Resumen de la actualidad de Extremadura, presentado por Miguel Ángel Glez Escalada, en el que le hemos contado:
El embalse de La Serena, el de mayor capacidad de España y el tercero más grande de Europa que tras alcanzar el 92'6 % de su capacidad ha comenzado este lunes (por 4ª vez en su historia desde 1989) a aliviar agua con un caudal de 180 m3 por segundo.
Un desembalse, por cierto, que vierte en el pantano del Zújar que se encontraba al 72% de su capacidad.
Poco a poco la lluvia nos va dando una tregua y eso se nota en las personas que están desalojadas. Esta mañana han podido volver a sus casas los vecinos de la urbanización La Isleta de Coria.
En Badajoz, los vecinos de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa ya han regresado a sus casas. Sin embargo, no se puede acceder aún a Rincón de Caya. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, solicita al Gobierno central que declare la ciudad como gravemente afectada, como ya pasó con la borrasca Efraín.
El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, sigue con la ronda de contactos con los partidos políticos para buscar candidato a la investidura. Hoy el turno ha sido para el PSOE.
Mientras María Guardiola sigue intentando formar Gobierno con VOX en unas negociaciones nada fáciles. La dirección nacional de VOX responde que lo que pide en Extremadura es sensato y perfectamente posible.
APAG Asaja Extremadura ha suspendido su caravana de protesta anunciada para mañana martes en Madrid, aunque mantiene que entregará a las 13h un documento con sus 12 medidas en el Congreso de los Diputados.
Los celadores del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata se han concentrado esta mañana a las puertas del centro sanitario para protestar por sus condiciones laborales. Han denunciado que el déficit de profesionales les impide prestar su servicios en condiciones dignas.
La Fiscalía Superior de Extremadura y los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz han firmado el protocolo de conformidades en los juicios penales. La conformidad es un acto procesal entre fiscal y abogados que evita la celebración del juicio oral. El acusado reconoce el delito y acepta las consecuencias derivadas de ello, y las víctimas no se ven obligadas a revivir los hechos.
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