Más de 500 organizaciones de todo el país repudiaron enérgicamente el decreto 681/2025, que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y frena la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), advirtió:

“Lo que están haciendo es inconstitucional e inconvencional. No solo viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”