La visita a Panamá del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth con el pretexto de combatir el narcotráfico y reunirse con militares estadounidenses que participan en el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva. Además de observar los ejercicios de entrenamientos PANAMAX, lo cuales cuenta con la participación de más de 1,700 militares y policías de 21 naciones. Visita que cuenta con el beneplácito del Presidente Mulino, quien desde que comenzó su mandato se ha alineado totalmente a los designios de la administración de Trump.

En abril de 2026, Santa Marta, Colombia fue la sede de la Primera Conferencia sobre la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles. Una convocatoria auspiciada por el gobierno de Colombia y los Países Bajos que registró a más de  57 países y más de 1 mil actores claves para avanzar en los compromisos globales asumidos en el marco del Acuerdo de París. Durante cinco días, países y representantes de 14 capítulos de actores interesados crearon un espacio seguro de diálogo sobre cómo avanzar hacia una transición justa, ordenada y equitativa para dejar atrás los combustibles fósiles según el informe ejecutivo de la Primera Conferencia sobre la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles. 

Días antes a la conferencia internacional se realizó la Cumbre de los Pueblos más allá de los Combustibles Fósiles que acogió a representantes de pueblos originarios, afros, sectores rurales del campo y mar afectados y preocupados por el cambio climático, ecologistas, defensores, organizaciones sociales y ciudadanos, cuya hoja de ruta fue consensuar políticas de reducción de la dependencia del petróleo, el gas y el carbón, y una estrategia inclusiva de posicionamientos y alternativas para una transición justa. Un complejo debate colectivo e inédito, ante los pocos avances de las reuniones regionales y cumbres climáticas, que más allá de una utopía siembra la esperanza de refundar los modelos de producción bajo principios ecológicos y humanos a largo plazo.

Participan:

Karen Ardiles. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Sacni Acosta. Organización Deuda x el Clima México (Debt for Climate)

Olmedo Carrasquilla Aguila. Colectivo Voces Ecológica COVEC / Salva la Selva

Comunidades campesinas provenientes de la provincia de Coclé y Colón marcharon en rechazo al proyecto de embalses promovido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la ciudad de Panamá el pasado 3 de agosto de 2026. La movilización convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses tuvo como objetivo principal la presentación de una acción de nulidad contra el Decreto Ejecutivo N.º 26 del 21 de julio de 2026 que establece el cronograma para el cierre progresivo y posterior traslado de ocho cementerios comunitarios. Además, contra el desalojo forzado de familias, y el despojo de sus tierras y sitios históricos en función del impositivo de reservorio multipropósitos que abastecerá de agua las operaciones del Canal Interoceánico que sufre los efectos del cambio climátic

En los últimos años, América Latina ha experimentado el avance de gobiernos de corte neoliberal y conservador que han ganado terreno político en distintos países de la región. Para diversos sectores sociales, estas administraciones han impulsado políticas que favorecen a grupos económicos concentrados, mientras persisten problemas como la desigualdad, el desempleo y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

El 22 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto, una iniciativa surgida en 2009 e impulsada por activistas mexicanos y canadienses para denunciar la destrucción de ecosistemas y visibilizar los graves impactos sociales y ambientales que genera esta práctica, también conocida como megaminería. La megaminería es desarrollada principalmente por grandes empresas para la extracción de minerales como oro, cobre, coltán y uranio. Este proceso implica la remoción masiva de suelo y roca, así como el uso de sustancias químicas, entre ellas el cianuro sódico, para separar los minerales de interés. Además, requiere grandes cantidades de agua, energía y combustibles, lo que genera importantes afectaciones sobre los ecosistemas y las comunidades cercanas. En el marco de esta conmemoración, en Panamá se realizó un encuentro ciudadano frente a la Iglesia del Carmen, con la participación de diversas organizaciones sociales y ambientales. La actividad recordó que la defensa del territorio no corresponde únicamente a las comunidades directamente afectadas, sino que involucra a toda la sociedad. Desde el campo hasta la ciudad, desde los jóvenes hasta los pueblos originarios, el llamado sigue siendo el mismo: proteger la vida, el agua, la tierra y el futuro de las próximas generaciones. Declaraciones de Alibel Pizarro, socióloga e integrante del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería.

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

Durante una misa celebrada recientemente en la comunidad de Limón, en el distrito de Chagres, provincia de Colón, monseñor Manuel Ochogavía, expresó su preocupación por la situación que enfrentan las comunidades de la cuenca del río Indio ante los planes de expansión hídrica vinculados al Canal de Panamá.

El líder religioso cuestionó las afirmaciones de la Autoridad del Canal de Panamá que señalan que la mayoría de las comunidades han aceptado los procesos de reubicación e indemnización. Según indicó, la realidad que se percibe en el territorio es distinta, pues aún predominan la incertidumbre, el temor y el descontento entre numerosos moradores de la región.

Durante una misa celebrada recientemente en la comunidad de Limón, en el distrito de Chagres, provincia de Colón, monseñor Manuel Ochogavía, expresó su preocupación por la situación que enfrentan las comunidades de la cuenca del río Indio ante los planes de expansión hídrica vinculados al Canal de Panamá.

La decisión del Gobierno panameño de trasladar 29 privados de libertad de alta peligrosidad a instalaciones ubicadas en la Isla Coiba ha generado críticas y preocupación entre científicos, organizaciones ecologistas, defensores ambientales y comunidades costeras del pacifico de la provincia de Veraguas.

Las autoridades han defendido la medida como parte de una estrategia para reforzar el control sobre estructuras criminales. Sin embargo, diversos sectores cuestionan que se utilice un territorio reconocido internacionalmente por su valor ecológico y protegido por la Ley 44 de 2004, que estableció el cierre definitivo del antiguo penal de Coiba.

El pasado 1 de julio, mientras la Asamblea Nacional escogía su nueva Junta Directiva y el presidente José Raúl Mulino presentaba su segundo Informe a la Nación, organizaciones populares realizaron una marcha en la ciudad de Panamá para expresar su rechazo a la gestión gubernamental.

Los manifestantes sostienen que, durante estos dos años de administración, el gobierno ha privilegiado los intereses de los grandes grupos económicos por encima de las necesidades de la población. Entre las principales críticas señalaron la represión de las protestas sociales, la destitución de docentes, la persecución de dirigentes sindicales y las denuncias de violaciones a los derechos humanos registradas durante las movilizaciones del año pasado.

El pasado 22 de junio, organizaciones campesinas, ecologistas, docentes y otros sectores sociales realizaron una marcha desde el Parque Porras hasta la Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, para expresar su rechazo al embalse de Río Indio, la posible reapertura de la minería metálica y a lo que consideran políticas contrarias a los intereses de las comunidades.

Al llegar a las inmediaciones de la Asamblea Nacional, los manifestantes encontraron un cordón policial que impidió su avance. Los participantes denunciaron que este tipo de acciones limita el derecho a la protesta y forma parte de una política de restricción hacia los movimientos sociales.