La criminalización de la protesta es un fenómeno que se ha estado dando en América Latina en las últimas décadas con mayor fuerza, de la cual nuestro país no escapa a esta realidad. La misma es una estrategia política de represión que utilizan los gobiernos para debilitar el tejido social y se implementa mediante la difamación, deslegitimación y judicialización, argumentando que es por motivos de seguridad ciudadana. Las pasadas y actuales administraciones gubernamentales panameñas han aplicado distintas medidas para callar la voz de dirigentes sociales y todo aquel que proteste, las mismas van desde represión violenta a las movilizaciones populares a hostigamiento y levantamiento de expedientes donde se les acusa de delitos contra la seguridad colectiva (terrorismo), contra el patrimonio económico, contra la seguridad del Estado, entre otros. En la pasada huelga nacional de noviembre de 2023 contra la minera First Quantum Minerals, se evidenció una vez más la criminalización de la protesta social.

Por: Olmedo Carrasquilla II. Radio Temblor Internacional