El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ratificó a fines de diciembre sus fallos vinculados a la emergencia en discapacidad y estableció un ultimátum al Gobierno nacional para que cumpla con lo dispuesto por la ley. En su última resolución, el magistrado otorgó cinco días hábiles para que el Estado presente informes que acrediten el avance real de los trámites pendientes y dejó en claro que, de no cumplirse la sentencia, se avanzará con sanciones directas a los funcionarios responsables.
La fecha clave es el 4 de febrero, día en el que la ley deberá estar “100% vigente y funcionando”, según lo dispuesto por la Justicia.
El padre Pablo Molero, coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacó la firmeza del juez y el cambio de tono de la intimación judicial. “El juez no solo puso cinco días para que informen, sino que ahora pide cosas muy concretas: definición de los aranceles actualizados, cómo se va a ejecutar la sentencia y con qué plazos”, explicó.
Molero subrayó que la resolución contempla sanciones personales y no solo institucionales. “Si no cumplen, empiezan las multas, pero no al Estado, sino a los funcionarios directamente. O sea, van a tener que sacar el dinero de su bolsillo”, remarcó. En ese sentido, consideró poco probable un nuevo incumplimiento: “Las veces que un juez avanzó con multas personales, la cosa se cumplió muy rápidamente”.