Algo realmente escandaloso: el gobierno de la Xunta limitó derechos fundamentales durante días a los gallegos, a sabiendas de que no había pedido la autorización preceptiva para ello según le obligaba la norma, y a sabiendas de que en otras comunidades ya se habían denegado esas medidas por considerarlas desproporcionadas. No contento con esta maniobra de trilerismo legal, el gobierno de Feijóo volvió a la carga pidiendo, una vez que les pillaron con el carrito del helado, la autorización que finalmente le fue también denegada.