Cada 15 de abril, Panamá conmemora el Incidente de la Tajada de Sandía de 1856, un hecho histórico que marcó la resistencia del pueblo panameño frente a la prepotencia y el abuso de ciudadanos estadounidenses en nuestro territorio.

A un año de la firma del memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, crecen las preocupaciones por el retorno de tropas estadounidenses a territorio panameño, con el aval del gobierno nacional.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y la migración irregular, se impulsa además la iniciativa conocida como “Escudo de las Américas”, que para diversos sectores no es más que una nueva forma de injerencia en los asuntos internos de la región.

En Panamá, crece la preocupación por las denuncias de abuso sexual, físico y psicológico contra menores en albergues bajo la responsabilidad del Estado, particularmente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

A estas graves acusaciones se suman los testimonios de padres y madres de familia, quienes denuncian irregularidades en los procesos mediante los cuales se les ha retirado la guarda y crianza de sus hijos, señalando falta de sustento legal y violaciones al debido proceso.

Del 16 al 20 de marzo de 2026, la ciudad de Heredia, Costa Rica, fue sede de un Encuentro Regional sobre Educación Ambiental y el Acuerdo de Escazú, donde especialistas y organizaciones analizaron los principales desafíos de la democracia ambiental en la región. Durante el encuentro se evidenció que, aunque existen avances, también hay retrocesos importantes, especialmente por el debilitamiento de las instituciones democráticas, lo que impacta directamente en la protección del ambiente y los derechos humanos. Se alertó además sobre la llamada triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, agravadas por conflictos globales y modelos extractivos que profundizan las desigualdades. Otro punto crítico fue el deterioro del espacio cívico, con un aumento de ataques a periodistas, defensores ambientales y líderes sociales, lo que refuerza la urgencia de garantizar participación ciudadana segura.

En las próximas semanas, la Asamblea Nacional deberá elegir al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo de Panamá, una decisión clave para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos en el país.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a que este proceso sea transparente, participativo y basado en méritos. Señalan que quien asuma este cargo debe contar con solvencia moral, trayectoria comprobada en la defensa de los derechos humanos y plena independencia frente a intereses políticos o económicos.

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres panameñas alzan su voz frente a las múltiples desigualdades que persisten en el país.

Exigen condiciones dignas de trabajo en medio de la crisis climática, que ha profundizado la precariedad laboral y de la vida, afectando especialmente a las mujeres.

Demandan justicia ante la violencia institucionalizada y verdad para las víctimas del SENNIAF.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucionales los contratos relacionados con la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal marca un punto de inflexión en la historia portuaria del país. A partir de este fallo, el Estado panameño ha asumido el control de estas terminales, anteriormente administradas por Panamá Ports Company, vinculada al grupo Hutchison.

La inclusión del tema de Metalurgia avanzada y nuevos materiales metálicos, en el nuevo programa curricular de Química para duodécimo grado, actualmente en etapa de validación, ha generado debate entre la ciudadanía panameña.

En el mes junio el presidente de Panamá anunciará qué hará con el proyecto minero Cobre Panamá sobre el Corredor Biológico Mesoamericano, justo cuando arranca el mundial de fútbol.

Tanto el presidente como varios de sus ministros han expresado en distintas ocasiones su intención de reabrir la mina, pese al rechazo ciudadano sostenido desde las movilizaciones de calle y el fallo de inconstitucionalidad de 2023.

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En medio de un contexto difícil para el magisterio nacional, comienzan a darse pasos importantes en el camino hacia la justicia. Los docentes que fueron separados de sus cargos han decidido no quedarse de brazos cruzados y han emprendido acciones legales para defender sus derechos, demostrando que la lucha sostenida y dentro del marco legal sí da resultados.