Derivado de la reforma constitucional en los Estados Unidos Mexicanos del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, el país ha vivido cambios substanciales en la impartición de justicia, así como de interpretación normativa en beneficio de la sociedad, si bien es cierto, esa reforma fue promovida en aras de que el país se encontrara a la vanguardia en materia de derechos humanos también lo es que la misma fue de aplicación inmediata que trajo consigo carencias en infraestructuras para la aplicación amplia a los derechos humanos consagrados en la Constitución, así como la falta de actualización de los servidores públicos impartidores de justicia, lo que trajo consigo el atraso en la aplicación de dichos derechos.