El pasado 1 de julio, mientras la Asamblea Nacional escogía su nueva Junta Directiva y el presidente José Raúl Mulino presentaba su segundo Informe a la Nación, organizaciones populares realizaron una marcha en la ciudad de Panamá para expresar su rechazo a la gestión gubernamental.

Los manifestantes sostienen que, durante estos dos años de administración, el gobierno ha privilegiado los intereses de los grandes grupos económicos por encima de las necesidades de la población. Entre las principales críticas señalaron la represión de las protestas sociales, la destitución de docentes, la persecución de dirigentes sindicales y las denuncias de violaciones a los derechos humanos registradas durante las movilizaciones del año pasado.

El pasado 22 de junio, organizaciones campesinas, ecologistas, docentes y otros sectores sociales realizaron una marcha desde el Parque Porras hasta la Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, para expresar su rechazo al embalse de Río Indio, la posible reapertura de la minería metálica y a lo que consideran políticas contrarias a los intereses de las comunidades.

Al llegar a las inmediaciones de la Asamblea Nacional, los manifestantes encontraron un cordón policial que impidió su avance. Los participantes denunciaron que este tipo de acciones limita el derecho a la protesta y forma parte de una política de restricción hacia los movimientos sociales.

La investigación transnacional Taladores Digitales, liderada por el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, reveló cómo operan campañas de hostigamiento digital contra defensores ambientales en distintos países de la región.

En Panamá, el estudio identificó más de un centenar de cuentas que promueven la reapertura de la mina de First Quantum Minerals y que han participado en cientos de ataques digitales contra personas que se oponen a la actividad minera.

Durante los días 4 y 6 de junio se realizaron movilizaciones en la ciudad de Panamá y en la provincia de Colón para rechazar la posible reapertura de la mina en Donoso y la construcción del embalse de Río Indio.

En las marchas participaron comunidades campesinas, pueblos indígenas, organizaciones populares, sindicalistas, docentes, defensores ambientales y ciudadanos independientes, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que estos proyectos podrían tener sobre los territorios, las fuentes de agua y la producción de alimentos.

Un grupo representativo de sindicalistas y agremiados panameños participa en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra, Suiza, para denunciar violaciones a los derechos laborales y a la libertad sindical en Panamá.

El mes dedicado a la etnia negra en Panamá representa una oportunidad para reconocer la contribución histórica, cultural, social y política de los pueblos afrodescendientes a la nación panameña. La presencia africana en el territorio panameño ha sido fundamental desde la época colonial hasta la construcción del Canal de Panamá, dejando una huella imborrable en la identidad nacional.

El pasado 22 de mayo, cientos de ciudadanos y diversas organizaciones sociales de Panamá participaron en una marcha para expresar su rechazo a proyectos considerados una amenaza ambiental y social, entre ellos el embalse de Río Indio y la posible reapertura de la actividad minera en el país.

El 15 de mayo de 1903 fue fusilado en la Plaza de Chiriquí de la Ciudad de Panamá el líder indígena y revolucionario Victoriano Lorenzo. Han transcurrido 123 años desde aquel hecho que marcó profundamente la historia nacional y que todavía hoy sigue siendo símbolo de lucha social, justicia y resistencia popular. Más que un personaje histórico, Victoriano Lorenzo representa la voz de los campesinos, indígenas y sectores olvidados que durante décadas reclamaron igualdad, tierra y dignidad. Su muerte no solo evidenció las injusticias de su tiempo, sino que también dejó al descubierto los conflictos sociales y políticos que aún afectan a Panamá en la actualidad.

A pesar de que la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, ha dado declaraciones sobre el incremento de nuevas plazas de empleo, programas dirigidos a jóvenes para acceder a su primer trabajo y reuniones con la empresa privada para impulsar oportunidades laborales, la realidad que enfrenta gran parte de la población panameña parece ser distinta.

Datos recientes del mercado laboral reflejan que la tasa de desempleo aumentó a un 10.4 %, lo que representa más de 227 mil personas desocupadas en Panamá. Además, casi la mitad de la población ocupada, entre el 47.1 % y el 49.3 %, trabaja en condiciones de informalidad, sin estabilidad ni garantías laborales.

La visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, a Panamá, bajo el pretexto de profundizar alianzas estratégicas y fortalecer lazos entre ambos países, ha sido rechazada por el movimiento social y activistas de derechos humanos en el país.

Dicha visita es repudiada ya que representa al ente de ocupación colonial sionista, señalado internacionalmente por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, incluyendo bombardeos, desplazamientos forzados, restricciones al acceso de alimentos y agua, así como otras acciones denunciadas.