En las democracias modernas no se puede plantear la derogación de una norma jurídica bajo secretismo, más aún, cuando la misma está en proceso de negociación entre patronal, obreros y gobierno. 

El acuerdo firmado entre el Gobierno y el partido EH Bildu, para sacar adelante la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados, fue innecesario y de una torpeza política mayúscula. Una acción como esta genera crispación, inseguridad jurídica, puesto que las reglas bajo las cuales funcionan las relaciones laborales no pueden ser objeto de moneda de cambio.