La Primera Feria del Libro Mayo se llevó a cabo esta fin de semana, con sede principal en el espacio cultural Sewa Machiria en Navojoa, y en otras comunidades aledañas como Etchojoa. Este evento es histórico, no solo por ser la primera edición de la feria, sino por reunir a diversas comunidades Yoreme del sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

La feria fue organizada por el Gobierno ancestral de Cohuirimpo, la Librería Hypatia y Stasis AC, y se distingue por su enfoque comunitario. Más allá de la venta de libros, el programa incluye talleres, presentaciones de poemarios, conferencias y proyección de documentales.

Asimismo, en un conversatorio, Alicia Hopkins y Diana Coronado abordaron la importancia del acceso a una verdadera justicia comunitaria, y se vivió uno de los momentos destacados: la reunión de la asamblea de mujeres de Buaysiacobe y la proyección de un documental completamente en idioma Yoreme, realizado por Iris Villalpando, originaria del norte de Sinaloa.

El gobernador tradicional de Cohuirimpo, Remedios Severo, señaló que este evento representa “un gran paso para avanzar en la reconstitución de la nación Yoreme", subrayando el carácter cultural y político de la feria.

La violencia en el país adopta muchas formas, y las afectaciones que produce en las personas también. Sin embargo, las consecuencias psicológicas suelen ser las más ignoradas o las menos abordadas. Estas afectaciones no son muy diferentes al estrés postraumático que generan las guerras, y son experimentadas por los comuneros que integran la guardia comunal de Santa María de Ostula, en Michoacán.

Esto es precisamente lo que explora el fotoperiodista Beto Paredes en su trabajo “Por el derecho de vivir en paz”, publicado en Ceiba. Periodismo con memoria. En entrevista en vivo, señaló que “hay que aceptar que existen conflictos armados en el país que no están formalmente reconocidos, pero el hecho de que no haya un reconocimiento oficial del gobierno federal no significa que no existan”.

Estos conflictos, que él identifica como “violencia organizada”, generan profundas afectaciones psicológicas en los jóvenes que forman parte de la defensa territorial de su comunidad, quienes enfrentan de manera continua al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La violencia impone un alto costo humano en los comuneros que defienden su territorio. Son heridas que, lamentablemente, no sanan con facilidad, sino a través de un proceso largo y complejo que afecta la dinámica familiar y comunitaria. Beto nos invita a romper el prejuicio ante estos padecimientos, recordándonos que no es normal vivir en contextos de violencia.

Emiliano, estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdG), es uno de los jóvenes que participa en las manifestaciones estudiantiles recientes en contra de la corrupción dentro de la institución. El pasado 10 de septiembre, se realizó un plantón en la Rectoría General de la UdG, que fue desalojado con violencia por parte de trabajadores de la Universidad y de otras instituciones, y estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), órgano estudiantil cooptado por las autoridades universitarias.

Emiliano nos cuenta que las exigencias principales de las asambleas en los distintos centros universitarios de la UdG son la cancelación del Consejo General Universitario, órgano de toma de decisiones obsoleto y carente de representatividad, y el desconocimiento de la FEU.

También nos relata que antes del plantón se tuvo una mesa de diálogo con las autoridades universitarias, pero éstas se negaron a atender las demandas de la comunidad estudiantil y movilizaron a las personas para el desalojo violento.

A este operativo se suma una campaña de criminalización y un cerco mediático orquestado para desacreditar al movimiento estudiantil.

Este sábado entrevistamos a la Dra. Delia Piña, cronista y habitante de Ures, Sonora, quien expresó su rechazo al denominado Plan Hídrico de Sonora, impulsado por el gobierno estatal. La historiadora denunció la falta de transparencia, participación ciudadana y respeto a los derechos de los pueblos de la región del Río Sonora, ya que el pasado jueves 25 de septiembre, autoridades estatales sostuvieron una reunión a puerta cerrada con supuestos representantes ejidales. Delia nos informa que, en realidad, las personas asistentes incluyeron a integrantes actuales y anteriores de la administración pública de las localidades del río, que tuvieron que abandonar la reunión "por la puerta de atrás" ante la presión de las y los habitantes que exigían ingresar.

El encuentro se realizó sin acceso a celulares y sin convocatoria abierta a la comunidad.

La Dra. nos comenta que lo que piden las comunidades es respeto a su integridad, y que el gobierno vaya municipio por municipio del Río Sonora a presentar el proyecto Puerta del Sol y que escuche a la gente.

También nos comenta que ya se hizo entrega de dos oficios a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la situación: en uno se desmiente la información emitida por la Conagua sobre un promedio de lluvias en la región de solo 500 milímetros y la inexistencia de registros de los últimos 7 años; en el otro, se incluyen más de 1,500 firmas de rechazo ciudadano al proyecto.

El gobierno ha justificado la construcción de presas con el argumento de que, cuando llueve, el agua se desperdicia. Sin embargo, para las comunidades afectadas, el que el río corra no es un desperdicio.

Este sábado charlamos con la investigadora sinaloense Sibely Cañedo, quien ha documentado el desplazamiento forzado desde la perspectiva de la niñez y adolescencia en el norte de México, particularmente en el municipio de Concordia, Sinaloa. La situación se remonta a 2017, cuando más de 500 familias tuvieron que abandonar el municipio debido a enfrentamientos armados entre grupos criminales, desplazándose principalmente hacia Mazatlán, donde organizaron un movimiento social para exigir el derecho a la vivienda y se instalaron en distintos fraccionamientos.

Sibely habló de la experiencia de niños, niñas, adolescentes, madres de familia y docentes, destacando la mirada juvenil frente al desplazamiento y el papel de las madres como cuidadoras y defensoras, quienes tomaron la decisión de huir para proteger a sus hijos. En estas regiones, la narcocultura y la ausencia del Estado han contribuido a que el enrolamiento en el crimen organizado se vea como una opción razonable, especialmente entre adolescentes que resultan útiles para labores de vigilancia y combate.

El reclutamiento aún no es plenamente reconocido ni atendido, y entre sus causas también está la impunidad, la falta de oportunidades y la ausencia de alternativas reales para la juventud, como ya se evidenció durante la fallida estrategia de seguridad del sexenio de Felipe Calderón. Sibely nos recuerda la importancia de escuchar e incluir la voz de la niñez y adolescencia es fundamental para transformar nuestra sociedad.

Los vecinos de Sacramento residencial tienen años luchando por recuperar un predio que ha sido blanco de intentos de despojo debido a actos de corrupción por parte de la constructora y el ayuntamiento de la ciudad de Hermosillo, Sonora. En el 2011 la comunidad se enteró que el terreno (que debía ser destinado como área verde) era objeto de un proyecto para construir un supermercado. Es entonces que la comunidad comienza a organizarse para comenzar una lucha desde las vías legales, políticas y mediáticas además de intervenir el espacio reforestando con plantas nativas.

El pasado Sábado nos acompañó Jano Valenzuela, luchador social y un conocido activista en el estado, quien recientemente recibió una notificación sobre una denuncia penal en su contra así como también en contra de su padre. La denuncia, explica Jano, fue interpuesta por una persona que tiene un contrato de compra con la constructora, misma que con actos de corrupción lotificó el predio para facilitar la venta.

Jano señala que el ayuntamiento minimiza el conflicto diciendo que es una disputa entre particulares cuando desde el 2012 la unión de vecinos de Sacramento residencial interpuso una demanda en contra del ayuntamiento. Sin embargo, las mismas secretarías del gobierno municipal siguen otorgando permisos de construcción en el predio que sigue bajo litigio.

El domingo 7 de septiembre, en Culiacán, Sinaloa, más de 20 mil personas realizaron la tercera marcha para exigir paz, justicia y rendición de cuentas, a un año de vivir la violencia generalizada por el enfrentamiento entre dos facciones criminales y la indiferencia institucional.

Hablamos con Marcos Vizcarra, habitante de Culiacán y ganador del Premio Nacional de Periodismo en el 2021, sobre los saldos que ha tenido esta guerra por el control del narcotráfico: 1,900 personas asesinadas, incluidos 57 niñas, niños y adolescentes y 40 mujeres con signos de tortura; al menos 2,000 personas desaparecidas; 200 desplazados por ataques con drones-bomba e incendios provocados; 200 cadáveres en fosas clandestinas; y más de 1,000 personas detenidas.

Vizcarra también nos habló de la normalización de la militarización, incluyendo operativos fuera de las escuelas y la plática cotidiana entre la niñez sobre desapariciones y asesinatos. Además, se vive la incapacidad de las autoridades, por ejemplo, en que la identificación forense está paralizada por la falta de genetistas, pero al tiempo, se movilizan 10 mil elementos de seguridad que no influyen en una disminución real de la violencia y sí contribuyen al negocio de la guerra, denuncia Vizcarra.

Marcos nos invita a seguir a medios de comunicación locales para tratar de entender mejor lo que está pasando.

Una lancha que surcaba las olas en el mar del Caribe fue impactada por un misil de la marina de los Estados Unidos cerca de Venezuela. Esto como parte de una escalada militar, iniciada por el país del norte, el cual acusa a Venezuela de enviar drogas al consumidor estadounidense; lo hace sin pruebas al tiempo que contradice a la ONU.

Las relación entre Estados Unidos y Venezuela, nunca ha sido sencilla y ha estado plagada de intervencionismo por parte del país del norte, que históricamente busca subyugar la tierra bolivariana, la de mayores reservas de petróleo del mundo. La tensión creció tras la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez a inicios de este siglo y comandada por Hugo Chávez, por lo que la situación actual una coyuntura importante en la política internacional de la región.

A pesar de las amenazas continuas, los bloqueos económicos, Jorge Vilalta, periodista y analista político, en entrevista en vivo el pasado sábado, señala que la población en Venezuela da muestras de “estar lista para defender su patria”. Aunque reconoce que esta escalada militar parece más una amenaza vacía que una posible invasión al territorio, no deja de ser una afrenta contra el pueblo en Venezuela y su soberanía.

Jorge señala lo preocupante e indignante de la situación, pues identifica que el gobierno de Donald Trump utiliza narrativas sin fundamentos para justificar su actuar: como ejemplo menciona al inexistente “Cartel de los Soles”.

Este sábado 30 de agosto, más de 20 vehículos partieron en caravana desde Bacoachi, Sonora, rumbo al Palacio de Gobierno estatal en Hermosillo, como muestra de rechazo al proyecto del Gobierno del Estado que contempla la construcción de tres presas sobre los ríos Sonora y San Miguel. La protesta se da en un contexto marcado por la sequía y el saqueo minero que afecta gravemente a la región.

Enlazamos con Micaela, una de las voces del movimiento organizado, mientras se llevaba a cabo el recorrido, quien nos recordó que es indebido bloquear el flujo natural del agua, vital para las comunidades de la zona.

A pesar de las múltiples manifestaciones, las autoridades siguen ignorando las demandas ciudadanas, mientras continúan con la planeación de las presas de manera opaca e irregular, lo que incluye la recolección de firmas en distintas comunidades con el fin de simular una aprobación que no existe.

También se han desatado campañas de desprestigio contra integrantes de las organizaciones defensoras del territorio, atacándoles de forma personal. Ante esto, Micaela hizo un llamado a no caer en provocaciones. Afirmó que como grupo organizado, conocen el valor humano de quienes luchan por el bien común, y no se dejarán engañar por perfiles falsos que intentan deslegitimar el movimiento, insinuando intereses ocultos.

Micaela reiteró la invitación a defender los derechos vulnerados por las autoridades, y a mantenerse firmes en la lucha por la defensa de los ríos, ya que no se trata de un problema que afecte solo a unos cuantos, y a seguir haciendo presencia en la lucha por la defensa de los ríos porque no es sólo la afectación de unos cuantos, sino que son muchísimos quienes están en contra de la construcción de las presas.

El pasado 27 de Agosto estudiantes de la Universidad de Sonora se manifestaron en un conocido puente peatonal en la ciudad de Hermosillo. Este pasado Sábado tuvimos la oportunidad de entrevistar a Melissa Samaniego quien es presidenta del CESA (Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos), quien nos habló sobre que fue lo que llevó a diversos colectivos estudiantiles a llevar a cabo la protesta.

Melissa denuncia el amarillismo en muchos medios de comunicación, la imagen negativa que los mismos tienen hacia las y los estudiantes que deciden manifestarse y hace un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre la importancia del peatón y criticar lo que llamó como autocentrismo al hecho de que la conformación de la ciudad sea en torno a la movilidad de los automóviles. Explica que lo que buscan los manifestantes es el derecho básico de poder transitar por la ciudad de una manera digna, segura y accesible.

El puente peatonal en donde se llevó a cabo la manifestación conecta a UNISON con el Hospital General del Estado de Sonora y pasa sobre la Avenida Luis Encinas, una de las principales vías de tránsito de la capital sonorense. Esta obra ha sido objeto de críticas y muchas controversias desde el momento de su construcción debido a que; como explica Melissa, este puente no cumple con la normativa vigente mexicana, siendo extremadamente difícil el uso para alguien de la tercera edad o para personas con movilidad reducida. Nuestra entrevistada quien es estudiante de Psicología ambiental explica también que a partir de la manifestación múltiples colectivos estudiantiles se han sumado a denunciar diversos puntos de acceso a la universidad que son riesgosos así como también proyectos para reducir el flujo de trafico vehicular en la universidad.