la Boca Nostra

¿Qué tienen en común el PRI y Morena con el caso Ayotzinapa?

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la verdad y la justicia siguen siendo una deuda con las familias de las víctimas. La llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto fue desmontada.

Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco llegó la justicia que se había prometido: su informe sobre Ayotzinapa reconoció la responsabilidad del Estado, pero descartó que existieran elementos para responsabilizar al Ejército.

Ahora, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, la discusión vuelve a abrirse a partir de la recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también exonera de culpa al ejército.

¿De qué manera interpretar cuando gobiernos de partidos distintos llegan al poder, pero mantienen posiciones similares frente a uno de los crímenes de Estado más graves de las últimas décadas?

Este 11 de septiembre la Boca Nostra cumple 9 años construyendo lo que llamamos Periodismo contra la Indiferencia. Agradecemos a todas las personas y organizaciones que han confiado en nuestros micrófonos para contar su historia, y a nuestra audiencia por dedicar su tiempo a escucharlas.

El 27 de marzo de 2023 un incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez dejó 40 personas migrantes muertas y 27 heridas. Francisco Garduño Yáñez, entonces comisionado del INM, fue vinculado a proceso, pero por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, no por homicidio. Esto le ha dado beneficios procesales como la suspensión del proceso por 18 meses y la reprogramación de la audiencia más reciente, donde se revisaría si cumplió la reparación del daño.

En entrevista con Marcos Zavala, abogado de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), y de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a ocho sobrevivientes y a nueve familias de personas fallecidas, se explicó que el eje del problema es que a Garduño nunca se le imputaron los homicidios, sino un delito menor.

Esto se suma a la serie de atropellos que han vivido los familiares de las víctimas y personas heridas, ya que en los procesos penales no se les ha tomado en cuenta y las instituciones de Defensoría no les han atendido adecuadamente. Frente a ello, la representación de las víctimas ha promovido trece juicios de amparo, ya que incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha respaldado a los imputados.

El caso es un hecho de negligencia clara con responsables en toda la cadena de mando institucional que fue resultado de las condiciones indignantes que se viven tanto en la detención como en la reclusión en la estación migratoria, en hacinamiento y con falta de alimentación, sin extintores y con candados que mantuvieron encerradas a las personas durante el incendio. Las estaciones migratorias operan como verdaderas cárceles, aunque las personas ahí encerradas no han cometido ningún delito.

Hace 12 años, el derrame de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora y afectó a más de 22 mil personas en ocho municipios, en lo que se reconoce como el mayor desastre ambiental minero en la historia de México. Para atender los daños se creó el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado entre Grupo México y el gobierno federal, sin participación de las comunidades, que se cerró en febrero de 2017 sin cumplir sus objetivos ni ejercer la totalidad de los recursos. En 2020, la Suprema Corte ordenó la participación comunitaria efectiva en todas las medidas de reparación, pero las comunidades, organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora, denuncian que ese mandato sigue sin cumplirse, y este año el gobierno retiró la denuncia penal contra Grupo México como parte de acuerdos negociados a puerta cerrada, mientras se pretende declarar cumplida la sentencia con base en un convenio cuyo contenido el propio gobierno ha negado ante instancias de transparencia. Este 5 de agosto se colocó, por segunda vez, la "primera piedra" de un hospital para atender a la población afectada.

En entrevista con Cinthia Arco Amarillo, abogada de Grupo Poder y apoyo legal de los Comités de Cuenca, hablamos del largo historial de simulación de la remediación. El Fideicomiso se cerró declarando que el río estaba limpio, cuando la contaminación por metales pesados persiste; sobre el hospital anunciado ahora, advierte que de las 60 camas censables prometidas apenas quedaron 12 con sustento, sin respaldo legal que garantice la construcción de la segunda fase; y, existe un patrón de desgaste institucional en el caso, ya que con las autoridades se repite un ciclo de reuniones, minutas y acuerdos que en los siguientes encuentros terminan por eludirse, de modo que nada se concreta.

El nuevo convenio con Grupo México no corresponde ni al 7% de lo que costaría la remediación real, y los Comités de Cuenca exigen que se transparenten los anexos técnicos sobre cómo se usarán los recursos, porque, contrario a lo que afirma el gobierno, estos documentos no son públicos. También ha habido retrocesos, como la reducción de 37 a 10 plantas potabilizadoras comprometidas y el abandono del seguimiento de los mecanismos de medición de sedimentos.

Todo esto es evidencia de que el proceso no se sustenta en la ciencia ni en la participación ciudadana, sin embargo, sigue firme la lucha y la esperanza de los Comités de Cuenca.

El pasado10 de agosto, un terremoto de 7.4 de magnitud sacudió el occidente y centro de Colombia, con las mayores afectaciones en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la zona del Chocó. El sismo golpeó a un país que estrenaba gobierno: el 7 de agosto había asumido la presidencia Abelardo de la Espriella, con un discurso antifeminista, sionista y promotor del militarismo y el extractivismo extranjero.

En ese contexto, entrevistamos al periodista colombiano Héctor Fernando Cortés, quien describe un país desbordado por la emergencia ante alrededor de 900 personas fallecidas, 5 mil heridos y 4 mil viviendas destruidas, con una respuesta gubernamental sumamente precaria. Uno de los elementos políticos más notorios es que De la Espriella no quiso hacer empalme con el gobierno previo de corte izquierdista encabezado por Gustavo Petro, quien no reconoció el resultado electoral, de modo que la nueva administración enfrentó el peor desastre natural reciente sin la transferencia ordenada de información y capacidades que exige la ley.

Héctor también denuncia el pésimo orden de prioridades del nuevo gobierno, ya que al mismo tiempo que el país contaba muertos bajo los escombros, el nuevo régimen ordenó bombardear el Catatumbo, con el pretexto de golpear los territorios de los grupos guerrilleros colombianos, ofensiva militar que fue promesa de campaña de De la Espriella. Esto contrasta de forma brutal con la emergencia humanitaria, donde organizaciones comunitarias e internacionales son el soporte de la atención a las personas afectadas, que además de la muerte de familiares viven las incontables pérdidas materiales ante un nuevo vacío institucional.

En el 2024 se reformó la Ley Federal del Trabajo para reconocer por primera vez a repartidores y conductores de aplicaciones como personas trabajadoras, en vez de "socios" de las plataformas digitales trasnacionales. Quienes generan al menos un salario mínimo mensual en una misma plataforma son reconocidos como trabajadores formales, con derecho a seguridad social y prestaciones. En Hermosillo, Sonora, 900 repartidores que luchan por el ejercicio pleno de sus derechos laborales han fundado Arbolito, donde están aprendiendo a organizarse.

Entrevistamos a Ramiro Rojo, repartidor de aplicaciones que forma parte de la organización, quien nos platica Uber y Rappi anunciaron su incorporación a la seguridad social, pero en la realidad su cobertura es distinta a la convencional; les exigen una cuota semanal de viajes mientras que parte de sus ingresos no se registran como salario, si no como gastos de gasolina y reparaciones. Además, quienes trabajan en más de una app no reciben atención médica adecuada ni incapacidad en el IMSS.

Ramiro denunció que las plataformas digitales no cubren finiquitos por fallecimiento. Esto es especialmente relevante en Sonora, que encabeza las estadísticas nacionales en afectaciones por calor; en en Hermosillo ya han fallecido dos compañeros repartidores debido a su trabajo en temperaturas extremas, lo que advierte de los altos riesgos que corren en su trabajo, incluyendo dejar a sus familias en la precariedad. Ante esto, Arbolito tiene designado a un encargado de vigilar el clima y recordarles hidratarse; desafortunadamente, el gasto en agua y suero también los golpea económicamente.

Ramiro pide más conciencia ciudadana en el tránsito, recordándonos que la ley permite que motocicletas se filtren entre autos, y solicita más respeto a una labor que demostró, desde la pandemia, ser esencial en la ciudad.

Las prendas de las personas que fueron desaparecidas representan pistas forenses que se emplean, en el mejor de los casos, para determinar su destino y dárselo a saber a sus familias.

Para estas últimas, sin embargo, cada calcetín, pantalón o chamarra significa también el último rastro material de la existencia de su hijo, hija, nieta, sobrino, primo, hermana: sucede a través de su olor y de su manera particular de vestir.

Se trata de pequeños fragmentos de historias que conservan las familias. Esta producción, también fragmentaria, cuenta algo de la historia de Cecilia Delgado, madre de Jesús Ramón y fundadora de Buscadoras Por la Paz Sonora.

Ballenas y personas caminaron por las calles de Hermosillo el pasado 29 de agosto para exigir la cancelación de proyectos que ponen en riesgo la vida marina en el Golfo de California. La jornada se llamó Ballena Fest 2026.

Las pancartas y consignas, alzadas entre botargas y títeres de cetáceos, señalaron como "enemigo" a la planta de licuefacción de gas llamada AMIGO LNG, a construirse en Guaymas, lo mismo que otros proyectos de inversión extranjera dirigidos a satisfacer demandas de la economía mundial.

Desde las reformas constitucionales de 1992 en México, el ejido y la tierra se han venido convirtiendo en mercancía: se abrió la puerta a la venta, renta y privatización de parcelas, y con ello el modo de vida campesino ha ido desapareciendo frente al mercado inmobiliario y los megaproyectos. Aun así, más del 50% del territorio mexicano sigue siendo propiedad social de uso común en manos de ejidos y comunidades, lo que lo convierte en objeto de disputa permanente. En el ejido Seyé, en Yucatán, entre 2014 y 2015, mediante asambleas ficticias y procesos corruptos, un despacho de abogados convirtió a 18 empresarios en ejidatarios y consumó el apoderamiento de 7,503 hectáreas, 60% del territorio total del ejido, hoy atrapadas en una lucha legal por su recuperación comunitaria.

En entrevista este sábado, el periodista y abogado Alejandro Ruiz explica que este despojo pudo suceder con la anuencia de la asamblea ilegítima del Comisariado ejidal y las autoridades agrarias. Cuando los campesinos demandaron la ilegalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les negó el derecho argumentando que el reclamo debía venir de la figura ejidal. Ante eso, se organizaron políticamente y en abril pasado expulsaron a los ejidatarios corruptos del Comisariado y lo democratizaron. Con el órgano recuperado, preparan de nuevo la demanda de nulidad del despojo y la repartición de la tierra entre quienes la trabajan.

Criminales, empresarios y políticos insisten en despojar a ejidatarios en Sonora

Una caravana compuesta por criminales armados, un empresario del sector minero y personas que dijeron contar con el respaldo del líder minero y diputado Napoleón Gómez Urrutia ingresó de manera ilegal el pasado viernes a las tierras del ejido El Bajío.

Pretendían despojar a los ejidatarios y reactivar trabajos extractivos, según denuncia el abogado defensor de la comunidad ejidal, pero los pobladores cerraron el paso con sus vehículos y lo impidieron.

“La amenaza de despojo es permanente. Todo el año, todo los días, ellos tienen drones volando el territorio, tienen avionetas y cuando ellos consideran que está descuidado el ejido, lo intentan: arman un operativo físico, despliegan actos materiales para intentar el despojo”, dijo Sergio García Camacho para la Boca Nostra.

Los intrusos armados se identificaron como gente de Los Salazar, mientras que el empresario se presentó como Samuel Fraijo, quien al presentar un documento inválido aseguró a los ejidatarios que contaba con el respaldo de Napoleón Gómez Urrutia.

El convoy iba acompañado por policías municipales y también viajaban geólogos enviados por Fresnillo PLC, la compañía que por décadas ha intentado despojar de sus tierras a los ejidatarios.

La última ocasión en la que un operativo similar llegó a las tierras ejidales sucedió en febrero de 2018: entonces fue asesinado Raúl, uno de los ejidatarios que defendía el territorio, y Noemí, también ejidataria, fue desaparecida antes de que llegaran las autoridades. En aquel momento las armas pertenecían al Cártel de Caborca.