#EntreNos Conversaciones en La Barra

Siempre que ocurre un desastre producto de un fenómeno natural buscamos responsables en quienes no pueden pagar por sus supuestas culpas. Nos hemos acostumbrado a mirar a la naturaleza como la responsable de nuestras negligencias y en ese hábito hemos construido un país de impunidad. Ecuador vive del suceso y se olvida de resolver sus problemas atacando a las razones fundamentales.

El 15 de diciembre del 2021, parte del casco urbano de la pequeña ciudad de Zaruma, en la provincia de El Oro, se hundió y todos coincidimos en culpar a la minería ilegal, pero dejamos de hablar de la minería legal, que también tiene su parte de responsabilidad en el desastre, no solo de Zaruma sino de muchos territorios, sobre todo pertenecientes a pueblos indígenas amazónicos. Pero, además, olvidamos que las advertencias de ese desastre fueron numerosas y durante muchos años. Zaruma no se hundió de la noche a la mañana. Sabíamos que estaba en riesgo y permitimos que ocurriera el desastre.

El pasado 28 de enero, un derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana contaminó más de 2 hectáreas del Parque Nacional Cayambe Coca y los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca, Napo, y a esta hora el petróleo avanza hacia los cauces en Perú. Ni siquiera se ha reparado aún a las 27 000 víctimas del derrame de 15 800 barriles de petróleo el 7 de abril del 2020 y ya enfrentamos un nuevo derrame en el mismo sitio. A mediados del 2021, la revista Plan V reportó que en Ecuador ocurren dos derrames petroleros cada dos semanas, pero como no ocurren en una ciudad grande, no les damos la importancia y menospreciamos, como en la colonia, a miles de habitantes amazónicos que dejaron de tener acceso a su derecho a agua limpia para vivir. El Estado y las petroleras se conforman con llevar bidones de agua y con decir que ya lo están limpiando o que es culpa de otros. Siempre es culpa de otros.

El domingo 31 de enero, un aluvión se cobró la vida de al menos 24 personas en plena zona residencial de Quito, en los barrios de La Gasca, La Comuna de Santa Clara de San Millán, y destruyó casas, parques, desbordó alcantarillas y paralizó buena parte de la ciudad. Entre 1900 y 1988, 70 episodios similares se han registrado en Quito y muchos de nosotros hemos crecido con noticias parecidas, pero los bosques de las laderas del Pichincha son cada vez más débiles porque permitimos que alguien construya edificios de departamentos, universidades, cementerios o barrios, a cambio de dinero o de votos.

Todos estos eventos son reincidentes. Todos tuvieron antecedentes, advertencias, estudios contundentes. En todos ellos hay evidencia de irregularidades o ilegalidades, violaciones de derechos fundamentales y, sobre todo, impunidad.

Las quebradas de Carretas, en Carapungo, o las de Monjas, en el flanco oriental de la ciudad, están olvidadas y nos están dando alertas. ¿Qué ocurre en otras ciudades más pequeñas adonde nunca miramos? La minería, las petroleras y las hidroeléctricas están provocando graves daños a la naturaleza y a miles de personas y como país estamos mirando hacia otro lado…

¿Hasta cuándo vamos a echarle la culpa a las lluvias de la negligencia de las autoridades? ¿Hasta cuándo vamos a hacernos de la vista gorda frente a la histórica costumbre de pagar a funcionarios para obtener permisos ambientales y construir lo que se nos antoja en donde se nos antoja? ¿Es eso desarrollo o es eso precisamente lo que define nuestro subdesarrollo?

Contar una historia sobre un tema altamente técnico requiere de mucha responsabilidad. El caso del programador sueco Ola Bini ha pasado por innumerables violaciones al debido proceso desde su detención ilegal, el 11 de abril del 2019. Pero también ha mostrado que una decisión política puede incidir en la aplicación o no de la justicia sin que la sociedad entera se alarme siquiera.

¿Por qué publicamos prejuicios y le hacemos el juego al poder? ¿Por qué tomamos partido en temas que desconocemos? ¿Qué clase de periodismo estamos practicando cuando alimentamos los intereses de los políticos de turno, sus miedos, sus venganzas o sus fechorías?

Como periodistas tenemos la obligación de alertar y criticar cuando un activista por la privacidad, por la libertad de expresión y por los derechos digitales -venga de donde venga- está siendo perseguido por las instituciones de un Estado. No hacerlo implica ponernos la soga al cuello nosotros mismos.

En el caso Ola Bini, así como en otros casos que están en manos del sistema de justicia ecuatoriano, una serie de medios, periodistas y activistas políticos se han aprovechado para promover venganzas mientras otros seres humanos y sus familias viven a la espera de que a los jueces y a los fiscales les lleguen las ganas de trabajar. ¿Por qué esos periodistas y esos medios no eligieron estudiar minuciosamente los temas de los que hablan antes de opinar? ¿Qué sabemos de industria petrolera, de hidroeléctricas, de pueblos indígenas o de ciberseguridad los periodistas que publicamos sobre esos temas?

Esta semana debería tener lugar la audiencia de juicio en el caso que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) sigue en contra del programador sueco Ola Bini. Pero esto ocurre después de casi tres años de haberlo sometido sistemáticamente a un limbo jurídico que ha sido criticado por medios de todo el mundo pero muy poco por los medios locales.

Hablar de política o de economía es algo que hacemos a diario en los medios. En redes sociales, abundan los juicios de valor, los prejuicios y las medias verdades y a muchos usuarios no les importa si conocen o no sobre un tema. Pero los asuntos que requieren de conocimientos más técnicos y mucha profundidad no pueden ser tratados como si fueran chismes domésticos y mucho menos eso debería dominar las agendas de los medios de prensa.

¿Cómo ha sido la cobertura del Caso Ola Bini en los medios? ¿Hemos sabido darle la rigurosidad técnica que el campo de la programación y los derechos digitales requiere? ¿Nos hemos adentrado en las particularidades del proceso judicial? ¿Cómo hemos combinado la reportería de tecnología con la del debido proceso y los derechos humanos?

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Despidos masivos, sueldos y jubilaciones atrasados, liquidaciones en cuotas y mediaciones laborales que favorecen a los empleadores son algunos de los problemas que enfrentan cientos de periodistas en Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció que no permitirá que Ángel González, el dueño de diario El Comercio, maltrate a quienes han trabajado para esa empresa y asumió el compromiso de velar por sus derechos laborales. Pero, ¿es este el único caso de periodistas vulnerados en el país? ¿Qué enfrenta todo el sector de la prensa ecuatoriana y cuáles son los riesgos para la sociedad en su conjunto?

En este Día del Periodista Ecuatoriano queremos desentrañar los problemas que enfrentamos cuando descuidamos las condiciones en las que trabajan nuestros periodistas. Una prensa estigmatizada y perseguida por el poder de turno es igual de vulnerable que aquella que no tiene condiciones dignas de trabajo. Estos problemas hablan de una democracia débil y susceptible de caer en manos de la corrupción y de los mercados ilegales. 

¿Nuestros invitados?

Susana Morán. Presidenta de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.

Dagmar Thiel. CEO de Fundamedios USA.

Juan Pablo Albán. Abogado y doctor en Jurisprudencia. Miembro y Relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y uno de los fundadores de la Red de Periodistas Libres del Ecuador.

Mariela Rosero. Periodista con 23 años de experiencia. Actualmente escribe para La Periódica y Mundo Diners.

Diego Puente. Periodista de política, seguridad y justicia. Máster en Teoría Política por la Universidad Complutense de Madrid.

Conduce: Diego Cazar Baquero.

#EntreNos

¿Por qué los temas relacionados con el sector de la cultura continúan relegados en la agenda de la prensa?

Cultura es una palabra indescifrable e indefinible porque no representa el pensamiento único de un modelo económico ni la receta histórica del bienestar de ningún pueblo. Si los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas fueran estudiados con miradas diversas que incluyan perspectivas antropológicas y que respeten la complejidad de la especie humana, a lo mejor toleraríamos menos a los corruptos y entenderíamos mejor que nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas se exigen y no se ruegan.

Pero siendo tan amplio el concepto, la cultura en Ecuador es y ha sido sinónimo de espectáculo, de farándula o de entretenimiento. En un país pluriétnico e intercultural como Ecuador, no existen políticas públicas que incluyan al sector de la cultura en el aparato productivo y mucho menos en el tratamiento de conflictos sociales con pueblos y nacionalidades o en el sentido de lo patrimonial para la vida en comunidad. Este espacio nos invita a hacernos preguntas sobre las razones que nos han hecho creer que la cultura o las culturas son asuntos del patio trasero y que jamás merecen una primera plana, entrevista estelar ni un debate profundo en un medio de alcance nacional... La cultura es política porque lo que ocurre en el sector cultural es parte de nuestra vida en sociedad y creemos que relegarla a ese patio trasero es algo así como mutilarnos un poco. 

Antes de la pandemia y sus efectos, varios periodistas ya se plantearon hablar del trabajo cultural en una sociedad que sigue haciendo circular mensajes que confunden la labor creativa con pasatiempos más o menos caprichosos de los artistas.

¿Cuál es la incidencia que tiene el periodismo en la construcción de este imaginario? ¿Por qué la prensa sigue relegando las artes a espacios cada vez más reducidos si la cultura es política y la corrupción también es un mal de las instituciones culturales?

Generalmente, las sociedades que viven en situaciones límite invocan al derecho penal como la única salvación, exigen condenas más largas y castigos ejemplificadores. Pero las estadísticas muestran que, al menos en América Latina, lo penal no ha logrado solucionar los problemas de la región. ¿Cuál es la incidencia que tiene el periodismo en la construcción de este imaginario? ¿Es justa la prensa al narrar hechos judiciales o estamos aupando al abuso del derecho penal como una estrategia que al final no resuelve nada? Dos expertos en derecho penal y criminología conversan con un periodista y una investigadora de la comunicación.

En un sistema democrático, la independencia de poderes es una condición ineludible. El poder ejecutivo no puede meter la mano en la justicia. El Legislativo no puede transar con el Ejecutivo si no es en los espacios públicos que ofrece la ley y la justicia está obligada a hacer su trabajo de manera oportuna, ágil y con el respaldo de las instituciones de control.

En un juicio cualquiera, las partes involucradas no son jueces. No se puede ser juez y parte. Y los periodistas que relatan un juicio cualquiera estamos obligados a tratar a esas partes como lo que son: una acusadora y otra acusada.

Pero en Ecuador nadie puede negar que todo funciona mal. Tanto que incluso hay medios de comunicación, periodistas y alguno que otro político que dice ser periodista, que nos quieren hacer creer que su función es empujar a su manera ciertos casos y tratar a las partes como si fueran fuentes oficiales. ¿Cuántas veces hemos juzgado  en nuestros espacios de opinión a personas que están siendo investigadas solo porque no gozan de nuestra simpatía? ¿Cuándo fue que elegimos que nuestro sistema de justicia se convirtiera en un reality show mediocre con un Christof mediocre jugando a convertirnos a todos en sus ingenuos Truman? ¿De qué justicia podemos hablar los periodistas cuando tomamos partido por una de las partes de un juicio que nos va a dar rating o que le conviene al poder de turno? ¿No estamos siendo ingenuamente serviles a los mismos poderes que debemos vigilar y criticar duramente? ¿No estamos aniquilando la verdad procesal para imponer verdades mediáticas?

La democracia es un sistema que -sin ser perfecto- cuenta con principios fundamentales que deben adoptarse en todas las sociedades que se precien de llamarse democráticas, sean estas dirigidas por gobiernos de derecha, de izquierda, socialistas, comunistas, conservadores o liberales.

La prensa libre es uno de los elementos fundamentales en una democracia, pues es la responsable de ser crítica con sus gobiernos y de vigilar al poder ejercido por esos políticos, sean de izquierda, derecha, conservadores, liberales, etcétera... Como periodistas, estamos obligados a mirar el mundo identificando quién ejerce el poder sobre los demás para contar historias desde las voces de quienes no ostentan el poder. Que se sepa, eso es periodismo básico.

En una democracia, los medios de comunicación tienen y deben tener la libertad de elegir sus propias líneas editoriales, claro, pero deben transparentarlas ante sus audiencias, siempre bajo el amparo de esos principios de la democracia. Pero eso no ocurre. ¿Cómo podemos creernos demócratas e independientes si usamos nuestros espacios en prensa para aplaudir a los políticos que nos simpatizan o para destruir a los que no nos agradan? ¿Nos hemos preguntado a cuántas familias enteras inocentes hemos lapidado para siempre luego de ventilar nuestras afinidades políticas usando al periodismo?

Ecuador vive uno de los tiempos más adversos de su historia. El país donde nací se ha convertido en un campo minado lleno de burdos superhéroes y burdos villanos, unos más criminales que otros. Esta es una sociedad polarizada que mira el mundo como si fuese una moneda de dos caras y no una esfera polifacética, compleja, multicolor y diversa. Esta mañana, un buen amigo me confesó que no resiste más y que él con su familia se irán a vivir lejos porque ya no creen que haya remedio para tanto odio. A mí me sostiene este oficio y la esperanza de que podamos todavía rendirle honor al valor de la conversación horizontal, respetuosa y humana.

Me pregunto por qué el periodismo ha perdido credibilidad en América Latina y en buena parte del mundo. ¿Por qué la gente no se identifica con los medios y con los periodistas y más bien siente repudio por nosotros? ¿Será porque nos la pasamos clavando dardos a los demás para hacernos famosos? ¿Será porque cada vez nos importan menos los derechos de la gente a protestar, a organizarse o a pensar distinto?

Yo creo que en lugar de juntarnos para cumplir con nuestro deber de vigilar día y noche a los poderosos de turno, sean quienes sean, nos hemos acostumbrado a perder el tiempo en bronquitas domésticas de machos adolescentes.

Aprendimos que el periodismo no puede hacerle el juego a ningún poder, sea de izquierda o de derecha, porque estaríamos violando la democracia que tanto decimos defender. Pero todos los días vemos dardos que van y vienen.

¿No estamos lanzando dardos también cuando publicamos filtraciones disfrazadas de contenidos periodísticos? ¿Cuando nos casamos con nuestras fuentes? ¿Qué tan democrático es publicar algo que no ha sido contrastado? ¿Cuán cómplices de los malos gobiernos somos y hemos sido los periodistas durante estos 42 años de supuesta democracia? ¿Qué tan ético es criticar la prepotencia de los políticos de izquierda o de derecha y más tarde ser igual de prepotentes en nuestros espacios periodísticos? ¿Queremos que los más pequeños crezcan creyendo que esto es hacer periodismo y pisotear la trayectoria de Svetlana Alexiévich, Ryszard Kapuściński, Roberto Saviano o Leila Guerriero?

¿Seríamos capaces de lanzar los dardos a quienes vemos como nuestros enemigos si los tuviéramos enfrente, o solo lo hacemos cuando estamos protegidos por las cámaras y las pantallas?