La solicitud formal la presentaron tres países del Pacífico que son particularmente vulnerables con la crisis climática. Aunque la pelea jurídica para que se incluya dentro del Estatuto de Roma lleva años, la presentación oficial coincide con la publicación de una encuesta que muestra que el 72% de los habitantes de los países del G20 respaldan la idea de criminalizar el daño generalizado al medio ambiente.