En México, hablar de corrupción y la manera de combatirla eran cuestiones que toda la sociedad tenía, ya que, frecuentemente, se enfrentaban con este problema que viene de generación en generación y que se transmite de funcionarios a funcionarios. Es por eso que, a raíz de la reforma constitucional de hace más de cinco años, se implementó un nuevo diseño institucional y normativo para combatir el problema.

Entre los cambios más importantes estuvieron las modificaciones que se realizaron a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Cuarto, sobre las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado, es por eso que, desde ese momento, los órganos internos de control y las auditorías adquirieron gran relevancia e importantes atribuciones en materia de responsabilidad administrativa.