En 2023, un grupo de trabajadores de la empresa maquiladora Amphenol Optimize México, S.A. de C.V. fue despedido injustificadamente. Los afectados denuncian que los despidos se debieron a la organización de los trabajadores para conformar un sindicato independiente.

Ante esta situación, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) del Acuerdo Estados Unidos–México–Canadá (T-MEC) emitió un plan de remediación para atender la violación a los derechos laborales, entre cuyos puntos destaca la reinstalación de nueve trabajadores, con el pago de salarios caídos y beneficios completos.

En entrevista en vivo para La Boca Nostra, Francisco Cota, secretario general del sindicato, detalló que estas remediaciones aún se encuentran en proceso, ya que, aunque en el comunicado se señala la existencia de un acuerdo entre ambos gobiernos, el sindicato no ha recibido el plan de remediación por parte del gobierno mexicano.

Por otro lado, el plan de remediación también establece que la empresa debe actualizar su declaración y directrices de neutralidad, socializarlas con el personal y reafirmar la libertad sindical de los trabajadores, además de instalar un mecanismo de denuncia anónimo y confidencial. De acuerdo con el secretario general, algunas de estas acciones ya han sido implementadas.

Finalmente, Cota denunció que durante capacitaciones impartidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, funcionarios de la institución invitaron a los trabajadores a no integrarse al sindicato independiente, además de advertir que el uso del RRM podría poner en riesgo la permanencia de las empresas en el país, afirmación que el dirigente sindical calificó como falsa.

Durante el primer año de gobierno de Donald Trump, ha quedado en evidencia el trato que da el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a las personas migrantes. En 2025, al menos 32 personas murieron mientras estaban bajo custodia de esta agencia, cifra que representó el mayor número de fallecimientos en detención desde 2004, según datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos.

Además, en 2026 se han registrado múltiples incidentes en los que agentes federales han abierto fuego durante operativos, incluidos tiroteos en Minneapolis, Minnesota, que resultaron en la muerte de civiles durante redadas relacionadas con la inmigración. Estas acciones han ocurrido en el marco de un aumento de las detenciones y deportaciones, así como de operativos más agresivos en distintas ciudades.

El periodista Edilberto Escobar, de la histórica radio comunitaria Radio Victoria, narra en entrevista en vivo las experiencias de algunas de las personas detenidas por el ICE. Describe casos en los que familias han sido separadas y resalta el miedo que experimentan los migrantes, especialmente los salvadoreños, quienes llegan a Estados Unidos huyendo de situaciones de violencia y crisis en sus países de origen. El Salvador, por ejemplo, ha estado bajo estado de excepción durante 45 meses debido a altos niveles de violencia.

Los problemas que enfrentan las personas migrantes deportadas a El Salvador los colocan en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que no cuentan con condiciones para reintegrarse a sus comunidades, carecen de redes de apoyo y a menudo no tienen recursos económicos, lo que hace que empezar de nuevo sea un proceso difícil.

Escobar también señala que el miedo se extiende hasta la vida diaria de quienes aún están en Estados Unidos, limitando incluso su salida de casa por temor a ser detenidos. Mientras tanto, aunque el gobierno salvadoreño mantiene el estado de excepción, muchos migrantes enfrentan situaciones similares o incluso peores al regresar al país tras una deportación, encontrándose con entornos de inseguridad y falta de oportunidades.

El pasado 23 de enero, 14 trabajadores de las empresas CICAR y de la minera canadiense Silver Corp. fueron secuestrados en el municipio de Concordia, en Sinaloa, mientras realizaban trabajos de exploración. Este hecho ocurre en un estado que ha experimentado una guerra entre cárteles desde hace más de un año y en un contexto marcado por el alza en los precios del oro y la plata, que han aumentado 18 % y 52 %, respectivamente.

La Dra. Aide Tassinari, economista y especialista en los efectos socioambientales de la minería a cielo abierto en México, señaló —en entrevista en vivo con el equipo de La Boca Nostra— que son los trabajadores de las mineras quienes sufren y experimentan directamente la violencia del crimen organizado, mientras, paralelamente, se generan acuerdos entre líderes empresariales y grupos criminales mientras tanto Estado prioriza la protección de los metales sobre la vida de las personas.

Al respecto, citó un caso particular en el que un empresario minero canadiense, Rob McEwen, hizo pública en 2015, durante una entrevista televisiva, la relación que se establecía entre empresas mineras y grupos criminales en México. En dicha entrevista, añadió que para poder explorar y explotar la tierra era necesario dialogar y negociar con los grupos del crimen organizado de la región.

Por último, la especialista señaló que esta no es una dinámica nueva; por el contrario, es común que los trabajadores sean “sacrificados” durante los procesos de exploración y explotación de un territorio, mientras ambas partes llegan a un acuerdo. El alza en el precio de estos metales representa “pésimas noticias”, ya que podría traducirse en la aceleración de los procesos extractivos, así como en la búsqueda de nuevos acuerdos entre los grupos criminales y las empresas mineras.

Arturo Lugo Macías, “Sheveck”, joven activista y ex alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, dependiente de la UNAM, fue detenido el pasado 8 de enero en el Estado de México por agentes de la Fiscalía General de la República. La dependencia lo acusa de pandillerismo, daños y otros ilícitos presuntamente cometidos en abril de 2020 durante una manifestación en la institución educativa, lo que generó indignación entre activistas que consideran lo sucedido como un acto de criminalización de la protesta.

Al día de hoy, el joven se mantiene privado de su libertad debido a que se le impuso prisión preventiva como medida cautelar. Mientras, la organización llamada Red Solidaria por la Liberación de Arturo “Sheveck” Lugo Macías, entrevistada el sábado pasado en La Boca Nostra, afirma que se le han negado condiciones básicas como el acceso a cobijas, artículos de higiene y a una alimentación adecuada a su dieta, pues no consume alimentos de origen animal.

Las irregularidades, sin embargo, se habrían presentado desde el primer momento: la situación del 5 de abril de 2020 que llevó a la detención de Arturo casi 6 años más tarde se produjo cuando un grupo de choque, armado y con equipo táctico, ingresó a las instalaciones donde colectivos estudiantiles y feministas mantenían una protesta y denunciaban ser víctimas de crímenes sexuales por parte de autoridades educativas. En ese momento, de acuerdo con la Red Solidaria, las instalaciones fueron dañadas y estudiantes agredidos.

Foto: Eréndira Aquino Ayala

Los estudios académicos sobre movimientos sociales mayormente se concentran en analizar a los grupos progresistas o de tendencias de izquierda, dejando de lado a las agrupaciones que presentan una afinidad de corte conservador. En el caso de Hermosillo, durante la década de los setenta, existió una organización conocida como “Micos”; en Guadalajara, “Los Tecos”, así como en otras ciudades de la República, como Monterrey y la Ciudad de México.

En entrevista en vivo, el Dr. Cuitláhuac Galaviz compartió los pormenores de su futuro proyecto de investigación posdoctoral, el cual realizará en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, conocido como Instituto Mora. Dicho proyecto estará centrado en el estudio de las juventudes católicas y anticomunistas en México durante las décadas de 1960 y 1970, enfocándose en distintos grupos de derecha de ciudades como Hermosillo, Guadalajara y Monterrey.

Dichas organizaciones recogían ideas nacionalistas de corte conservador y anticomunista; además, solían romper huelgas y manifestaciones mediante el uso de la violencia, mencionó Galaviz. Asimismo, señaló que la importancia de estudiar a estos grupos de derecha desde una perspectiva histórica y crítica radica en que aún se desconoce la mayor parte de sus motivaciones, así como las formas en que se organizaban en los planos ideológico, simbólico y social.

Cuitláhuac pone sobre la mesa la necesidad de analizar estos fenómenos sin prejuicios, atendiendo a las voces, trayectorias y contradicciones internas. Este tipo de investigaciones adquiere especial relevancia en el contexto actual, donde resurgen, de entre los escombros, los resquicios de discursos conservadores y anticomunistas.

Por último, el académico invita a la ciudadanía a apoyar la investigación compartiendo cualquier información sobre personas involucradas en este tipo de organizaciones en las ciudades mencionadas; de ser así, pueden comunicarse directamente con La Boca Nostra.

El año 2025 fue convulso para los pobladores del Río Sonora y Río San Miguel. Desde enero hasta diciembre los pobladores organizados resistieron ante la imposición de la construcción de tres presas, que afectarían al consumo de agua de los pobladores, líquido vital que además fue contaminado por la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de German Larrea, en 2014.

En entrevista en vivo con María Auxiliadora Haro, quien ha sido uno de los principales rostros del movimiento, señaló esta nueva etapa en la que se encuentra la lucha, pues el pasado 6 de enero la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) desechó el Manifiesto de Impacto Ambiental y no autorizó el estudio de cambio de uso de suelo para la construcción de la presa en la Puerta del Sol. Esto implicaría una victoria para los defensores del río; sin embargo, manifestó, continuarán en la vigilia, ya que las autoridades no se han pronunciado ante estas noticias, además de que pueden brincarse estos pormenores legales y continuar con la construcción de la presa, como ha pasado en otros lugares.

Por último, María comentó que el año pasado lo recuerda como un año muy fuerte, complicado, con tristezas, amenazas y mucha lucha por la defensa del territorio, pero que estas noticias alegran a las y los defensores del Río Sonora, aunque se mantendrán alerta y en guardia ante posibles nuevas incursiones del gobierno estatal.

En entrevista con Jano Valenzuela, vecino de Sacramento Residencial y parte de la comunidad organizada que protege los 4mil metros cuadrados de área verde del fraccionamiento, nos comenta la buena noticia: se logró obtener una resolución de un juez con la suspensión definitiva de las obras en toda el área verde, gracias al juicio de amparo promovido por María Dolores Sánchez Acosta, abogada defensora del área verde del Residencial.

Esto les da la tranquilidad de que, al menos durante el transcurso del juicio de amparo, no puede haber construcción ni tala de árboles.

La suspensión reconoce la existencia de posibles violaciones de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al espacio público y la legalidad urbanística.

Esto es "una lucecita al final del túnel", nos comenta Jano, pero las y los vecinos saben que no pueden confiar en el respeto a la ley o la buena voluntad por parte de las personas corruptas de la constructora involucrada y el Ayuntamiento de Hermosillo.

Este sábado también se realizó una rueda de prensa para socializar lo sucedido, como un mecanismo de contención ante la corrupción.

Jano comenta que las y los vecinos tienen la razón ética, política y ahora jurídica, y esperan contar con el apoyo de la ciudadanía en caso de que se renueven los permisos y las actividades de tala o construcción en el área verde de Sacramento Residencial.

Finalmente, se invita a la comunidad a conocer el bosque urbano comunitario que representa esta área verde, y próximamente se harán actividades de recaudación de fondos para los gastos legales de esta defensa del territorio.

La invasión estadounidense a Venezuela, y el ulterior secuestro del presidente Nicolás Maduro, ocurrieron tras un ataque que “dejó ciega” a Caracas en términos militares. El ataque, según las conclusiones de periodistas de Ceiba que formaron parte de una mesa de diálogo durante la primera transmisión de la Boca Nostra de 2026, fue de corte electromagnético, y responde a una política que calificaron como neofascista.

La mesa estuvo conformada por Ariadna Mogollón, Jorge Vilalta, Mikel Moreno, quienes durante los últimos días recorrieron los sitios de los bombardeos, y Ricardo Pose, quien además de reportear para Ceiba le ha dado cobertura a la situación regional para TeleSur.

Mostraron rechazo ante la versión mediática que afirma que el pueblo venezolano “celebra en las calles”; afirman que las manifestaciones se han organizado para ofrecer apoyo al gobierno bolivariano, rechazar la invasión militar y exigir el retorno del presidente Maduro.

También en el plano mediático, resaltan como tema central el uso del inexistente “Cartel de los Soles” como un arma propagandística para instalar la idea de que el alto gobierno venezolano era un cartel narcotraficante y así ganar apoyo internacional para una intervención.

“El chavismo no pedirá permiso para existir", concluyen de cara a la urgencia de la coyuntura calificada como un punto de inflexión.

Rafael Bracamontes, habitante de la región del río Sonora y parte del movimiento en defensa del río y en contra del reciente plan de construcción de presas en la zona, nos habló de la manifestación que se realizó el pasado 9 de diciembre, en la que él y demás habitantes de los pueblos del río Sonora, ambientalistas, el cuerpo legal y personas simpatizantes con su lucha, ingresaron por su cuenta al Congreso del Estado después de que se les negara el acceso.

El objetivo fue hablar con los diputados, en particular con Omar Del Valle Colosio, quien ese día presentó una propuesta en la misma línea del plan hídrico que es rechazado por la población de la región.

Rafael denuncia que las puertas cerradas contradicen el discurso oficial de apertura al diálogo, y por eso se decidieron a entrar de esa manera al recinto.

Una vez dentro, se reunieron con tres diputados y Rafael les expresó el hartazgo de la población ante discursos vacíos y la falta de acciones reales que beneficien a las comunidades, señalando que los diputados viven en “otro mundo”, aunque dependen del mundo de la ciudadanía común.

El diputado Omar Del Valle se comprometió a poner en pausa la Ley de Presas y a instalar una mesa de análisis con los pobladores del río Sonora. Ante esto, el movimiento se mantendrá vigilante y presionando por todos los medios posibles para que el compromiso se cumpla, ya que el diputado, actual presidente del Congreso, ha prometido antes visitar el río Sonora sin cumplirlo.

Rafael afirmó que actualmente no ha habido maquinaria ni nuevas acciones gubernamentales, debido a la constante vigilancia comunitaria y la comunicación entre los pueblos. Destacó que el movimiento de defensa del río Sonora se encuentra cada vez más fuerte y mantienen la esperanza de salir de esta lucha “con los brazos en alto”.

Patricia Ramírez y un colectivo de periodistas, busca llevar el periodismo al espacio público mediante lecturas en voz alta de notas y reportajes. Con bocinas y micrófonos, comparten fragmentos e invitan a las personas a consultar la información completa. Esto lo expreso Emmanuel integrante de Periodismo en Voz Alta en entrevista en vivo para la boca nostra.

Su objetivo es difundir periodismo crítico y reducir la distancia con las personas que viven las problemáticas. Emmanuel nos dijo que consideran que ser “periodistas de a pie” implica una cercanía real con las comunidades; opina que los periodistas de medios hegemónicos no deberían sentirse orgullosos de estar cerca de personas influyentes.

El proyecto aborda temas diversos—infancias, crisis ambientales, problemáticas locales, estatales y nacionales—y realiza las lecturas en los espacios donde esas realidades se viven, mostrando que los fenómenos se complementan y hay temas que parecen lejanos pero no lo son. Periodismo en Voz Alta es una forma de periodismo performático que incorpora diálogos y una voz narrativa.

Aunque no se consideran un medio de comunicación en sí, sí se asumen como divulgadores y distribuidores de sus propios reportajes y de los de sus colegas. Contrastan con la tendencia de que el periodismo circule únicamente en plataformas digitales, pues buscan recuperar la calle como espacio informativo.