Desde las reformas constitucionales de 1992 en México, el ejido y la tierra se han venido convirtiendo en mercancía: se abrió la puerta a la venta, renta y privatización de parcelas, y con ello el modo de vida campesino ha ido desapareciendo frente al mercado inmobiliario y los megaproyectos. Aun así, más del 50% del territorio mexicano sigue siendo propiedad social de uso común en manos de ejidos y comunidades, lo que lo convierte en objeto de disputa permanente. En el ejido Seyé, en Yucatán, entre 2014 y 2015, mediante asambleas ficticias y procesos corruptos, un despacho de abogados convirtió a 18 empresarios en ejidatarios y consumó el apoderamiento de 7,503 hectáreas, 60% del territorio total del ejido, hoy atrapadas en una lucha legal por su recuperación comunitaria.

En entrevista este sábado, el periodista y abogado Alejandro Ruiz explica que este despojo pudo suceder con la anuencia de la asamblea ilegítima del Comisariado ejidal y las autoridades agrarias. Cuando los campesinos demandaron la ilegalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les negó el derecho argumentando que el reclamo debía venir de la figura ejidal. Ante eso, se organizaron políticamente y en abril pasado expulsaron a los ejidatarios corruptos del Comisariado y lo democratizaron. Con el órgano recuperado, preparan de nuevo la demanda de nulidad del despojo y la repartición de la tierra entre quienes la trabajan.

Criminales, empresarios y políticos insisten en despojar a ejidatarios en Sonora

Una caravana compuesta por criminales armados, un empresario del sector minero y personas que dijeron contar con el respaldo del líder minero y diputado Napoleón Gómez Urrutia ingresó de manera ilegal el pasado viernes a las tierras del ejido El Bajío.

Pretendían despojar a los ejidatarios y reactivar trabajos extractivos, según denuncia el abogado defensor de la comunidad ejidal, pero los pobladores cerraron el paso con sus vehículos y lo impidieron.

“La amenaza de despojo es permanente. Todo el año, todo los días, ellos tienen drones volando el territorio, tienen avionetas y cuando ellos consideran que está descuidado el ejido, lo intentan: arman un operativo físico, despliegan actos materiales para intentar el despojo”, dijo Sergio García Camacho para la Boca Nostra.

Los intrusos armados se identificaron como gente de Los Salazar, mientras que el empresario se presentó como Samuel Fraijo, quien al presentar un documento inválido aseguró a los ejidatarios que contaba con el respaldo de Napoleón Gómez Urrutia.

El convoy iba acompañado por policías municipales y también viajaban geólogos enviados por Fresnillo PLC, la compañía que por décadas ha intentado despojar de sus tierras a los ejidatarios.

La última ocasión en la que un operativo similar llegó a las tierras ejidales sucedió en febrero de 2018: entonces fue asesinado Raúl, uno de los ejidatarios que defendía el territorio, y Noemí, también ejidataria, fue desaparecida antes de que llegaran las autoridades. En aquel momento las armas pertenecían al Cártel de Caborca.

El 24 de junio de 2026 dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter sacudieron el centro-norte de Venezuela, derrumbando o dañando cientos de edificios en Caracas, La Guaira, Catia La Mar y Caraballeda. Una semana después, la OMS reportaba más de 2.300 muertos, más de 5.000 heridos y cerca de 16.000 personas sin hogar. Parte del desastre se atribuye a una falla estructural histórica por la falta de cumplimiento de medidas antisísmicas en la construcción de infraestructura.

Entrevistamos al periodista venezolano Miguel Alfonzo, quien nos platicó la situación desde la zona de El Junquito. Miguel contrastó las cifras oficiales con la magnitud del desastre: al haber 300 edificios derrumbados solo en esa zona, se tienen apenas 2.5 rescatistas por edificio, a los que se suman voluntarios con cursos básicos. Las afectaciones alcanzan zonas populares y turísticas que tendrán que demolerse, y ya se ordenaron más desalojos de áreas en riesgo.

Ante la insuficiencia institucional, la población se ha organizado desde abajo: vecinos, consejos comunales, misiones de rescate, cuadrantes de paz, bomberos y protección civil.

Miguel denuncia que la desinformación ha proliferado, buscando generar más zozobra, como es el caso de las amenazas falsas de tsunami, ya que el Caribe es un mar bajo, y solo se asusta a la población. Señala que las redes sociales son espacio de energía pero también de carga emocional, y que lo más grave es la narrativa de desamparo, que centra la discusión en lo político.

Ubicar responsables es difícil en un país tan complejo, pero comenta que el bloqueo comercial a Venezuela retrasa la compra del equipo necesario, lo que impulsa el mercado negro, la corrupción y las mafias. El rescate también se complica por diferencias culturales y dinámicas de poder, aunque destaca la solidaridad de quienes no figuran en redes ni participan de la narrativa de que en Venezuela no hay Estado, sino que solo quieren ayudar.

El contenido de Miguel Alfonzo está disponible en su página de Instagram @le_yako

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Sheinbaum incluye una estrategia de economía circular constituida por el desarrollo de una serie de plantas recicladoras en el país; esto ha generado fuertes críticas por parte de grupos ambientalistas por el sacrificio de territorios periféricos para alojar la basura de las grandes urbes.

Este sábado entrevistamos a Jorge Octavio Contreras, ex-secretario del Comisariado ejidal de San José Chiapa, Puebla, comunidad que está en pie de lucha contra la imposición de un megabasurero en su territorio como parte de dicha estrategia, declarada por el gobierno federal en marzo de 2026 como un "Polo de Desarrollo de Economía Circular", pese a la oposición de la comunidad local.

Jorge denunció que el conjunto de empresas tratadoras de residuos, encabezado por una megarrecicladora que incineraría la basura no aprovechable, es un riesgo inminente para la tierra, agua y aire de San José Chiapa. El proyecto pretende instalarse en la cabecera municipal y procesaría residuos traídos principalmente de la ciudad de Puebla, en un volumen que excede la capacidad de tratamiento incluso en condiciones óptimas, con riesgo de escurrimiento de lixiviados y contaminación del manto acuífero.

Jorge subraya que el mismo proyecto ya fue rechazado en Hidalgo y se busca implementar sin estudios de impacto ambiental. Denuncia además prácticas para convencer a la población, como el reparto de licuadoras, tinacos y calentadores, asambleas con gente pagada que amedrentan a los vecinos, y la presencia de tanquetas y policía estatal. El 29 de junio llegaron tanquetas a reprimir y bloquear el área por orden del gobernador, quien además amplía la carretera a cuatro carriles para facilitar el paso de los camiones de basura.

El conflicto se inscribe en la transformación del pueblo: San José Chiapa era una comunidad agrícola hasta la llegada de la fábrica de Audi, tras la cual se intentó, sin éxito, reorientar su vocación hacia negocios y servicios. Jorge señala un contraste marcado: mientras Ciudad Modelo, comunidad aledaña construida directamente para los trabajadores de Audi, ha recibido apoyos, San José Chiapa vive el abandono institucional. Recuerda que la presidenta Sheinbaum, durante una visita a Ciudad Modelo, se vio obligada a escucharlos, pero sólo ofreció pláticas informativas de la Semarnat, descartando una consulta ciudadana.

Finalmente, Jorge llama a la nación a solidarizarse con su lucha y a no permitir más atropellos bajo el pretexto de los "polos de desarrollo", y exhorta a medios y autoridades a decir la verdad y a no convertir a San José Chiapa en el basurero de Puebla.

Esta semana, el gobierno cubano presentó un paquete de 176 reformas gubernamentales como una respuesta estratégica al bloqueo económico que le impone Estados Unidos de América, que está provocando una severa crisis energética y económica en la isla.

Conversamos con la periodista y comunicadora cubana Ana Teresa Badía sobre los puntos clave de esta transformación política.

Por el lado de la economía, las reformas plantean cambios para facilitar el desarrollo de empresas en la isla, así como la posibilidad de banca privada y nuevas oportunidades en la agricultura. No obstante, Ana Teresa considera que se mantiene la esencia socialista, ya que el compromiso del gobierno es no descuidar la justicia social, garantizando la propiedad social sobre los medios de producción prioritarios y protegiendo las conquistas en salud y educación.

Destaca también que las reformas ofrecen las mismas oportunidades a cubanos dentro y fuera de la isla, además de un incremento al salario mínimo para frenar las brechas de desigualdad. Estas medidas, que ya se venían gestando, son un esfuerzo por preservar el proceso revolucionario.

El pasado 11 de junio se inauguró el Mundial de Futbol FIFA 2026 en la Ciudad de México. Distintos colectivos y organizaciones realizaron una serie de protestas a lo largo de la Ciudad de México y otros territorios del país, impulsados principalmente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, y distintas organizaciones que buscan a personas desaparecidas.

Entrevistamos a Aranzazú Ayala, reportera y comunicadora de A Dónde Van Los Desaparecidos, quien estuvo en la jornada en Ciudad de México y observó el trato que las autoridades dieron a las protestas. La indignación ante la respuesta del Estado mexicano en el contexto del Mundial es más que válida, ya que, mientras las familias exigen avances en la búsqueda de personas desaparecidas, las autoridades despliegan una fuerza policial masiva, no para investigar, sino para contener y reprimir las manifestaciones. Esta prioridad evidencia una intención de proteger la imagen del evento internacional por encima de la crisis humanitaria que vive el país.

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial mexicana del grupo suizo-alemán Proman, tiene ya 14 años intentando implementar una planta de producción de amoniaco y otras sustancias en las bahías de Sinaloa, proyecto que está en marcha en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo. En días pasados, miles de personas de las comunidades cercanas se dieron cita para impedir el avance del desarrollo industrial. Entrevistamos a Criselia Sánchez, quien forma parte de la Nación Yoreme-Mayo en Sinaloa y nos platicó con detalle de la lucha contra el proyecto de inversión alemana que amenaza con destruir el ecosistema local.

Resalta que las autoridades mexicanas pactaron el proyecto son una debida consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios y las comunidades aledañas; además, sobresale el doble estándar de la inversión extranjera: tanto el gobierno como las empresas alemanas violan normativas ambientales y sociales que serían obligatorias en Europa, aprovechando la permisividad en México. Ante esto, la organización comunitaria se intensifica para frenar la obra.

Los embates racistas y antimigrantes de los Estados Unidos continúan profundizando la crisis de derechos humanos que se vive en las fronteras mexicanas y en otros territorios como Palestina. Ante la conciencia de esos actos criminales, las comunidades se solidarizan y respaldan la sobrevivencia de familias enteras.

Este sábado entrevistamos a Mayra y Ana, del colectivo Comida Sin Fronteras, quienes organizan comedores comunitarios en el centro de Mexicali, que funcionan como núcleos de resistencia y solidaridad para migrantes y personas en situación de calle.

En medio de una disputa territorial por la gentrificación del centro de la ciudad, estos espacios trascienden la alimentación: son lugares de convivencia donde se construyen vínculos a través del juego y la reflexión social.

Sin embargo, operan bajo condiciones críticas, debido principalmente al clima extremo de la región, los internamientos forzados y el acoso policial que viven las personas en situación de calle, motivado por intereses que buscan "limpiar" la zona. Pese a esta hostilidad, la comunidad demuestra una participación admirable, ya que, nos comentan, siempre hay personas dispuestas a ayudar.

El proyecto de gas natural licuado AMIGO LNG, amenaza la vida en la región de Guaymas, Sonora, al estar planeado para insertarse en la Bahía Catalina. La comunidad de la zona está generando acciones de resistencia; tal es el caso de Puerto Arte, colectivo que empezó en el 2018 como un andador cultural dominical, y que utiliza la música y otras expresiones como herramientas de conciencia social. Este sábado realizaron el evento Conciencia Uno, en apoyo con biólogos, docentes y artistas, con el objetivo de generar un espacio de diálogo para conversar entre las personas de la comunidad sobre los temas que les preocupan, iniciando con el conversatorio "¿Quién cuida al mar?". Su labor se enfoca en fortalecer el tejido social y denunciar las implicaciones de las inversiones extractivistas en el territorio que no están pensando en las comunidades donde planean operar, así como del desamparo institucional que se vive para enfrentarlos.

El desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara, y en especial en el llamado Triángulo Dorado, donde se conectan Chihuahua, Durango y Sinaloa, se ha agravado por las disputas entre grupos del crimen organizado, que despojan a familias de sus tierras y hogares. A finales de mayo de 2026, distintas organizaciones realizaron una Misión Civil de Observación que documentó a al menos 200 personas desplazadas refugiadas en Parral, Delicias y la capital de Chihuahua.

Este sábado entrevistamos a Berta, del colectivo Nuevo Amanecer de Chihuahua, para conocer más sobre la Misión Civil de Observación del Observatorio CDC y la Red Nacional de Derechos Humanos y la crisis humanitaria que es, en gran medida, ignorada e invisibilizada por los gobiernos estatales y federal, que "se avientan la pelotita" sin asumir responsabilidad.

El desplazamiento forzado tuvo un 200% de aumento en los últimos dos años, con epicentro en el municipio de Guadalupe y Calvo, mientras que los gobiernos de Chihuahua y Durango niegan la crisis y sostienen que las familias migran de manera voluntaria, e incluso han forzado el retorno de las familias garantizando su seguridad, lo que ya ha acarreado personas desaparecidas y asesinadas al volver a sus comunidades. Lo anterior también se enmarca en los casos de trabajo forzoso que viven distintas comunidades indígenas de la zona.

Berta, que atiende directamente a personas desplazadas que llegan a la capital de Chihuahua, comentó que los casos incluyen desplazamientos de mujeres e infancias, porque a los hombres los reclutan los grupos armados. Mientras, el fiscal estatal afirmó no tener conocimiento de que exista la problemática del trabajo forzado.

Berta convoca a no criminalizar ni vulnerar a quienes huyen de la violencia en sus lugares de origen, y a actuar con empatía hacia las familias desplazadas.