La Corte Penal Internacional (CPI) informó que aprobó extender hasta el 16 de abril el plazo para que Venezuela demuestre que ha investigado los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Tres meses tiene Venezuela para hacer ver que es un Estado de derecho que garantiza justicia. Se ha empezado a notar algunas movidas en los últimos meses, pero de acuerdo con Marino Alvarado, abogado e investigador de Provea, no es más que una «simulación».
«Hasta ahora, el Gobierno a través de las instituciones que controla ha venido haciendo un proceso de simulación de justicia. Algunos casos relacionados a asesinatos en el contexto de las protestas de 2017 se desempolvaron. Aunque en estos casos no están investigando a los altos responsables de esos crímenes», señaló el jurista en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias.
Marino indicó que el Estado debería investigar de forma genuina los casos de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no se está investigando a los altos mandos, sino a ciertos funcionarios.
«Hay muchos donde está involucrada la Policía Nacional Bolivariana, pero no hay ninguna investigación a lo que se conoce como la Dirección de Inteligencia Estratégica de la PNB, que son los que planifican y dan las principales órdenes. Tampoco se ha investigado la responsabilidad que puede tener la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y líderes intermedios», sentenció.