El pasado 25 de abril, el Frente Nacional por un Transporte Digno, conformado por distintas organizaciones de 14 entidades de México, lanzó un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciando la falta de atención al transporte urbano y solicitando que se le dé la prioridad que merece y está establecida en la Constitución mexicana.

Conversamos sobre esto con Luis y Kelly, integrantes del colectivo Voz de los Usuarios Nuevo León.

Las organizaciones populares que luchan por el transporte público digno resaltan que la precariedad que vive el sistema de transporte en las distintas ciudades del país tiene que ver principalmente con que la política pública no considera la movilidad digna y segura como un derecho humano, y se individualiza un problema social cuando las personas no pueden llegar a tiempo al trabajo debido a los problemas de infraestructura y transporte.

Luis resaltó que la tendencia de construir las ciudades centradas en los coches es cada vez más profunda, negando el derecho de las personas a su ciudad. Aunado a esto, las decisiones gubernamentales suelen tomarse sin considerar las necesidades reales de la ciudadanía.

Esta situación es una crisis compartida a nivel nacional, con problemas como el incremento constante en las tarifas de pasaje sin mejoría en la calidad o eficiencia del servicio, y la falta de rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones responsables.

Ante ello, se invita a conocer y sumarse a las exigencias del Frente Nacional por un Transporte Digno. El pronunciamiento está disponible en las distintas redes sociales de las organizaciones que lo conforman.

El pasado 16 de abril, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) inició un proceso de huelga, tras una revisión contractual fallida a causa de la falta de reconocimiento de las autoridades universitarias sobre el desfase salarial injusto que viven alrededor de 1,500 trabajadores universitarios desde hace al menos 3 años.

En entrevista este sábado 25 de abril, el Secretario General del STEUS, Alejandro Manzanares, explicó que la huelga responde a esa condición salarial por debajo del mínimo legal. Señaló que, aunque las autoridades sostienen lo contrario al integrar prestaciones como prima vacacional y bonos, el salario base sigue siendo insuficiente.

El dirigente subrayó que la huelga ha sido criticada, mientras se solapan las condiciones laborales que la originan, ya que las demandas sindicales son legítimas. Acusó la falta de voluntad de diálogo por parte de la Rectoría, ya que aún no se instalan mesas de negociación; y en contraste, destacó el respaldo de asociaciones estudiantiles que han sido incluidas en los espacios de diálogo.

Finalmente, Alejandro advirtió que las y los trabajadores enfrentan la falta de ingresos durante el ejercicio de su derecho a huelga, mientras que la oferta institucional actual, de un aumento del 12%, apenas permitiría alcanzar el salario mínimo en el tabulador, sin representar una mejora real en sus condiciones.

Desde el año 2013, el Ejido El Bajío ha combatido el despojo y daño ambiental por parte de Minera Penmont, consorcio minero propiedad de la familia Bailleres, con ya 67 juicios en contra de la actividad minera ilegal de la mina Soledad Dipolos que fueron dictaminados por los tribunales agrarios a favor del Ejido. Este conflicto ha derivado en años de despojo, desapariciones y violencia, mientras esperan la restitución del oro robado y la remediación ambiental del territorio.

Este sábado 25 de abril, Sergio García, abogado y representante legal del Ejido El Bajío, informó que continúan los avances en su larga disputa legal, ya que están preparando una nueva demanda para evitar la emisión de concesiones mineras dentro del ejido, cancelar las que puedan estar en existencia emitidas para la familia Baillères, y garantizar que únicamente la propia comunidad tenga derecho a explotar los recursos minerales de su territorio.

La intensificación de fenómenos climáticos como sequías prolongadas y huracanes más destructivos está agravando el acceso a medios de vida en Centroamérica y empujando la migración forzada de miles de personas. Este sábado conversamos sobre esto en entrevista con Denise Carachure, enlace de Dirección del Instituto de las Mujeres para la Migración, A.C. (IMUMI), organización que documenta las afectaciones migratorias derivadas del cambio climático.

Hace unos días, IMUMI publicó el informe titulado “Cambio Climático y Migración desde Centroamérica. Perspectivas de Personas en Movilidad en México”, donde se muestra que la degradación ambiental en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua deteriora los medios de subsistencia de comunidades enteras. Este contexto no solo incrementa la pobreza, sino que exacerba factores como la violencia, la exclusión, la discriminación y la débil protección estatal, configurando un escenario que obliga a muchas personas a abandonar sus hogares.

Denise subrayó que las mujeres enfrentan impactos diferenciados y más severos en todas las dimensiones analizadas, resaltando el aumento en las cargas de cuidados y las dificultades para acceder a trabajo digno.

Con este estudio se busca incidir en políticas públicas que mejoren el acceso a mecanismos de protección y a un estatus migratorio regular en México, y propone como recomendaciones el fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como que el Instituto Nacional de Migración emita lineamientos para la regularización migratoria en casos vinculados a impactos climáticos. Asimismo, plantea la necesidad de mantener un enfoque antirracista y con perspectiva de género en todas las políticas y acciones institucionales.

El estudio completo está disponible en el sitio oficial de IMUMI: https://imumi.org/nuestras-publicaciones/cambio-climatico-y-migracion-desde-centroamerica/

Después de un año de expectativas sobre el anuncio gubernamental de un registro actualizado y el avance en carpetas de investigación de las personas desaparecidas en México, este 27 de marzo el gobierno federal presentó el Informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en donde se presenta la cifra 132,534 casos clasificados en 3 categorías: “Datos insuficientes”, para casos en los que supuestamente no hay información básica para iniciar la búsqueda; “Con actividades y registros después de la fecha de desaparición”, cuando el nombre de la persona aparece en bases de datos gubernamentales como el SAT o el INE; y “Sin actividad a la fecha”, que correspondería a las personas consideradas “realmente desaparecidas”: apenas el 33% del total reportado.

En entrevista con La Boca Nostra, Aranzazú Ayala de la organización A dónde van lxs desaparecidxs, criticó la nueva la metodología, pues la reclasificación no atiende la crisis, sino que la oculta, al disminuir la cifra oficial en apariencia sin presentar mayores esfuerzos para fortalecer los mecanismos de búsqueda ni la rendición de cuentas.

El nuevo registro presenta inconsistencias graves, como la clasificación de casos ampliamente documentados en la categoría de "Datos insuficientes", como por ejemplo los hijos de María Herrera, reconocida madre buscadora. La categoría de "Con actividad" también es un registro poco fiable porque no considera la cantidad de personas con el mismo nombre en el país. Y lo que es aún más preocupante: el informe indica que sólo 5,269 casos de los 40,308 en esa categoría han sido efectivamente localizadas, y no da más detalles sobre la situación de los otros 35,309 con supuestas actividades después de la fecha de desaparición.

La nueva metodología sigue la lógica del “censo” realizado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también realizado de manera deficiente y resultó revictimizante para las familias. Finalmente, Aranzazú denuncia que se están destinando recursos a reducir las cifras en lugar de dotar a las fiscalías de presupuesto operativo, además de la casi siempre ausente voluntad real para la búsqueda de personas desaparecidas.

El proyecto American Mexican Integrated Gas Operations (AMIGO) forma parte de los megaproyectos impulsados por el actual gobierno de Sonora, que pretende ubicarse en la costa de Guaymas con inversión de multinacionales de Estados Unidos y Singapur, para la licuefacción de más de 5 millones de toneladas de gas licuado a exportarse a Asia. En entrevista este sábado, Cecilia García, directora de comunicación de Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), advirtió sobre los riesgos sociales y ecológicos del proyecto, que tendría emisiones contaminantes permanentes y afectaciones graves al ecosistema del Golfo de California.

Además, el proyecto no fortalecerá la soberanía energética de la región, ya que el gas licuado se exportará, dejando a México solo como un enclave extractivista; de acuerdo con la información de DAN, el daño ambiental será tan fuerte que EEUU no permite la construcción de ese tipo de infraestructura en sus propias costas.

Asimismo, Cecilia denunció que las autoridades no han socializado correctamente el proyecto, sino que bombardean con publicidad sobre sus supuestos beneficios sin desarrollar mecanismos de consulta y participación para las comunidades afectadas.

El pasado 19 de marzo fue el segundo aniversario de la desaparición del profesor José Gabriel Pelayo Salgado, de la comunidad de Coahuayula, en Ostula, Sierra-Costa de Michoacán. El hecho coincide con el inicio de la agudización de la violencia que se vive en la región. Chuchita, integrante de CODET, en entrevista este sábado, alertó sobre la escalada de violencia y cómo la situación de seguridad se ha deteriorado con ataques constantes contra las comunidades.

La defensa del territorio recae completamente en la guardia comunal de Ostula, ya que los de cuerpos policiacos gubernamentales no llegan a la región; esto provoca una mayor vulnerabilidad ante los ataques, que se prolongan día y noche, y que han incorporado tácticas como el uso de drones y la colocación de minas terrestres.

La violencia se dirige principalmente contra líderes comunales; en los últimos tres años han sido asesinadas más de 40 personas han sido asesinadas y al menos tres líderes permanecen desaparecidos. Además, se han implementado estrategias para aislar a las comunidades, como la colocación de explosivos en el camino hacia la toma de agua potable y el bloqueo de salidas, lo que impide el acceso a servicios médicos. También se han atacado lugares que antes eran más respetados, como templos y escuelas. Puede darse seguimiento a la información en las redes sociales de Información Coahuayula y Comunidades Vecinas (Facebook) y en Coahuayula y Comunidades Vecinas (Instagram).

Mientras se realiza la revisión salarial del 2026 del sindicato de trabajadores académicos de la universidad de sonora (STAUS), un documento filtrado por el sindicato exhibe los aumentos salariales de hasta más de 130% por parte de integrantes de la alta burocracia de la universidad. Mientras que para las y los profesores el tope de aumento anual es del 4%.

En entrevista en vivo para la Boca Nostra, el profesor universitario Ricardo Ortega del departamento de física, hizo un recorrido histórico de cómo fue luchar por más de un año para obtener un ascenso que le correspondía, al agotar toda medida burocrática tuvo que recurrir a una huelga de hambre de más de 90 horas para obtenerlo en diciembre del 2025.

Señalo como “en la actualidad pues el número de maestros de horas sueltas ha incrementado a tal grado de que ocupamos eh digamos más del 50% de la planta docente” Además incluyo que “la educación en la universidad está sostenida por maestros de asignaturas, está sostenida por los maestros de hora suelta, que pues estamos atiborrados de grupos, de materias y pues hacemos, digamos, la labor de la docencia con la mayor carga de estudiantes”.

Además de esto, señalo lo dispares que pueden ser los salarios, pues “pues cuando estoy diciendo que un maestro de asignatura nivel A apenas y percibe los 6700 pesos en la quincena.” Mientras según el documento compartido por el sindicato, 8 altos mandos de rectoría estarían ganando más de 50 mil pesos al mes, con el aumento que supuestamente se autorizaron.

Un oficio girado por parte de la cúpula de la Universidad de Sonora fue recibido el 18 de marzo por el Dr. Iván Ballesteros Rojo en su escritorio. En un tono digno de Kafka, que se fortalece al considerar los frutos del trabajo del literato, se le informa que su puesto será suprimido dada una “reestructuración” del área.

Antes de ello, Ballesteros Rojo era coordinador del Fondo Editorial de la Universidad de Sonora, donde laboró por dos años. Se trata de un área que, antes de este lapso, además de improductiva, destacó durante las últimas décadas por ser blanco de acusaciones y señalamientos de jóvenes escritoras por situaciones de acoso.

Aunque nada de ello propició una “reestructuración” del área, sí lo consiguieron los resultados del nuevo responsable: una lista que comienza con el reconocimiento al mejor libro del año, en la categoría de no ficción, que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y que sigue con múltiples acuerdos de coedición con grandes universidades del mundo.

Todo esto provocó una reacción inmediata por parte de la comunidad de escritores y escritoras, así como gente dedicada a la edición, venta de libros, estudiantes y más, quienes impulsan la restitución del editor a partir de una petición en un sitio web. Al cierre de esta nota, se acumulaban más de mil 200 firmas.

Aquí la liga de la petición: https://www.change.org/p/restituci%C3%B3n-del-dr-iv%C3%A1n-ballesteros-rojo-en-el-fondo-editorial-de-la-unison

Una venganza al interior de uno de los grupos criminales más violentos del mundo inició el 18 de marzo de 2011 y se prolongó por un par de días para terminar en una masacre: un ejército de sicarios de Los Zetas sitió un pueblo del norte de México, en Coahuila, y asesinó a unas de 300 personas sin ninguna intervención de las autoridades, lo que incluye al ejército.

Lo ocurrido fue nombrado por Juan Alberto Cedillo como la “masacre de Allende”: se trata el primer periodista que acudió al sitio para documentar la tragedia, cosa que materializó en un libro publicado en 2023, uno de los registros más acabados de la violencia criminal que se desató luego de la “Guerra contra el narco”, desplegada por Felipe Calderón tras su llegada al gobierno, en 2006.

Juan Alberto, sin embargo, llegó al lugar cerca de 9 meses después, dijo al aire durante entrevista con Boca Nostra: este fue el tiempo que las autoridades mantuvieron ocultos los hechos gracias a sobornos del orden de los 8 millones de dólares, según testimonios dados por los criminales en los Estados Unidos.

A 15 años de la masacre, las familias no han obtenido reparación del daño, mientras que el gobierno federal se amparó para evitarlo. La discusión que pretende justificar el acto es que las víctimas eran también criminales, aunque, según documentó el periodista, gran parte eran familiares de narcotraficantes, pero también trabajadores, jardineros, albañiles y otros civiles.