En el año 2024, más de 50,000 niñas y adolescentes menores de 19 años tuvieron un parto en México.
Hablamos de esta alarmante situación con Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos DDESER.
Patricia denunció que, a pesar de que existe una política pública nacional que establece que todo embarazo en menores de edad debe ser considerado producto de una violación, lo cual legalmente permitiría su interrupción, las cifras difundidas recientemente por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reflejan las graves fallas institucionales que existen. En muchos de los casos, los agresores son hombres cercanos al entorno de las niñas y las familias, en vez de buscar justicia, suelen proteger al agresor, mientras que los servicios de salud no ofrecen la orientación que están obligados a impartir sobre los derechos de las niñas y permiten que los embarazos continúen.
Además, Patricia nos habló sobre el papel de albergues de inclinación religiosa donde muchas niñas son recluidas por las fiscalías bajo el argumento de su protección, y en realidad, son espacios que impiden deliberadamente el acceso al aborto y forzan la maternidad a las menores
Las fiscalías canalizan a las menores a este tipo de espacios sobre todo cuando hay denuncias formales por violencia sexual infantil, en lugar de permitirles acceder a la interrupción del embarazo.
Finalmente, uno de los aspectos más graves son las edades de los padres, que muestran que son adultos violadores, ya que una niña no tiene la capacidad de consentir una relación sexual. Sin embargo, ni la Secretaría de Salud ni las fiscalías actúan contra los agresores, y perpetúan la violencia al forzar a las niñas a ser madres.
Patricia destacó la necesidad urgente de dejar de normalizar la hipersexualización de niñas y adolescentes, y su puesta al servicio de los deseos de hombres adultos, así como seguir visibilizando la magnitud del problema.