciudadanos contrarios al gobierno no es automáticamente una operación ilícita, como tampoco lo es una oposición organizada. Los partidos, movimientos y medios favorables a Morena hicieron exactamente eso durante décadas: investigaron, difundieron, financiaron y amplificaron narrativas para disputar el poder.

Lo único que decidiría el asunto es si la información es falsa, y ahí está el punto ciego del montaje de Alcalde: no se concentra en probar que los reportajes son falsos, sino en mostrar que circulan y producen narrativas contrarias al gobierno. Su problema no es la mentira. Es la oposición.

El ejemplo de “México es un Estado fallido” lo delata: no es una noticia verificable, es una valoración política. Puede ser exagerada, injusta o absurda, pero sigue siendo una opinión. Alcalde tomó esa opinión y la mezcló con medios que hacen investigaciones basadas en documentos y fuentes, borrando deliberadamente la diferencia entre una consigna y un reportaje.

¿Por qué esos nombres?

El montaje no demuestra coordinación entre capas, su primera capa colapsa origen y legitimación en los mismos actores, no hay evidencia de financiamiento y la selección de 120 cuentas identificadas no representa a los millones que integran la conversación digital de la que habla Alcalde. Entonces, ¿para qué exhibir los nombres?

Una posibilidad: el gobierno se blinda para escándalos futuros. Clasificar preventivamente a ciertos medios como parte de un ecosistema de desinformación permite desacreditar de antemano lo que publiquen después, o justificar la existencia del propio programa Derecho de Réplica y futuras intervenciones legales bajo la bandera de los derechos de las audiencias.

La lectura más inquietante es que la exposición funcione como advertencia. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y que el gobierno clasifique públicamente a periodistas y medios como parte de una operación para debilitarlo es, como mínimo, irresponsable. No hace falta suponer que el gobierno desea una agresión para reconocer el riesgo: el poder sabe que sus palabras tienen consecuencias, y que sus seguidores pueden leer el señalamiento como una autorización moral para hostigar. Quien gobierna tiene una obligación especial de prudencia, mucho más cuando no ha podido garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo.

La lección argentina

Morena debería observar la historia reciente de Argentina. El kirchnerismo fue durante años una fuerza dominante: construyó medios afines, sostuvo una larga guerra contra la prensa crítica e hizo del Grupo Clarín su antagonista principal, sobre todo tras el conflicto agropecuario de 2008. Nada de eso contuvo el hartazgo social ni evitó la llegada de Javier Milei —irónicamente, construido en buena parte en esos mismos medios, afines y contrarios al kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner terminó condenada y el peronismo perdió buena parte de su capacidad política. No fue la prensa la que lo destruyó: fueron sus propios resultados, sus contradicciones y su desgaste.

La misma lección vale para México. Un gobierno no puede controlar indefinidamente la conversación pública si la experiencia cotidiana de la gente contradice su propaganda. Puede señalar periodistas, inventar categorías, descalificar investigaciones y acusar injerencias. Lo que no puede es impedir que la población vea la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la incompetencia.

Mucho ruido y ninguna prueba

El montaje de Luisa María Alcalde tiene apariencia de investigación, pero no satisface ni siquiera sus propios parámetros. Nunca demuestra el vínculo entre sus cuatro capas ni acredita coordinación entre los señalados. Tampoco documenta financiamiento —su propio esquema ni siquiera contempla una capa de pauta publicitaria—, no identifica a un solo bot con nombre y apellido detrás del anonimato, ni distingue entre amplificación orgánica y pagada. Eligió 120 cuentas identificadas sin explicar plenamente el criterio, no comparó el ecosistema opositor con el oficialista, y mezcló opiniones, investigaciones, medios completos y cuentas individuales como si fueran lo mismo.

Lo único que hace con claridad es identificar públicamente a los críticos del gobierno y meterlos a todos en la misma narrativa de injerencia. Eso confirma que las listas no son un elemento accesorio del análisis: son su verdadero producto.

El gobierno puede insistir en que combate la desinformación. Pero sin pruebas suficientes, su ejercicio se parece menos a una investigación y más a un contraataque político disfrazado de metodología. Y ni siquiera es un contraataque competente.

Si esta es la artillería pesada del gobierno para controlar la conversación digital, va a fracasar. No se silencian millones de cuentas con 120 nombres repartidos en cuatro capas de una diapositiva. Podrá hostigar individualmente a periodistas, medios y opositores, desacreditarlos ante su base, lograr que una parte del público dude preventivamente de cualquier investigación futura. Lo que no puede es cancelar la realidad.

Mientras el gobierno no atienda la corrupción, la inseguridad y la impunidad; mientras responda a las investigaciones señalando al mensajero; mientras use el poder para clasificar críticos en vez de aclarar los hechos, las narrativas negativas van a seguir apareciendo. No porque Luisa María Alcalde haya descubierto una conspiración internacional, sino porque ningún diagrama de flechas sustituye a un buen gobierno.

Yuri Pérez escribe de cultura, sociedad, derecho y política.