La protesta social pacífica es un derecho esencial de toda democracia y no debería considerarse una amenaza. Así lo reafirma el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se trata de un derecho humano como cualquier otro que los Estados deben garantizar y proteger, sin estigmatizar a quienes protestan y evitando el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.  

Sin embargo, en Perú al menos 49 personas murieron y cientos sufrieron lesiones debido al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en las protestas de 2022 y 2023, según informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En 2020, dos jóvenes también murieron mientras ejercían su derecho a la protesta en la capital y otras dos personas durante el Paro Agrario de ese mismo año. 

En este episodio, conversamos con Carmen Ilizarbe, politóloga experta en conflictividad social y democratización, para entender mejor sobre el derecho a la protesta y lo que representa en medio de la crisis social y política que afronta el Perú.