A estas alturas de la legislatura, a nadie le extraña ya cuál es el rol que Óscar Puente desarrolla en el Gobierno de Pedro Sánchez, una función que nada tiene que ver con su cargo de ministro de Transportes. Su permanente sobreactuación en las redes sociales y en declaraciones de trazo grueso le configuran como el principal agitador del Ejecutivo. La última muestra ha sido su reacción al auto del juez Pedraz que investiga la trama liderada por Santos Cerdán y pagada por el Partido Socialista para obstruir presuntamente las investigaciones judiciales de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez.

Que Puente diga que las investigaciones judiciales forman parte de “una serie de métodos que no son democráticos para derrocar al Gobiero” implica un desprecio al poder judicial que no tiene precedentes. No hace muchos días, el ministro de Transportes, jaleado por Pablo Iglesias, se dedicó a atacar la Constitución de 1978 asumiendo las ideas de la izquierda radical. Sembrar sospechas sobre el escrupuloso trabajo de los jueces y alimentar la opinión pública de teorías conspirativas destinadas a que cale la idea de una especie de golpe de Estado contra Pedro Sánchez es más que una loca fantasía, es una enorme irresponsabilidad política. El relato de las conspiraciones que eluden el cúmulo de procedimientos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez se ha agotado ya de tanto usarlo. Óscar Puente no necesita hacer más méritos ante Sánchez, por mucho que piense que puede ser su recambio para un futuro cada vez más próximo.