Presentación del libro: “Guerra sucia y abusos de poder: la quiebra de los imperativos morales”. acto organizado por la Fundación Fernando Buesa Blanco junto al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. El acto tuvo lugar en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Victoria-Gazteiz.

En este acto intervinieron:

Luis Castells, coautor del libro.

Juan Luis Ibarra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Maider García Martín, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL.

Un análisis sobre el uso ilegítimo de la violencia por parte las policías y de grupos de ultraderecha para combatir al terrorismo hasta su desaparición.

La guerra sucia existió, aunque se haya buscado ocultarla o minusvalorar su alcance. Debemos dimensionarla adecuadamente y evaluarla críticamente para contribuir a la deslegitimación de la violencia. Consistió en el uso ilegítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y de grupos de ultraderecha con el propósito de combatir el terrorismo, disponiendo bien del consentimiento tácito o incluso del apoyo político y financiero de los aparatos del Estado. La ocultación o minusvaloración de las distintas formas de guerra sucia y de la tortura, las limitadas investigaciones policiales y judiciales, así como la impunidad de muchos de los delitos cometidos tienen efectos muy contraproducentes porque impiden el reconocimiento y la reparación de las víctimas de estas atroces e injustas vulneraciones de derechos humanos y hacerlo en pie de igualdad con las víctimas de ETA. Algunos argumentan que la guerra sucia era necesaria e inevitable dada la dramática y compleja situación que se vivía. Sin embargo, desde la perspectiva ética de esta colección, creemos que es fundamental que se comprenda que no solo fue injusta contra las personas que la sufrieron, sino que fue un gravísimo ataque a la democracia y al Estado de derecho que debía proteger los derechos y las libertades de toda la ciudadanía; y ahí no cabe consideración utilitaria alguna.