La comunicación cerrada significa vulnerabilidad impuesta y luego trata de personas.

Cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad impuesta, como por desempleo, pobreza, discapacidad o ser víctima de un delito, se enfrenta a una mayor exposición a riesgos físicos y psicológicos, dificultades para acceder a derechos y servicios, y una incapacidad para defenderse por sí misma, lo que a menudo requiere protección estatal y social, resultando en una pérdida de autonomía y una suspensión temporal de procesos (como desahucios) mientras se buscan soluciones de realojo o ayudas, afectando su dignidad y bienestar a largo plazo si no se atiende.