“Lo que tenemos que decirles a todos ustedes es un asunto de mucha importancia, o son muchos asuntos de importancia que tenemos que decirles a hombres, mujeres, niños, viejitos, viejitas y todo mundo; porque esta lucha es una cosa que interesa no solamente a mí, ni solamente a un grupo armado, sino que debe interesar a todos los pueblos de la República.

“El problema que venimos planteando no es de Atoyac ni de Acapulco, es un problema de toda la República, de un pueblo mexicano que está dominado por una clase rica, una clase millonaria, que se ha permitido el lujo de estar viviendo de lo ajeno a través de siglos y siglos”.

Estas fueron algunas de las palabras que Lucio Cabañas, maestro rural, guerrillero y fundador del Partido de los Pobres en Atoyac de Álvarez, Guerrero, pronunció en los años 70. Quedaron guardadas en los archivos de la nación y fueron revividas la semana pasada por un grupo interdisciplinario de investigación que lideró la periodista Marcela Turati en aras de encontrar un nuevo eslabón informativo que acerque la justicia a las familias de las personas desaparecidas en México.

Lo último debido a que Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, su brazo armado y múltiples organizaciones insurgentes, y sus simpatizantes, fueron objeto de las políticas de exterminio desplegadas por el Estado mexicano para apagar la rebelión surgida de las condiciones precarias de los pueblos de la República.

La investigación se titula La Lista Apresta, y se concentra en un documento militar que revela nombres de numerosas víctimas que fueron arrestadas en la clandestinidad, fusiladas y arrojadas al mar. El equipo liderado por la periodista presentó el proyecto ante las familias de Atoyac de Álvarez, la comunidad de la que salieron la mayoría de las personas inscritas en la lista.

Se trata de personas que han buscado a sus familiares desaparecidos por el Estado mexicano desde hace cerca de 50 años: La Lista Apresa, trabajo del que hablamos en La Boca Nostra con Lucero San Vicente, historiadora que se integró al equipo interdisciplinario, representa un esfuerzo por romper con el olvido procesal en el que las autoridades mexicanas han sumido el tema, secuestrando toda opción de justicia.

¿Cómo escuchar y comprender a las infancias con familiares desaparecidos en el país? Las desapariciones de personas producto de la violencia en el país abren una pregunta cuya respuesta en México es cada vez más difícil de relatar. Es grande el dolor de tener un familiar desaparecido, pero también ha sido grande la desatención de las instituciones y de las personas adultas hacia las niñas y niños a quienes les han arrebatado un familiar.

El pasado 20 de agosto se presentó en la Universidad de Sonora, un informe en el que se registra y analiza las experiencias de las infancias con familiares desaparecidos con el título: “Nombrar la ausencia: Experiencias de niños, niñas y adolescentes, familiares de personas desaparecidas en Sonora" a cargo de Leyla Acedo Ung, Paola Díaz Lizé, Elsa Araiza Alcaraz y Patricia Godoy Bernal. Trabajo indispensable para dimensionar las experiencias, sentimientos y vivencias de las infancias, retratando un contexto difícil y preocupante que atraviesan las infancias en un proceso tan complicado como es tener un familiar desaparecido.

Cecilia Delgado, en entrevista en vivo, recalco la necesidad del acompañamiento de las infancias, no solo de las familias sino de las instituciones correspondientes. Por otro lado, se sinceró y reconoció como incluso ella misma lamentándose, tambien no habia considerado los sentimientos y pensamientos de las infancias en su familia, cosa nada menor pues los resultados de la investigación señalan un cambio en la actitud de las infancias, siendo el hecho de tener un familiar cercano desaparecido como un suceso que les ha arrebatado la felicidad, o como estas infancias han sufrido bullyng en sus escuelas por tener un familiar cercano desaparecido, develando un conjunto de experiencias que hasta el momento permanecían en el desconocimiento.

Seis periodistas del medio Al Jazeera fueron asesinados en Gaza en medio de bombardeos del pasado 10 de agosto cuando se encontraban trabajando en una casa de campaña. Se suman a la lista de decenas de miles de civiles asesinados desde el inicio de la guerra de ocupación israelí en territorio palestino.

La gravedad del hecho, apunta Alejandro Ruiz, editor de Pie de Página y jefe de información de Ceiba, periodismo con memoria, radica en que la documentación del genocidio ha sido posible, con grandes dificultades, gracias al trabajo de quienes reportan desde el frente. Esto en un contexto en el que los medios de comunicación han sufrido vejaciones que hacen posible el ocultamiento de atrocidades encaminadas al exterminio.

Todo, detalla el periodista, sucede con la complicidad de una red de empresas trasnacionales involucradas en el financiamiento de la guerra a través de múltiples cadenas de valor, por lo que asume que una de las tareas más relevantes para la comunidad de periodistas del mundo es registrar esto bajo la lógica de "follow the money".

Entre octubre y diciembre de 2024, Caminantas, Red para Mujeres Migrantes, A.C. realizó una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma de crowdfunding 'Donadora'; tras forzarles a un cierre precipitado de la campaña por una supuesta restructuración interna, la empresa fintech desapareció, sin entregar las donaciones.

Los fundadores de Donadora son René Serrano y Norman Müller, quienes han alcanzado un gran éxito en el mundo de las plataformas financieras tecnológicas al haber fundado también la fintech Fondeadora. Actualmente han desaparecido de medios y redes sociales, así como cualquier información reciente relacionada con sus empresas. Caminantas nos explicó que no existen mecanismos legales que regulen la actividad de las plataformas financieras de este tipo, por lo que no hay una ruta jurídica que ofrezca protección a sus usuarios; pero, esperan recibir apoyo de organizaciones como la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO) para presionar a inversionistas de Fondeadora/Donadora y llegar a una resolución de su caso.

Este sábado conversamos con Juan Alberto Cedillo, periodista e investigador con 15 años de experiencia cubriendo la violencia en México. Juan analizó la crisis de violencia en el país con el foco en el asesinato de Ernesto Velázquez, delegado de la fiscalía en Tamaulipas, el pasado 4 de agosto. Juan considera que este crimen, perpetrado a plena luz del día, es un mensaje directo del crimen organizado y una muestra más del control absoluto que ejercen en la región, lo que se demuestra con los vínculos de los gobernadores de los pasados 3 sexenios.

Por otro lado, Juan presentó una serie de datos documentados en su recorrido reciente por Sinaloa, a casi un año del repunte de violencia en Culiacán y zonas aledañas, a lo que llamó "nuestra pequeña Gaza", dado el asesinato de 57 niñas y niños y una crisis social y económica profunda que atribuye directamente a la narcoguerra.

Sobre el panorama internacional, Juan advirtió que Estados Unidos podría intervenir en México de manera indirecta, bajo dos posibles escenarios: operaciones puntuales para capturar a capos del narcotráfico o ataques a laboratorios de drogas sintéticas. Estas acciones, aunque no impliquen una invasión formal, representarían una grave violación a la soberanía nacional.

"Las promesas de tres sexenios siguen sin cumplirse” son las palabras de los Comités de Cuenca del Río Sonora, el pasado 6 de agosto, se cumplieron 11 años del derrame de decenas de miles de metros cúbicos de ácido y metales pesados en el Río Sonora. Este desastre no solo ha dañado el medio ambiente, sino también a las personas. No ha habido remediación ni justicia para las y los afectados por el desastre ambiental y de salud causado por la minería, el más grande en la historia de México.

No deberia estar por encima del gobierno pero al parecer lo está” “es inaudito que no se le pueda exigir a la reparación del daño, mientras nosotros estamos a la espera de esa atención a la salud, a tener un mejor medio ambiente, al agua”, comentó Filomena Bonilla en entrevista en vivo, al hablar sobre la impunidad que se ha mantenido en este caso. La mina Buena Vista del Cobre, ni su dueño —uno de los hombres más ricos de México, el empresario Germán Larrea— han sido castigados de alguna manera por este suceso, producto de la negligencia.

A pesar de que han pasado 11 años del desastre, en el estado de Sonora no se cuenta con el equipo necesario para realizar un monitoreo constante del nivel de metales pesados en las personas; no hay médicos toxicólogos ni especialidades para atender las afectaciones de la minería en un estado principalmente minero. Los pobladores que integran los comités de lucha sufren problemas de salud derivados de las afectaciones por el río contaminado. La pérdida de compañeros del comité deja un enorme vacío, no solo en la búsqueda de justicia, sino también en la hermandad que se ha generado en la organización de los pobladores.

Así lo expresó Filomena, quien con voz triste recuerda a Martha Patricia, una voz vital del río, que se apagó el sábado 15 de febrero del presente año. Sin embargo, ante tres sexenios de promesas vacías, la lucha por la justicia y la remediación continúa.

Alejandrina Gámez Rey, magistrada del Tribunal Unitario Agrario con sede en Hermosillo, Sonora, dejará el puesto en los próximos días en medio de un clima de presiones originadas en la clase acaudalada de México.

Se trata de la última titular del tribunal que lleva la controversia entre el ejido El Bajío y la familia Baillères, por lo que su labor al frente de la institución toca los intereses de la industria minera internacional. Debido a ello, la defensa legal de la comunidad ejidal señala que las presiones que llevaron a la mencionada renuncia se originan en la cuarta familia mas rica del país.

Esto, dijo Sergio García, abogado del ejido El Bajío, reafirma los métodos que el poder económico utiliza para doblegar a la justicia, pues historias similares se han visto en más de 10 años de intentar ejecutar las sentencias que obligan a la empresa multimillonaria a pagar cerca de 700 millones de dólares a los ejidatarios. En otros momentos, agrega, la presión de los multimillonarios ha surtido efecto con la colusión de gobernantes y legisladores.

En el tercer y último capítulo de esta serie, llamado “el accidente” se narra el día y el siniestro que le costó la vida a Daniel Edén, un joven cuyo fallecimiento no solo marcó a su familia, sino a todo el pueblo yoreme. De ser un día como cualquier otro en el que Daniel pasaba por su mamá al trabajo tras salir de la escuela, este día ocurrió lo impensable, Francisca nunca se imaginó que ese día el andar de Daniel se vería truncado por un siniestro, justo despues de salir de la escuela. El nunca llego por su madre y ella solo recibió una llamada con noticias de la tragedia.

GUIÓN

Beto Duarte

Ricardo Pavón

EDICIÓN

Ricardo Pavón

TESTIMONIOS

Francisca Oralia

VOZ NARRADORA

Ricardo Pavón

AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento especial a todas las personas que contaron sus testimonios y prestaron sus voces como a Silvia Maytorena quien nos apoyo para la voz de la cortinilla. Tambien al gobernador tradicional de Cohuirimpo Remedios Severo por invitarnos a cubrir la historia y a Francisca por permitirnos contar esta historia.

El pasado 9 de julio, el ciclista Julio César perdió la vida tras ser atropellado por un camionero cansado en Hermosillo. En su memoria, colectivos ciclistas colocaron una bicicleta blanca como monumento frente a las oficinas de UNE Sonora, sistema de transporte público en Hermosillo, denunciando no solo su muerte sino también la inseguridad vial generalizada.

En entrevista con Osmar González, ciclista urbano, integrante de Bikes & Beers y amigo y compañeros de Julio César, hablamos sobre el entorno urbano hostil para ciclistas y peatones. Entre 2017 y 2021, se registraron 30 muertes de ciclistas y 91 de peatones en accidentes viales en Hermosillo, cifras que, según Osmar, no reflejan la profundidad de un problema relacionado con educación vial, condiciones laborales y respeto a los demás.

Julio César era una persona feliz que propiciaba la alegría; aunque tenía automóvil, prefería transportarse en bicicleta. Para Osmar, su muerte representa una tragedia multicausal. Lamentamos que incluso durante la instalación del monumento, algunos trabajadores de UNE se burlaran del acto, decepción que se unifica a un miedo, por él y por todos los ciclistas, cuando se olvida la dicha de la libertad de tránsito.

En el año 2024, más de 50,000 niñas y adolescentes menores de 19 años tuvieron un parto en México.

Hablamos de esta alarmante situación con Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos DDESER.

Patricia denunció que, a pesar de que existe una política pública nacional que establece que todo embarazo en menores de edad debe ser considerado producto de una violación, lo cual legalmente permitiría su interrupción, las cifras difundidas recientemente por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reflejan las graves fallas institucionales que existen. En muchos de los casos, los agresores son hombres cercanos al entorno de las niñas y las familias, en vez de buscar justicia, suelen proteger al agresor, mientras que los servicios de salud no ofrecen la orientación que están obligados a impartir sobre los derechos de las niñas y permiten que los embarazos continúen.

Además, Patricia nos habló sobre el papel de albergues de inclinación religiosa donde muchas niñas son recluidas por las fiscalías bajo el argumento de su protección, y en realidad, son espacios que impiden deliberadamente el acceso al aborto y forzan la maternidad a las menores

Las fiscalías canalizan a las menores a este tipo de espacios sobre todo cuando hay denuncias formales por violencia sexual infantil, en lugar de permitirles acceder a la interrupción del embarazo.

Finalmente, uno de los aspectos más graves son las edades de los padres, que muestran que son adultos violadores, ya que una niña no tiene la capacidad de consentir una relación sexual. Sin embargo, ni la Secretaría de Salud ni las fiscalías actúan contra los agresores, y perpetúan la violencia al forzar a las niñas a ser madres.

Patricia destacó la necesidad urgente de dejar de normalizar la hipersexualización de niñas y adolescentes, y su puesta al servicio de los deseos de hombres adultos, así como seguir visibilizando la magnitud del problema.