Análisis crítico del caso Cardama y su manejo por parte del gobierno, señalando errores en el proceso de cancelación del contrato que podrían generar mayores costos económicos y legales para Uruguay. Se advierte que, más allá de las pérdidas inmediatas, el mayor daño es a la reputación del país, lo que podría afectar futuras contrataciones, encarecer proyectos y alejar a proveedores confiables.