Esta semana, el gobierno cubano presentó un paquete de 176 reformas gubernamentales como una respuesta estratégica al bloqueo económico que le impone Estados Unidos de América, que está provocando una severa crisis energética y económica en la isla.

Conversamos con la periodista y comunicadora cubana Ana Teresa Badía sobre los puntos clave de esta transformación política.

Por el lado de la economía, las reformas plantean cambios para facilitar el desarrollo de empresas en la isla, así como la posibilidad de banca privada y nuevas oportunidades en la agricultura. No obstante, Ana Teresa considera que se mantiene la esencia socialista, ya que el compromiso del gobierno es no descuidar la justicia social, garantizando la propiedad social sobre los medios de producción prioritarios y protegiendo las conquistas en salud y educación.

Destaca también que las reformas ofrecen las mismas oportunidades a cubanos dentro y fuera de la isla, además de un incremento al salario mínimo para frenar las brechas de desigualdad. Estas medidas, que ya se venían gestando, son un esfuerzo por preservar el proceso revolucionario.

El pasado 11 de junio se inauguró el Mundial de Futbol FIFA 2026 en la Ciudad de México. Distintos colectivos y organizaciones realizaron una serie de protestas a lo largo de la Ciudad de México y otros territorios del país, impulsados principalmente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, y distintas organizaciones que buscan a personas desaparecidas.

Entrevistamos a Aranzazú Ayala, reportera y comunicadora de A Dónde Van Los Desaparecidos, quien estuvo en la jornada en Ciudad de México y observó el trato que las autoridades dieron a las protestas. La indignación ante la respuesta del Estado mexicano en el contexto del Mundial es más que válida, ya que, mientras las familias exigen avances en la búsqueda de personas desaparecidas, las autoridades despliegan una fuerza policial masiva, no para investigar, sino para contener y reprimir las manifestaciones. Esta prioridad evidencia una intención de proteger la imagen del evento internacional por encima de la crisis humanitaria que vive el país.

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial mexicana del grupo suizo-alemán Proman, tiene ya 14 años intentando implementar una planta de producción de amoniaco y otras sustancias en las bahías de Sinaloa, proyecto que está en marcha en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo. En días pasados, miles de personas de las comunidades cercanas se dieron cita para impedir el avance del desarrollo industrial. Entrevistamos a Criselia Sánchez, quien forma parte de la Nación Yoreme-Mayo en Sinaloa y nos platicó con detalle de la lucha contra el proyecto de inversión alemana que amenaza con destruir el ecosistema local.

Resalta que las autoridades mexicanas pactaron el proyecto son una debida consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios y las comunidades aledañas; además, sobresale el doble estándar de la inversión extranjera: tanto el gobierno como las empresas alemanas violan normativas ambientales y sociales que serían obligatorias en Europa, aprovechando la permisividad en México. Ante esto, la organización comunitaria se intensifica para frenar la obra.

Los embates racistas y antimigrantes de los Estados Unidos continúan profundizando la crisis de derechos humanos que se vive en las fronteras mexicanas y en otros territorios como Palestina. Ante la conciencia de esos actos criminales, las comunidades se solidarizan y respaldan la sobrevivencia de familias enteras.

Este sábado entrevistamos a Mayra y Ana, del colectivo Comida Sin Fronteras, quienes organizan comedores comunitarios en el centro de Mexicali, que funcionan como núcleos de resistencia y solidaridad para migrantes y personas en situación de calle.

En medio de una disputa territorial por la gentrificación del centro de la ciudad, estos espacios trascienden la alimentación: son lugares de convivencia donde se construyen vínculos a través del juego y la reflexión social.

Sin embargo, operan bajo condiciones críticas, debido principalmente al clima extremo de la región, los internamientos forzados y el acoso policial que viven las personas en situación de calle, motivado por intereses que buscan "limpiar" la zona. Pese a esta hostilidad, la comunidad demuestra una participación admirable, ya que, nos comentan, siempre hay personas dispuestas a ayudar.

El proyecto de gas natural licuado AMIGO LNG, de inversión alemana, amenaza la vida en la región de Guaymas, Sonora, al estar planeado para insertarse en la Bahía Catalina. La comunidad de la zona está generando acciones de resistencia; tal es el caso de Puerto Arte, colectivo que empezó en el 2018 como un andador cultural dominical, y que utiliza la música y otras expresiones como herramientas de conciencia social. Este sábado realizaron el evento Conciencia Uno, en apoyo con biólogos, docentes y artistas, con el objetivo de generar un espacio de diálogo para conversar entre las personas de la comunidad sobre los temas que les preocupan, iniciando con el conversatorio "¿Quién cuida al mar?". Su labor se enfoca en fortalecer el tejido social y denunciar las implicaciones de las inversiones extractivistas en el territorio que no están pensando en las comunidades donde planean operar, así como del desamparo institucional que se vive para enfrentarlos.

El desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara, y en especial en el llamado Triángulo Dorado, donde se conectan Chihuahua, Durango y Sinaloa, se ha agravado por las disputas entre grupos del crimen organizado, que despojan a familias de sus tierras y hogares. A finales de mayo de 2026, distintas organizaciones realizaron una Misión Civil de Observación que documentó a al menos 200 personas desplazadas refugiadas en Parral, Delicias y la capital de Chihuahua.

Este sábado entrevistamos a Berta, del colectivo Nuevo Amanecer de Chihuahua, para conocer más sobre la Misión Civil de Observación del Observatorio CDC y la Red Nacional de Derechos Humanos y la crisis humanitaria que es, en gran medida, ignorada e invisibilizada por los gobiernos estatales y federal, que "se avientan la pelotita" sin asumir responsabilidad.

El desplazamiento forzado tuvo un 200% de aumento en los últimos dos años, con epicentro en el municipio de Guadalupe y Calvo, mientras que los gobiernos de Chihuahua y Durango niegan la crisis y sostienen que las familias migran de manera voluntaria, e incluso han forzado el retorno de las familias garantizando su seguridad, lo que ya ha acarreado personas desaparecidas y asesinadas al volver a sus comunidades. Lo anterior también se enmarca en los casos de trabajo forzoso que viven distintas comunidades indígenas de la zona.

Berta, que atiende directamente a personas desplazadas que llegan a la capital de Chihuahua, comentó que los casos incluyen desplazamientos de mujeres e infancias, porque a los hombres los reclutan los grupos armados. Mientras, el fiscal estatal afirmó no tener conocimiento de que exista la problemática del trabajo forzado.

Berta convoca a no criminalizar ni vulnerar a quienes huyen de la violencia en sus lugares de origen, y a actuar con empatía hacia las familias desplazadas.

El 23 de enero de 2026, 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver fue privado de la libertad por un comando armado en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. Tras semanas de búsqueda, 9 fueron localizados sin vida en fosas clandestinas y uno aún está desaparecido. Pese a la tragedia, la mina no cerró su actividad, y a meses de la tragedia, anunció la continuidad de sus operaciones y celebró su entrada a la etapa de construcción, anteponiendo el negocio a la seguridad de los trabajadores.

En entrevista en vivo, la Dra. Aideé Tassinari, economista y profesora-investigadora de la UACM, nos compartió su análisis sobre la violencia y la extorsión que se viven en la industria minera y los vínculos del sector con el crimen organizado, a partir del caso de Concordia.

Se expuso que la versión oficial sostenida por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, según la cual los mineros habrían sido confundidos con integrantes de un grupo criminal rival, es una versión falsa y ofensiva, que opera como una maniobra para desviar la atención de la profunda relación entre las empresas mineras y la delincuencia organizada.

En esa misma línea operan las declaraciones recientes de Napoleón Gómez Urrutia, polémico líder del Sindicato Nacional Minero, quien acusó las intervenciones del crimen organizado en las asambleas sindicales para amedrentar a los trabajadores y frenar la exigencia de libre sindicalización en el marco de las negociaciones del T-MEC, bajo el mando de mineras canadienses. Esto confirma los servicios que la delincuencia presta a las mineras y que, de manera perversa, terminan también favoreciendo al gobierno mexicano al poder usarlo como argumento en las mesas de negociación.

El pasado 6 de mayo, distintas comunidades indígenas dentro de los estados de Guerrero y Michoacán enfrentaron una nueva ola de violencia por parte de grupos del crimen organizado, que derivó en 1000 personas desplazadas, 4 asesinadas y 2 desaparecidas. En entrevista este sábado con el académico de la UNAM Raúl Romero Gallardo, investigador con una amplia trayectoria documentando la organización política de los pueblos originarios del sudeste de México, conversamos sobre la profunda historia del narco-Estado mexicano y sus afrentas contra los territorios indígenas.

En Guerrero y Michoacán, los pueblos indígenas de distintas comunidades han enfrentado por décadas la violencia propiciada por las corporaciones criminales, empezando por la transición de la agricultura tradicional hacia a la proveeduría del narco, que ya ha diversificado sus actividades hasta la trata de personas y el cobro de piso a lo largo de todo el país. La relación entre el crimen organizado y los grupos políticos es cada vez más cercana: mientras que en la "Guerra Sucia" el Ejército era quien se encargaba de la oposición, hoy son los grupos paramilitares del narcotráfico quienes realizan las "guerras" para despoblar y reorganizar territorios, con grupos como "Los Ardillos" infiltrados en cargos públicos. Esto se refleja en la tardía respuesta del Estado ante las agresiones Recientes, que intervino hasta el 12 de mayo gracias a la presión social. Raúl invita a estar al pendiente d la situación a través de las actualizaciones por parte del Concejo Nacional Indígena y el Concejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata, el CIPOG-EZ.

El Sindicato de Trabajadores de la Preparatoria Morelos (SITPREMO), en La Paz, Baja California Sur, es la primera organización de trabajadores de Baja California Sur, con casi 50 años de trayectoria representando a docentes, personal administrativo y de intendencia de la institución educativa que forma parte de la red de Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Autónoma de México. A lo largo del año 2025, el SITPREMO realizó paros laborales y huelgas ante la violación de 20 cláusulas de su contrato colectivo de trabajo.

Entrevistamos a Rubí Martínez, Secretaria General del SITPREMO sobre las diversas acciones que han realizado, incluyendo el cerrar la Dirección escolar para exigir el despido de la titular de Administración y la destitución del Presidente Ejecutivo del Patronato de la escuela, porque es designado por el gobernador.

Tras el logro de esos objetivos, el SITPREMO mantiene la lucha principalmente por el alcance de mejores salarios, para enfrentar la inflación en una Zona de Vida Cara como es el municipio de La Paz.

El SITPREMO mantiene una estrategia de comunicación para explicar sus

"Damos educación de calidad, queremos una vida de calidad", señala la Secretaria General, también Dra. en Ciencias en el uso, manejo y preservación de recursos naturales, que se desempeña como docente encargada del laboratorio de la escuela.

Rubí nos informó que, además de su participación en la pasada marcha del Día del Trabajo donde se enfatizó la importancia de actuar con perspectiva de género en los asuntos laborales, el SITPREMO forma parte de las organizaciones que planean conformar un nuevo frente sindical en Baja California Sur. Para ella, la movilización sindical también es una forma de enseñanza.

El pasado 27 de abril se publicó la Ley número 156 de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Sonora, que establece la creación de una Fiscalía especializada en la materia y un Consejo estatal ciudadano. En el marco de la nueva ley, charlamos con Cecilia Delgado del colectivo Buscadoras por la Paz. Cecilia nos comenta que la publicación de la nueva ley es una buena noticia, ya que la habían estado esperando desde el año 2017 y llega tras acontecimientos como el hallazgo de 65 osamentas localizadas en la carretera 26 en el año 2025, hoy ya identificadas y entregadas a sus familias. Sin embargo, Cecilia denuncia los cambios recientes en la política de registro de personas desaparecidas, basada en visitas casa por casa y diferenciación de tipos de desaparición. Para este colectivo de 500 familias, las cifras oficiales son irreales, y reducirlas es un intento de invisibilizar a sus seres queridos, a quienes seguirán buscando hasta encontrarles.

Las Buscadoras por la Paz realizaron su sexta vigilia por el Día de las Madres este sábado 9 de mayo en el que llaman Árbol de la Esperanza en la Plaza Zaragosa, como homenaje para las madres que fallecieron sin respuestas y para compañeras asesinadas, como Aranza Ramos, buscadora asesinada el 15 de julio de 2021 en Sonora, tras recibir amenazas por buscar a su esposo desaparecido.