En entrevista exclusiva con Sputnik, Rodríguez resaltó la "precipitación" y el "desorden normativo" por cómo se prepararon y se impusieron las sanciones contra Rusia en respuesta a su operación especial en Ucrania.
"Una norma, para ser correcta, tiene que, de acuerdo con la 'rule of law', ser una norma que haya percibido una investigación seria sobre los sujetos sancionados, una oportunidad de defenderse, de escuchar, cosa que no se sigue en los procedimientos normativos, y en este caso esa precipitación indica que muchas de las personas sancionadas no tienen realmente méritos o culpa para recibir estas sanciones", subrayó el experto.
En particular, Rodríguez citó el caso de los llamados 'oligarcas rusos' que son en realidad "empresarios exitosos", donde el lenguaje utilizado para denominar a estas personas –una palabra "con una connotación despectiva"– es "injusto, desproporcionado y, probablemente, discriminatorio".
También son cuestionables las medidas que se adoptan en su contra, es decir, la congelación de sus activos y propiedades, lo cual significa en la práctica "una confiscación de bienes".
Unas medidas que incluyen la prohibición del acceso de los sancionados a sus inmuebles ubicados en suelo comunitario, aunque sean su domicilio habitual, lo cual es "claramente un quebrantamiento, una violación, tanto de la carta de Naciones Unidas, como de la Carta Europea de Derechos Humanos o de Derechos Fundamentales".
Según el abogado, lo mismo sucede con los barcos, "residencia habitual en verano de los empresarios rusos que han sido sancionados", al tiempo que las cuentas también "se están congelando de una manera brutal", sin que "se abriera un procedimiento" que demostrara "su cooperación con el Gobierno de Rusia en la preparación y la ejecución" de la operación especial en Ucrania.
"Pero, como he dicho antes, las normas sancionadoras se emiten desordenadamente y con una finalidad exclusivamente política: castigar", indicó Rodríguez, al calificar como "detestable e inaceptable" la impunidad de ataques contra propiedades de ciudadanos rusos en Occidente, donde la respuesta podría ser "acciones populares o por las asociaciones interesadas" para perseguir a los delincuentes.
En este contexto, insistió en que también "debieron emprenderse acciones de responsabilidad por atentar a los derechos fundamentales, como la prohibición de asistencia de los atletas paralímpicos rusos a los Juegos Paralímpicos de Invierno en China".
"Yo estaría encantado de dirigir gratuitamente el caso", manifestó el abogado, quien repudió además "todas las sanciones o reproches culturales que se han hecho a muchas organizaciones culturales artísticas de Rusia", unas acciones que "tienen un carácter enormemente xenófobo y discriminatorio".
"Creo que habría que emprender acciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y desde luego, una denuncia contundente contra algo que tiene todos los visos de xenofobia", reafirmó.
Para el socio director de Lupicinio International, "el Derecho es otra cosa" a lo que están haciendo en estos momentos EEUU y sus aliados, dado que "no se puede sancionar fuera de los procedimientos".
Consultado sobre las contramedidas del Kremlin a las sanciones de Occidente, entre las que se haya la obligación para los países que se sumaron a la guerra económica contra Moscú, a pagar las compras de gas ruso en rublos, Rodríguez recordó que "existen antecedentes" –al citar el caso de Argentina que "en su momento prohibió precisamente la ejecución de ciertos contratos en monedas internacionales"–, al tiempo que dijo que "un Estado soberano tiene el derecho de defender su política económica" e "imponer normas con carácter retroactivo".
En esta línea, señaló que "ha habido cambios fundamentales en muchos contratos mercantiles y laborales con ocasión del COVID-19" al haberse cambiado "demasiado" las cosas y no haberse podido "sostener algunas previsiones contractuales".
Al mismo tiempo, el jurista apuntó que "si esos contratos están sometidos a arbitraje internacional en un país europeo por un tribunal europeo" –sobre todo en el Reino Unido, cuyos tribunales son "particularmente políticos" –, podría declararse que "hay un incumplimiento" por parte de Rusia.
"Pero si el titular del contrato es una empresa rusa, Gazprom o Rosneft, tienen que obedecer las normativas de su país, y si su país exige un cambio en los contratos con carácter retroactivo, habrá que hacerlo", subrayó Rodríguez, al agregar que "en Europa publican muchísimas normas con carácter retroactivo".
"Las sanciones destruyen algo que no pertenece a los Gobiernos de los países, sino que pertenece a los pueblos: la energía rusa es del pueblo ruso, el gas ruso es del pueblo ruso, sus minerales son del pueblo ruso; por lo tanto, los países que sancionan están apropiándose de recursos que pertenecen al pueblo, y los Gobiernos son puros administradores", destacó Rodríguez, al añadir que "las sanciones no tienen eficacia, ni desde el punto de vista filosófico, ni moral, ni político, ni pragmático".
