"Gas Estructura de errores forzados y afano neoliberal", revela una estructura de errores forzados y un "afano ultra neoliberal" en la gestión de la cadena de valor del gas natural en Argentina entre 2016 y 2022. Este período, que abarca la presidencia de Mauricio Macri y gran parte de la de Alberto Fernández, se caracteriza por un retroceso para el pueblo argentino, con políticas insuficientes e incluso perjudiciales para los usuarios y el desarrollo nacional, una situación que el autor teme se agrave con la deriva actual.La AGN evaluó negativamente la balanza comercial, el nivel de infraestructura y el impacto sobre los usuarios, concluyendo que las políticas implementadas no solo fueron insuficientes sino dañinas. A pesar del encarecimiento del servicio domiciliario y la consecuente merma en el ingreso disponible de los usuarios, no se observó una reducción significativa del déficit comercial ni una expansión del servicio de gas por red. Esto se debió, según el autor, a que la prioridad de la "oligarquía energética" fue la exportación en detrimento del bienestar de la población y el desarrollo del país.El censo de 2022 evidenció que solo el 48,61% de la población argentina está abastecida por gas de red para cocinar, dejando a más de ocho millones de hogares vulnerables a la dolarización de los costos y el retiro del Estado impulsado por Macri y continuado por sus sucesores. Esta situación impacta no solo a los usuarios residenciales sino a toda la matriz energética, donde el gas representaba el 53% en 2022 y era la principal fuente para la generación eléctrica. El autor critica que los dos gobiernos "ultra neoliberales" de la década se dedicaron a paralizar o abortar proyectos de construcción de nuevos sistemas en la cadena de abastecimiento, contrastándolo con la gestión anterior.Un factor permanente señalado es la alta concentración de la cadena de valor del gas en actores nacionales y extranjeros, así como la aceptación de fijar precios en moneda extranjera. En 2022, solo cuatro firmas controlaban el 75,2% de la producción interna. Si bien la estatización parcial de YPF en 2012 introdujo un peso estatal en la producción, la distribución permaneció en manos de nueve empresas de la "oligarquía energética" con zonas exclusivas, lo que les permitió, según el autor, cartelizarse a pesar de no competir directamente.La auditoría también detectó que el sendero de precios en dólares estimado por las autoridades hasta el final del mandato de Macri resultó superior a los precios surgidos de las subastas realizadas entre 2018 y 2019. Este mecanismo reveló que, debido a la baja de los precios de importación, los valores concedidos a la producción local superaron los internacionales. A pesar de las políticas de estímulo a la producción y la disminución del consumo por la pérdida de poder adquisitivo, la balanza comercial de gas natural y GNL continuó siendo deficitaria.El informe de la AGN, también observa que las políticas se centraron en la producción, omitiendo la necesidad de expandir la infraestructura de transporte. En 2018, ENARGAS advirtió sobre la saturación de la capacidad de transporte desde Vaca Muerta y otras cuencas, lo que obligó a recurrir nuevamente a las importaciones. Con la construcción del gasoducto "Presidente Néstor Kirchner", financiado estatalmente ante el fracaso de modelos público-privados, se debería abordar este problema. El crecimiento de la cobertura territorial de gas de red en los últimos quince años fue menor que el crecimiento poblacional, lo que evidencia el déficit en infraestructura. Mientras la población creció un 13,71% entre 2010 y 2022, la cobertura de gas de red solo lo hizo en un 9,24%, incrementándose el uso de garrafa en un 19,74%. La gestión del gas natural durante el período auditado estuvo marcada por errores estratégicos y una visión neoliberal que priorizó intereses particulares y la exportación por encima de las necesidades del pueblo argentino y el desarrollo nacional.