El Tribunal Supremo ha fijado criterio contra el abuso detectado en los contratos temporales en la Administración Pública. La sentencia establece que solo podrán consolidar su situación aquellos trabajadores que, tras haber aprobado una oposición, no obtuvieron plaza, pero acumularon contratos temporales. Se frustra, así, la expectativa de miles de empleados públicos que aspiraban a estabilizarse sin superar un concurso. 

Aunque se abre la puerta a una posible compensación económica. La resolución protege los principios constitucionales de mérito y capacidad, pero introduce una incertidumbre que disparará los litigios. 

La vaguedad reside en que el Supremo no precisa qué umbral de temporalidad activa el derecho a indemnización, lo que trasladará el conflicto a los tribunales inferiores. Más allá de ese reparo técnico, la sentencia evidencia una falla estructural en la administración pública española.

Este abuso ha sido advertido en repetidas ocasiones por la Comisión Europea y por el TJUE. La temporalidad afecta a uno de cada tres empleados públicos, siendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes registran los índices más elevados. La sanidad y la enseñanza universitaria son los sectores más afectados. 

Recurrir sistemáticamente a interinos y temporales para cubrir necesidades permanentes no es solo falta de planificación: es, en muchos casos, una forma de eludir convocatorias públicas y mantener una bolsa de empleo discrecional. 

Tras la reforma laboral, el Estado ha exigido a las empresas privadas estabilizar sus plantillas mediante contratos indefinidos. Una exigencia que, sin embargo, no se aplica a sí mismo