El pasado 19 de marzo fue el segundo aniversario de la desaparición del profesor José Gabriel Pelayo Salgado, de la comunidad de Coahuayula, en Ostula, Sierra-Costa de Michoacán. El hecho coincide con el inicio de la agudización de la violencia que se vive en la región. Chuchita, integrante de CODET, en entrevista este sábado, alertó sobre la escalada de violencia y cómo la situación de seguridad se ha deteriorado con ataques constantes contra las comunidades.

La defensa del territorio recae completamente en la guardia comunal de Ostula, ya que los de cuerpos policiacos gubernamentales no llegan a la región; esto provoca una mayor vulnerabilidad ante los ataques, que se prolongan día y noche, y que han incorporado tácticas como el uso de drones y la colocación de minas terrestres.

La violencia se dirige principalmente contra líderes comunales; en los últimos tres años han sido asesinadas más de 40 personas han sido asesinadas y al menos tres líderes permanecen desaparecidos. Además, se han implementado estrategias para aislar a las comunidades, como la colocación de explosivos en el camino hacia la toma de agua potable y el bloqueo de salidas, lo que impide el acceso a servicios médicos. También se han atacado lugares que antes eran más respetados, como templos y escuelas. Puede darse seguimiento a la información en las redes sociales de Información Coahuayula y Comunidades Vecinas (Facebook) y en Coahuayula y Comunidades Vecinas (Instagram).

Mientras se realiza la revisión salarial del 2026 del sindicato de trabajadores académicos de la universidad de sonora (STAUS), un documento filtrado por el sindicato exhibe los aumentos salariales de hasta más de 130% por parte de integrantes de la alta burocracia de la universidad. Mientras que para las y los profesores el tope de aumento anual es del 4%.

En entrevista en vivo para la Boca Nostra, el profesor universitario Ricardo Ortega del departamento de física, hizo un recorrido histórico de cómo fue luchar por más de un año para obtener un ascenso que le correspondía, al agotar toda medida burocrática tuvo que recurrir a una huelga de hambre de más de 90 horas para obtenerlo en diciembre del 2025.

Señalo como “en la actualidad pues el número de maestros de horas sueltas ha incrementado a tal grado de que ocupamos eh digamos más del 50% de la planta docente” Además incluyo que “la educación en la universidad está sostenida por maestros de asignaturas, está sostenida por los maestros de hora suelta, que pues estamos atiborrados de grupos, de materias y pues hacemos, digamos, la labor de la docencia con la mayor carga de estudiantes”.

Además de esto, señalo lo dispares que pueden ser los salarios, pues “pues cuando estoy diciendo que un maestro de asignatura nivel A apenas y percibe los 6700 pesos en la quincena.” Mientras según el documento compartido por el sindicato, 8 altos mandos de rectoría estarían ganando más de 50 mil pesos al mes, con el aumento que supuestamente se autorizaron.

Un oficio girado por parte de la cúpula de la Universidad de Sonora fue recibido el 18 de marzo por el Dr. Iván Ballesteros Rojo en su escritorio. En un tono digno de Kafka, que se fortalece al considerar los frutos del trabajo del literato, se le informa que su puesto será suprimido dada una “reestructuración” del área.

Antes de ello, Ballesteros Rojo era coordinador del Fondo Editorial de la Universidad de Sonora, donde laboró por dos años. Se trata de un área que, antes de este lapso, además de improductiva, destacó durante las últimas décadas por ser blanco de acusaciones y señalamientos de jóvenes escritoras por situaciones de acoso.

Aunque nada de ello propició una “reestructuración” del área, sí lo consiguieron los resultados del nuevo responsable: una lista que comienza con el reconocimiento al mejor libro del año, en la categoría de no ficción, que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y que sigue con múltiples acuerdos de coedición con grandes universidades del mundo.

Todo esto provocó una reacción inmediata por parte de la comunidad de escritores y escritoras, así como gente dedicada a la edición, venta de libros, estudiantes y más, quienes impulsan la restitución del editor a partir de una petición en un sitio web. Al cierre de esta nota, se acumulaban más de mil 200 firmas.

Aquí la liga de la petición: https://www.change.org/p/restituci%C3%B3n-del-dr-iv%C3%A1n-ballesteros-rojo-en-el-fondo-editorial-de-la-unison

Una venganza al interior de uno de los grupos criminales más violentos del mundo inició el 18 de marzo de 2011 y se prolongó por un par de días para terminar en una masacre: un ejército de sicarios de Los Zetas sitió un pueblo del norte de México, en Coahuila, y asesinó a unas de 300 personas sin ninguna intervención de las autoridades, lo que incluye al ejército.

Lo ocurrido fue nombrado por Juan Alberto Cedillo como la “masacre de Allende”: se trata el primer periodista que acudió al sitio para documentar la tragedia, cosa que materializó en un libro publicado en 2023, uno de los registros más acabados de la violencia criminal que se desató luego de la “Guerra contra el narco”, desplegada por Felipe Calderón tras su llegada al gobierno, en 2006.

Juan Alberto, sin embargo, llegó al lugar cerca de 9 meses después, dijo al aire durante entrevista con Boca Nostra: este fue el tiempo que las autoridades mantuvieron ocultos los hechos gracias a sobornos del orden de los 8 millones de dólares, según testimonios dados por los criminales en los Estados Unidos.

A 15 años de la masacre, las familias no han obtenido reparación del daño, mientras que el gobierno federal se amparó para evitarlo. La discusión que pretende justificar el acto es que las víctimas eran también criminales, aunque, según documentó el periodista, gran parte eran familiares de narcotraficantes, pero también trabajadores, jardineros, albañiles y otros civiles.

El puerto de Topolobampo, Sinaloa, está atravesando una invasión de megaproyectos de la industria gasera estadounidense de exportación; Vista Pacífico era un proyecto de procesamiento de gas natural licuado acordado desde el año 2020, que esperaba empezar a operar en el 2029. La empresa Sempra Infrastructure canceló el proyecto debido a que la Comisión Nacional de Energía rechazó su solicitud de permiso para exportar gas natural a Asia y Europa desde la costa sinaloense.

En entrevista en vivo este sábado 7 de marzo, Daniel Villaman, periodista especializado de la Revista Espejo, señaló que el proyecto también enfrentó la resistencia social desde el inicio, por la debacle ambiental que iba a acarrear. En la Manifestación de Impacto Ambiental se identificaron 82 posibles afectaciones, entre las que sobresale la construcción de una plataforma flotante a dos kilómetros de la costa que requería excavar 19 mil metros cuadrados del fondo marino, una intervención que implicaba la destrucción directa del ecosistema en esa área.

Además, la terminal estaría liberando químicos cancerígenos volátiles en todo momento, a corta distancia de las comunidades costeras.

El proyecto se desarrollaba en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y forma parte de una serie de inversiones estadounidenses en la zona que generan división social, ya que las campañas de difusión ligadas a los llamados “Polos del bienestar” promovidos por el gobierno federal se contraponen con las comunidades indígenas Yoreme y los colectivos ambientalistas que mantienen la lucha contra la instalación de este tipo de infraestructura depredadora.

En la región hay otros siete megaproyectos orientados a exportar gas natural licuado hacia Asia y Europa, aprovechando la cercanía con gasoductos provenientes de Estados Unidos y la salida directa al Pacífico.

El Día de la Mujer Trabajadora es una fecha icónica para visibilizar las desigualdades de género persistentes y exigir cambios reales para la situación de las mujeres en todo el país. En el marco de las marchas y actividades, charlamos con Pan y Rosas Sonora, organización feminista y socialista que forma parte de las convocantes. Las compañeras informaron sobre la situación actual de la lucha por la legalización del aborto en el estado, consigna principal de la convocatoria de este año, y expresaron su opinión crítica sobre distintos personajes que, desde el poder y el patriarcado, afirman defender los derechos de las mujeres.

Primeramente, nos recordaron que Sonora aún presenta el desacato a la legislación federal que establece la despenalización del aborto; pese a los avances legales a nivel federal en los últimos años, en la entidad persisten los obstáculos jurídicos y políticos que dificultan el acceso a este derecho. “En este tema, las mujeres somos las que hacemos el trabajo del gobierno”, señalaron, ya que el acompañamiento para la interrupción del embarazo se lleva a cabo desde distintas colectivas feministas.

También hablamos sobre el significado político de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. Pan y Rosas reconoce que es un cambio histórico, pero no implica la representación de todas las mujeres del país, ya que "cuando una mujer rompe el techo de cristal, otras mujeres barren el vidrio que cae al piso”, comentaron.

Asimismo, cuestionaron las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la “liberación” de mujeres en Irán, narrativas que buscan justificar los bombardeos y el avance imperialista. Por ello, las compañeras señalaron la importancia de las voces que se dieron cita en la marcha del domingo para denunciar la guerra en Irán, el genocidio palestino, las políticas anti-inmigrantes en EEUU, la contaminación del Río Sonora y otras causas que atraviesan a Hermosillo, México, y todo el mundo.

El Tren Maya es un megaproyecto de turismo y logística comercial que ha suscitado diversas violaciones territoriales, ambientales y jurídicas a su paso. Su construcción, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha conllevado diversos conflictos con la población de las zonas que atraviesa.

De acuerdo con la información de Alejandro Ruiz, periodista de distintos medios como Pie de Página, Ceiba Periodismo con Memoria y Jaltun.mx, desde el pasado 19 de febrero, ejidatarios de la comunidad de Sierra Papacal, dentro del municipio de Mérida bloquearon las obras del ferrocarril y exigieron la suspensión de su construcción al señalar que el ejido ha sido víctima de una expropiación llevada a cabo por autoridades ejidales corruptas.

Alejandro nos comenta que la respuesta de la SEDENA se ha resumido a decir que ellos "solo construyen" y no administran las gestiones territoriales, mientras que la comunidad ejidal busca que se respeten sus derechos agrarios y se esclarezca qué sucedió con los supuestos recursos por la compra turbia del predio invadido.

En días pasados, la Unión de Vecinos de Sacramento Residencial A.C. logró obtener una resolución de un juez con la suspensión definitiva de las obras ilegales que se realizaban en el área verde del fraccionamiento. Alejandro Valenzuela, profesor de la Universidad de Sonora y vecino del residencial, forma parte de la organización comunitaria que ha sembrado, cuidado y defendido el área verde y enfrenta ahora una denuncia penal por presuntos daños a la propiedad ajena, tras recibir amenazas por parte de las personas que pretenden adquirir el predio.

El conflicto comenzó cuando vecinos del residencial denunciaron la ilegalidad de la compraventa del predio, que es propiedad municipal, y que actualmente es uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad de Hermosillo. Alejandro nos comenta que la denuncia interpuesta en su contra se remonta al año 2020, y ha sido retomada por la Fiscalía en un claro acto de intimidación y un intento de criminalizar la defensa del territorio ante el reciente fallo en contra de quienes pretenden privatizarlo.

Los demandantes argumentan que, en aquel momento, Alejandro les amenazó, cosa que él desmiente completamente, al relatar que fueron ellos quienes realizaron destrozos en el área verde y fueron advertidos por un grupo de vecinos de que era propiedad pública. Alejandro considera que la persecución de su persona forma parte de las tácticas que este tipo de personas realizan buscando amedrentar a la organización comunitaria.

El profesor universitario nos cuenta que la Fiscalía buscaba la prisión preventiva, medida que considera desproporcionada, descartada gracias a que él pudo presentar su versión de los hechos ante el juez; no obstante, sí se levantaron medidas cautelares en su contra, como el no poder salir de la ciudad y tener que ir a firmar a los juzgados semanalmente.

Mientras el proceso legal avanza, vecinos del residencial mantienen actividades informativas y de recaudación de fondos para enfrentar los gastos de la defensa jurídica.

La Concordia, lugar donde fueron secuestrados, algunos asesinados, según información oficial, 14 trabajadores del sector minero en Sinaloa es, al menos desde hace 17 años, una zona que se encuentra en manos criminales. La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa agudizó un problema que ya existía.

Algo de esto expuso Marcos Vizcarra, periodista de Revista Espejo y El País, durante una entrevista con la Boca Nostra: “La Concordia fue blanco durante bastante tiempo de bloqueos, incendios carreteros, asesinatos en carretera y desapariciones”, dijo sobre el municipio que, en 2025, se ubicó entre los cuatro más violentos de la entidad.

La situación de los mineros, de los cuales se tiene confirmación del asesinato de 5, mientras que el resto de los casos permanece bajo investigaciones, retrata semejantes niveles de violencia en un entramado en el que la industria extractivista aparece involucrada con frecuencia, tanto en Sinaloa como en Sonora y otras regiones del país.

“Si un grupo de mineros está vestido como tal, se encuentra dentro de un campamento con logotipos de la empresa y se traslada en camionetas identificadas con la misma compañía, y aun así son confundidos, entonces, ¿qué podemos esperar?”, sintetizó el periodista que ha recogido la opinión de múltiples líderes sociales de la región.

Otro caso fúnebre ocurrió en Culiacán, Sinaloa, el 11 de febrero: fue asesinado Ricardo Misael, de 15 años, cuando se dirigía a una farmacia para comprar un biberón con el que alimentaría a uno gatos que había rescatado. Las autoridades señalaron que también habría sido “confundido” por circular en motocicleta. La familia del menor asesinado, sin embargo, aseguró que aquel no tenía motocicleta y que ni siquiera sabía manejar.

El bloqueo que sufre Cuba por parte de Estados Unidos trae consigo falta de servicios básicos para la población, como atención hospitalaria, alimentación y educación. La política unilateral, que supera ya los 60 años de vigencia, y que se ha recrudecido desde su implementación, significa para la isla una crisis humanitaria.

El histórico bloqueo se profundizó tras el anuncio del presidente Donald Trump el pasado 30 de enero, en el que planteó nuevas restricciones orientadas a inhibir el comercio de petróleo, bajo el argumento de que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos. Sobre este tema habló en entrevista con La Boca Nostra la periodista y analista política cubana Ana Teresa Badía, quien puso énfasis en el renglón humano de las afectaciones: sin combustible, el sistema nacional de salud se debilita, cuando la vida de infantes y adultos depende en gran medida del suministro eléctrico.

La ciudadanía ha experimentado apagones prolongados e intensos. A esta situación se suma que el bloqueo también impide la importación de cualquier artículo que contenga más de 10% de componentes estadounidenses. Esto limita la posibilidad de adquirir refacciones para el mantenimiento de instalaciones industriales, como las termoeléctricas.

“Hay momentos en los cuales casi entre el 70 y el 80% del país está apagado”, señaló Badía. Además, recordó que este tipo de políticas no necesariamente afectan de manera directa a los gobiernos, sino que “cuando se toman medidas de ese tipo, los principales damnificados son los ciudadanos”. A pesar de este panorama, Badía reconoció y agradeció el apoyo de México y otros países como Chile, China y Rusia.