En órbita

Luis Abinader, quien llegaba como favorito en todas las encuestas locales, confirmó y fue reelecto presidente de República Dominicana.

En los comicios del domingo 19 logró el 59% de los votos, 30 puntos por delante de su principal rival, el expresidente progresista Leonel Fernández, con 27%. Tercero quedó el expresidente de la Cámara de Diputados y alcalde de Santiago, Abel Martínez, con el 10,7%.

En estos casi cuatro años de gestión, Abinader mantuvo una aprobación cercana al 70%.

"Se ratificó el liderazgo del presidente. (...) En República Dominicana las preocupaciones principales son el alto costo de vida y la seguridad ciudadana. Y en ninguna de estas la población culpa a Abinader; de hecho, ha sido empática", dijo a En Órbita Ángely Moreno, periodista y politóloga experta en Comunicación Política y Marketing Digital.

La entrevistada resaltó el manejo de la situación migratoria, en particular ante la grave crisis de seguridad del país vecino Haití.

Moreno reflexionó sobre los principales desafíos que deberá enfrentar Abinader en su nuevo mandato.

"Deberá avanzar en reformas necesarias que han sido postergadas, como por ejemplo un pacto fiscal, o en asuntos como salud y transporte. Y esto debería abordarlo en los primeros meses de su nueva gestión", apuntó la politóloga dominicana.

Además, abordamos la crisis diplomática entre Argentina y España, luego de que el presidente del país sudamericano, Javier Milei, de visita en Madrid, llamara "corrupta" a la esposa del mandatario local Pedro Sánchez.

Conversamos con Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, fuerza política de Sánchez) y diputada por Madrid.

En otro orden, fue desmantelada una red de trata de mujeres en Playa del Carmen (México) y se rescataron a 15 mujeres argentinas.

Entrevistamos a Viviana Caminos, defensora de Derechos Humanos y vocera de Red Alto al Tráfico y la Trata (Ratt-Argentina).

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El informe elaborado por la asociación civil Reinserta señaló que casi 250.000 niños y adolescentes mexicanos están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado.

La directora general de Reinserta, Mercedes Castañeda Gómez Mont, indicó que con estas cifras el país enfrenta un "grave problema".

“En este 2024, miles de niños y niñas están cambiando sus morrales por armas, por dinero ilícito, y no podemos dejarlo pasar", sostuvo.

Los menores son reclutados entre los 9 y 11 años para distintos delitos, entre ellos halconeo, transporte de sustancias, secuestros y sicariato.

"En el caso de los niños, también se revela una ruptura social que será difícil de reparar. Estos jovencitos reclutados por estas organizaciones es muy probable que mueran, terminen en prisión o se inserten en las células del crimen organizado", agregó el entrevistado.

Andrade manifestó además que México "está perdiendo la niñez por falta de programas profundos de prevención social de la violencia y de estrategias de seguridad".

El experto brindó detalles sobre el delito de halconeo, al que señaló como la principal actividad para la que los niños son utilizados.

"El halconeo es el primer eslabón de una cadena en el crimen. Son los que vigilan, en carreteras o ingresos a pueblos, sobre presencias sospechosas o de policías o soldados. Ellos se encargan de alertar a grupos de sicarios que controlan territorios", indicó Andrade.

En otro orden, en Chile se debate sobre la condonación del Crédito Aval del Estado (CAE), es decir, la deuda estudiantil.

A través de este medio económico, muchos estudiantes inician carreras de pregrado en una Institución acreditada por el Estado.

Conversamos con el sociólogo chileno, investigador de la fundación SOL de Chile, Benjamín Sáez.

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El número de muertos por las inundaciones superó las 150 personas, según la actualización de datos de Defensa Civil del estado de Rio Grande do Sul. Además, hay más de 100 desaparecidos y unos 800 heridos.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva retornó a la zona y anunció varias medidas de emergencia.

Entre ellas, la creación de un Ministerio para la Reconstrucción y ayudas por valor de casi 1.000 dólares para las 200.000 familias más afectadas.

A su vez, el experto lamentó el "accionar degradante" de la extrema derecha, opositora a Lula, frente al actual contexto.

"Publican fake news sobre acciones del Gobierno Federal como también humanitarias. Llama la atención la falta de humanidad y de solidaridad por parte de ciertos grupos. Es una especie de banalización del mal", apuntó el analista.

El entrevistado señaló que el Ejecutivo de Lula está ante "un trabajo inmenso, monumental", y se refirió a varias de las medidas anunciadas para controlar la catástrofe.

Por ejemplo, la propuesta del Gobierno Federal de liberar fondos para la reconstrucción y "paralizar", por unos tres años, la deuda actual del estado de Rio Grande do Sul.

En otro orden, la Defensoría del Pueblo de Paraguay anunció que, luego de 10 años, fue acreditada con el estatus A en Derechos Humanos por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Conversamos con Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la coordinadora de derechos humanos del Paraguay (Codehupy).

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En Uruguay, la actual Ley de Medios propone, entre otros puntos, una flexibilización del número de medios de comunicación que puede acumular un mismo propietario, la posibilidad de incorporar inversión extranjera en la oferta del sector y una nueva gobernanza para los medios públicos.

El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados en 2023 y volverá a dicha Cámara para ser sancionado.

La votación generó una fuerte polémica por el procedimiento utilizado por la coalición oficialista, liderada por el presidente Luis Lacalle Pou. El texto llegó votado desde Diputados y no se discutió en la Comisión de Industria de la Cámara Alta.

Alejandro Sánchez, senador del opositor Frente Amplio (FA), dijo que aquí "se consagra algo brutal: dentro de 30 días este Gobierno nombrará al presidente de los medios públicos, quien estará seis años en el puesto".

La oposición analiza el impacto que puede tener este cambio en la ley, en caso de su aprobación final, en el Gobierno que asuma el 1 de marzo de 2025, donde el FA tiene buenas chances —de acuerdo con encuestas locales— de retornar al poder.

En cambio, el senador oficialista Sergio Botana manifestó que la ley es necesaria para "garantizar la viabilidad de los medios de comunicación y la libertad de expresión".

Ante la reciente votación en la Cámara Alta, el FA anunció que dejará de participar en la coordinación interpartidaria semanal en el Senado.

Por su parte, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), afirmó que la normativa es una violación a la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa, consagradas en la Constitución.

En otro orden, abordamos el trabajo de Médicos Sin Fronteras (MSF), la preocupación de la organización ante las crisis humanitarias y las necesidades que consideran más urgentes en los países latinoamericanos en materia de salud.

Conversamos con Nancy Guerrero Castillo, directora general de MSF para Latinoamérica.

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El presidente dominicano, y candidato a las elecciones del domingo 19, Luis Abinader, cierra su campaña este miércoles 15. Encabezará una caravana en el municipio de San Francisco de Macorís.

Los sondeos señalan que el jefe de Estado obtendría el 60% de los votos, por lo que no sería necesaria una segunda vuelta. Le sigue Leonel Fernández (Fuerza del Pueblo), presidente en tres periodos: de 1996 a 2000 y de 2004 a 2012.

Durante la campaña, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno destacó los resultados económicos durante su actual gestión.

El lunes 13, en su rueda semanal de prensa habitual, resaltó que el ingreso per cápita es de 11.300 dólares, casi 3.000 dólares más de cuando asumió en 2020.

"Nosotros somos ya un país de ingresos medios, y no uno tercermundista", afirmó el mandatario.

Por su parte, el periodista entrevistado afirmó que el crecimiento del país centroamericano no se refleja en una mayor distribución de la riqueza.

Por otro lado, la crisis en Haití —país limítrofe— fue uno de los temas de campaña pero, de acuerdo con Soto, no tiene gran incidencia como prioridad para la población de cara a la votación del domingo 19.

En otro orden, Uruguay alcanzó en marzo un récord histórico de 15.767 personas privadas de libertad (de una población total de 32,2 millones de personas).

En los últimos cuatro años, la población carcelaria en el pequeño país sudamericano aumentó 34%.

Entrevistamos a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario de Uruguay.

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El presidente electo de Panamá prometió deportar a los migrantes que ingresen al país a través de la selva del Darién, en la frontera con Colombia, para llegar a EEUU.

En 2023, más de 520.000 personas cruzaron el llamado "tapón" del Darién, lo que obligó al Estado del país centroamericano a destinar recursos para asistencia.

Según cifras oficiales, en el primer trimestre del año realizaron la travesía más de 110.000 personas.

"El mensaje del presidente electo, para oídos de buena parte de la ciudadanía panameña, pareciera ser una noticia positiva. Hay que recordar que, a medida que crece la migración en un país también lo hace la xenofobia", dijo a En Órbita Florencio Díaz Pinzón, profesor del departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.

Díaz Pinzón enfatizó que si el Estado "aplica medidas represivas, también lo harán organizaciones criminales. En el caso del Darién, estas operan con extorsiones, secuestros y otros crímenes, sobre los migrantes que transitan por la selva".

El analista consideró la importancia de "construir una alianza estratégica entre los países y resolver el asunto de las migraciones en todas sus aristas".

Díaz se refirió a los perjuicios que implicó para el Estado panameño atender esta crisis humanitaria, vigente durante muchos años.

En paralelo, Mulino dijo que conversó por teléfono con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre un eventual Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. El analista se refirió al impacto que podría tener este eventual acuerdo sobre la economía del país centroamericano.

En otro orden, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, suspendió su visita a Chile por las inundaciones que han causado una catástrofe en el sur del país.

Uno de los temas que ha tomado relevancia en la opinión pública es la proliferación de noticias falsas sobre las inundaciones, algo criticado por el propio mandatario.

Conversamos con el politólogo brasileño Guilherme Simoes.

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El dato sobre el avance de la pobreza extrema en Perú se desprende del último informe de la evolución de la pobreza monetaria, por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según los registros oficiales de 2023, el 5,7% de la población total de 34 millones no puede cubrir sus necesidades mínimas.

1,92 millones de ciudadanos perciben ingresos mensuales por debajo de los 251 soles (67,8 dólares) al mes. Esto representa 249.000 personas más que en la medición de 2022 y 991.000 más que en 2019.

La cifra oficial de pobreza se elevó un punto y medio porcentual: pasó de 27,5% en 2022 a 29% en 2023.

Se estima que 9,7 millones de peruanos no tuvieron los ingresos mínimos para cubrir la canasta básica de consumo durante el año pasado.

A criterio de la entrevistada, "se buscó posponer la aparición de este informe, aparentemente por presión de la propia presidenta Dina Boluarte".

Durand indicó que con estos datos “se vino a confirmar que la economía está sintiendo los efectos de la mala gestión política y la inestabilidad de un modelo de conducción en crisis sostenida”.

La entrevistada coincidió con el análisis de los técnicos del INEI, que indica que revertir la situación tomará aproximadamente 10 años.

Pero remarcó que, para que esto suceda, “se necesita un Gobierno con claridad estratégica y respaldo político tanto en el Congreso como de la población”.

Algo que, según entiende la socióloga, está lejos de ocurrir a corto plazo porque “da la sensación de que la crisis que atraviesa Perú va para largo”.

Durand afirmó asimismo que “el pacto de supervivencia entre el Congreso y el Gobierno” tiene de rehén a todo el país, lo cual prolongará la crisis.

En tanto, este viernes 10 fue detenido Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria y parte del entorno más cercano e íntimo de la presidenta.

La detención, de carácter preliminar por 10 días, es por el presunto delito de tráfico de influencias y organización criminal. Por la investigación del caso también fue intervenido el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda.

En otro orden, abordamos el drama de las inundaciones en 10 de los 19 departamentos de Uruguay, con más de 2.000 personas evacuadas, cortes de ruta y ríos que superaron la cota de seguridad.

Entrevistamos a Alejandra Rivero, coordinadora del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales del departamento de Cerro Largo, uno de los afectados.

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La contaminación atmosférica continúa afectando a Tegucigalpa, ciudad con más de 1,2 millones de personas.

La alerta roja decretada por las autoridades ha sido acompañada por medidas como la disposición de clases a distancia y el teletrabajo para los empleados públicos, por lo menos hasta el viernes 10.

Las quemas para agricultura en varios países de la región de Mesoamérica son una de las causas que contribuye al estado actual de contaminación. Esto se incrementa por las características propias de la ciudad, ubicada en un valle, rodeada de montañas.

Según Gilberto Ramírez, director de la Región Metropolitana de Salud, las consultas por enfermedades respiratorias aumentaron 10% con respecto al mismo período de 2023.

En tanto, la Secretaría de Salud pidió a la población usar mascarillas y mantener cerradas las puertas y ventanas de las casas, entre otras medidas.

Caballero explicó la composición del humo presente en la ciudad y las consecuencias para la salud.

"Se nota el polvo, partículas diminutas de metal, hollín, celulosa, madera, entre otras, y también de gases, como monóxido de carbono o bióxido de azufre, que provocan efectos negativos en la salud de la población", apuntó Caballero.

La entrevistada se refirió a la falta de regulación de las fuentes contaminantes y resaltó que, si no se toman medidas a largo plazo, la situación podría empeorar en los años venideros.

"[Ante el problema] se mantiene el uso de vehículos, del transporte público y además se dificulta el control de quemas en la agricultura", indicó la experta.

En otro orden, en la comuna de Olón, en Santa Elena, en Ecuador, comuneros y organizaciones denuncian un ecocidio.

Los habitantes se manifestaron en contra de la tala de árboles en el Estero de Oloncito, una zona que consideran es protegida.

Estas acciones contra el medio ambiente se desarrollan como parte de un proyecto inmobiliario de la empresa de Lavinia Valbonessi, esposa del presidente Daniel Noboa.

Conversamos con Simón Velasco, habitante de la comuna de Olón.

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A casi dos años del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, su familia reclama celeridad para dar con los autores intelectuales del crimen.

Pecci fue asesinado a balazos por parte de sicarios el 10 de mayo de 2022, mientras disfrutaba de su luna miel en las playas de Barú (Colombia).

El funcionario especializado en crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero lideró el operativo "A ultranza", el mayor contra ese tipo de delitos en la historia de su país.

Los sicarios y otros participantes en la logística del asesinato están encarcelados en Colombia, mientras que en Venezuela se desarrolla el proceso contra otro involucrado.

Sin embargo la Justicia de su país —que debe investigar la autoría material— aún no reveló avances.

En marzo, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, sentenció que "ni Mandrake puede solucionar el tema [del asesinato de Pecci] con su varita mágica". Estas declaraciones generaron fuertes reacciones en el país.

Por otro lado, en abril, un equipo de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA) llegó a Colombia para analizar si la muerte de Pecci se vincula con investigaciones a su cargo, o si los recursos utilizados para el crimen habrían pasado por el país norteamericano.

El abogado consideró que el asesinato de Pecci fue un "mensaje" para todos quienes trabajan contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

En otro orden, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió investigar a la estatal Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, implicada en un hecho de corrupción que afecta a su Gobierno.

Conversamos con el politólogo colombiano Felipe Mendoza.

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El plan de proceso de paz, liderado por el presidente Gustavo Petro para terminar con el histórico conflicto armado en Colombia, está en un claro retroceso.

Primero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció la suspensión del acuerdo con el Estado para no realizar más secuestros extorsivos, a los que cataloga como "retenciones económicas".

Segundo, Petro ordenó una "ofensiva total" contra el Estado Mayor Central (EMC) en el departamento del Cauca, luego de días de intensos combates entre el grupo disidente de la FARC y el Ejército Nacional.

El Estado colombiano además denunció que milicianos del EMC profanaron cadáveres de soldados caídos en combate.

El ELN se había comprometido en el sexto ciclo de conversaciones con el Gobierno a suspender los secuestros extorsivos por seis meses.

Durante esa ronda también se acordó la creación de un fondo financiado con recursos de la comunidad internacional.

Según el grupo subversivo, ese compromiso del gobierno colombiano no se cumplió.

Grautoff apuntó que tanto el ELN, como también el EMC, son conscientes de que el Gobierno de Petro —como también el Ejército— "transita por escándalos de corrupción", por lo que se aprovechan de esto para realizar sus movimientos.

En medio de esta escalada, el experto catalogó la estrategia de negociación del Ejecutivo de Petro como "débil y muy mala" y, por tanto, "pone en riesgo a todo el proceso de paz".

"Este Gobierno, con su sesgo ideológico, comprendió mal la situación. Hoy Colombia retrocede ante esta violencia como en sus peores años, 1998, 1995 y 1994", apuntó el consultor de Seguridad Nacional.

En otro orden, abordamos la importante caída de la popularidad del presidente chileno Gabriel Boric, ubicada en 24% según la encuestadora Cadem. Conversamos con el politólogo chileno Marcelo Mella.

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