La gestión del desembarco y repatriación del pasaje del Hondius, el barco donde se ha producido el brote del Hantavirus, ha sido ocasión de un nuevo enfrentamiento entre la administración central y una administración autonómica. Así como en la gestión del COVID llegó un momento en el que el Gobierno central dejó prácticamente toda la gestión de la pandemia en manos de las Comunidades Autónomas, en este caso ha sido lo contrario.

El Gobierno de Canarias se opuso a que el barco atracara en la Granadilla cuando era cierto que España tenía una responsabilidad moral para dar puerto. Pero más información y una voluntad de coordinación hubieran podido limar las diferencias para reducir la alarma social. A última hora el Gobierno canario volvió a intentar impedir la llegada del barco cuando todo parecía ya acordado. Y el Gobierno central le quitó la gestión del fondeo a la Autoridad Portuaria de Tenerife para dársela a la Marina Mercante y así evitar que se impidiera la operación prevista.

Con menos voluntad de polarizar y con menos voluntad de obtener rédito político de todo sería más fácil una coordinación entre la Administración central y las administraciones autonómicas. Pero por desgracia eso no existe. En muchos casos los límites entre las administraciones no están claros, debido al modo en que se diseñaron nuestras instituciones. En este caso sería necesario que ya estuviera funcionando la Agencia de Salud Pública, que existe, pero no está operativa.