Hoy no es un día fácil para las víctimas de ETA. No lo es porque, si se acercan a disfrutar de la Semana Grande de Bilbao, se toparán con las caras de los asesinos de sus familiares estampadas en camisetas, con un merchandising que convierte en icono a quienes segaron vidas inocentes. En algunas ‘txosnas’, las casetas que marcan el pulso de las fiestas, se exhiben estos objetos.
Tampoco es un día fácil para estas víctimas porque, a pesar de que asociaciones como la AVT habían pedido expresamente que no se celebrara la habitual manifestación de apoyo a los presos de ETA, la Fiscalía se ha opuesto.
La decisión reabre un debate incómodo: ¿hasta qué punto se puede permitir que el espacio público se convierta en altavoz de quienes legitiman el terror?
En el capítulo de hoy entrevistamos a Jorge Mota, concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián. Perdió a su hermano Ángel Jesús, funcionario de prisiones en Martutene, asesinado por ETA el 13 de marzo de 1990 mientras sostenía a su bebé en brazos.“Le pido a la sociedad, y especialmente a la vasca, que no mire hacia otro lado. Es una humillación directa a las víctimas”, lamenta. Para Mota, no es solo un acto inocuo. “No se trata de una manifestación inocente porque sus organizadores no son neutrales”, subraya.
El concejal insiste en que estos desfiles no son una reivindicación legítima sino una manera de normalizar el pasado más oscuro de nuestra historia reciente. “No podemos permitir que las calles se conviertan en un escenario para legitimar a los asesinos, son el pasado más oscuro de nuestra historia reciente”, advierte.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) había solicitado la prohibición de la marcha en favor de los presos vascos. Sin embargo, la justicia ha permitido que se celebre, apelando al derecho de manifestación.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, lo denuncia sin rodeos: “En las calles del País Vasco y Navarra se da una anomalía democrática homenajeando asesinos”, lamenta.“Se está pervirtiendo el lenguaje que blanquea y legitima a ETA. Al pedir “la vuelta a casa de los presos o exiliados, están admitiendo que estar en prisión no es legítimo”, afirma.