De nueva cuenta la familia Bailleres, propietaria de las operaciones mineras desarrolladas ilegalmente en el Bajío, al norte de Sonora, dio muestras de su desprecio por las leyes mexicanas: esta vez al ausentarse de una audiencia convocada por el Tribunal Unitario Agrario 28 para dar acordar los primeros pasos en la ejecución de las más de 60 sentencias firmes que respaldan a la comunidad ejidal.

Lo anterior, afirmó Sergio García Camacho, abogado defensor del ejido El Bajío, reafirma el comportamiento de los Bailleres, mismo que se ha sostenido por más de una década: el desacato.

Ante la ausencia en el tribunal de la otra parte, apuntó el litigante en un tono agridulce, la sesión se llevó a cabo con tranquilidad gracias a que la comunidad del ejido ‘se ahorró’ compartir espacio con las personas que durante más de 10 años han puesto su dinero por encima de la vida al destruir ecosistemas y generar un ambiente de violencia que significó, incluso, 4 asesinatos.

‘Hay que liberar la justicia mexicana del yugo de los Bailleres’, concluyó García Camacho.